400 personas exigen que Mas y Boi Ruiz acaben ante los tribunales por los recortes

Una veintena de entidades se suman a la querella por la muerte de una mujer por un aneurisma en Vall d'Hebron

Pere Ríos Barcelona10 MAR 2012 - 15:47 CET4

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Palau de la Generalitat. / Toni Garriga (EFE)

La muerte por aneurisma de una mujer que deambuló 65 horas por cuatro hospitales de Cataluña ha dejado ya de ser un caso particular. Una veintena de organizaciones y entidades sociales de toda Cataluña han presentado un escrito en el juzgado que investiga el caso para poder ejercer la acción popular. Se trata de una iniciativa sin precedentes en el que estas entidades, como representantes de la sociedad, comparecen ante la justicia para denunciar los recortes y el deterioro que está sufriendo la sanidad pública catalana y exigir responsabilidades.

Es una medida similar a la iniciativa legislativa popular, solo que no se reclama que se legisle sobre una materia, sino que se persiga judicialmente a determinados cargos públicos por algún hecho. En este caso, la muerte de Carmen Mesa, fallecida el pasado mes de septiembre en el hospital de Vall d'Hebron a causa de un aneurisma y tras un largo periplo de desatención médica pese a la gravedad de su estado de salud. La iniciativa penal popular (IPP), que es como se denomina la acción, ha sido presentada esta mañana en el auditorio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con la asistencia de más de 400 personas y una pancarta con el lema: Hagamos salud: Boi y Mas a los tribunales. Otra pancarta decía: "No al modelo de Boí, sí a Boí a la Modelo".

La IPP entronca con la querella que presentó en su día el abogado de la familia, Pau Núñez, en la que acusa a los responsables médicos de Vall d'Hebron y del Departamento de Salud de un delito previsto en el artículo 542 del Código Penal, que castiga con penas de inhabilitación de uno a cuatro años a la autoridad que, a sabiendas, impida a una persona ejercer sus derechos cívicos reconocidos en la Constitución. En ese caso, se argumenta, el derecho a recibir una asistencia sanitaria, pues la mujer fallecida no pudo ser atendida en Vall d'Hebron a causa del colapso que sufrían los quirófanos por los recortes, ni tampoco se le pudo practicar una prueba porque la máquina necesaria estaba estropeada desde hacía meses y no se había reparado.

La IPP presentada esta mañana está apoyada por los sindicatos CC OO, UGT, CGT y Catac, la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, asociaciones vecinales de diversas ciudades, la CUP de Reus y entidades en defensa de la sanidad pública. "Estamos construyendo un movimiento ciudadano para recuperar el sistema público de salud que teníamos y una manera de hacerlo es acudir a los tribunales", ha explicado Antoni Barbarà, portavoz de las entidades.

Entre los asistentes estaba el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Representantes de las asociaciones que suscriben la IPP han leído un decálogo en el que se denuncian los recortes y a sus responsables políticos. Natalia Fuertes, la hija de Carmen Mesa, ha concluido el acto agradeciendo el apoyo de las entidades. Después se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las personas que puedan haber fallecido a causa de los recortes y los asistentes al acto han partido en manifestación hasta el Palacio de Justicia de Barcelona encabezados por los iaioflautas.