Los proveedores celebran el acuerdo
La antigüedad y el descuento serán prioridad para el cobro de la deuda
El Gobierno facilitará 35.000 millones a las autonomías y ayuntamientos para saldar su deuda con los proveedores a partir de mayo. El descuento que voluntariamente ofrezcan las empresas a la Administración y la antigüedad serán los criterios preferentes para el cobro. Los proveedores se felicitan por el acuerdo pero ven imposible el pago de quitas.
L. G. Ibañes/J. A. Plaza | 07/03/2012 00:00
El borrador del acuerdo alcanzado el martes por las autonomías y el Gobierno para establecer un mecanismo extraordinario de financiación que salde la deuda de las administraciones con los proveedores fija como criterio prioritario para el cobro de la deuda el descuento que puedan ofrecer las empresas sobre la factura adeudada. También se priorizará el pago de las facturas más antiguas y de las que estén reclamadas en los tribunales.
El acuerdo fija un montante de 35.000 millones de euros que se ofertarán a las autonomías y ayuntamientos para saldar su deuda con empresas de todo tipo. En el caso de la sanidad, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) estima que la deuda asciende a 15.700 millones de euros.
Las reacciones al pacto no se han tardado. Los principales proveedores sanitarios valoran en positivo el acuerdo que pone a cero el contadory que permitirá a las administraciones devolver el crédito en diez años.
Sin embargo, los proveedores se muestran todavía cautelosos por las incógnitas sobre cómo se distribuirán los fondos y, en especial, sobre si habrá un montante para cada autonomía o para cada colectivo de empresas, sobre qué cuantía corresponderá a los ayuntamientos y cuál a las regiones. Aun con cautela, advierten ya también al unísono de que la posibilidad que contempla el borrador del acuerdo de fijar descuentos sobre la factura, la controvertida quita, es para ellos inasumible.
No a la quita
Juan Abarca, secretario general del IDIS, que integra a las principales aseguradoras y clínicas privadas, explica que "los 35.000 millones de euros parecen en principio adecuados, aunque falta todavía ver el cierre contable de las autonomías en 2011. En cualquier caso, es una muy buena noticia este acuerdo porque la situación de deuda era inasumible". Con todo, Abarca señala que establecer una quita "sería injusto e inviable y desprestigiaría enormemente la imagen de nuestro país".
En línea semejante se expresa Margarita Alfonsel, secretaria general de la patronal de empresas de tecnología y productos sanitarios Fenin: "Sólo podemos valorar muy positivamente que por fin el pago a los proveedores sea una prioridad estratégica del Gobierno. Sin embargo, persisten muchas dudas sobre cómo se distribuirán los fondos y eso nos preocupa porque nos gustaría que la sanidad contara con un montante específico porque es el sector que más deuda tiene acumulada [se estima que representa el 40 por ciento del conjunto aunque no hay datos fiables]". Alfonsel afirma que de todos modos "ofrecer un descuento es inabordable. No podemos hablar de quitas, eso es inviable. La quita no puede existir".
Desde la patronal de farmacias FEFE se recuerda además que "en colectivos como el nuestro de pequeñas empresas es imposible ofrecer un descuento".
Finalmente, la patronal de laboratorios farmacéuticos Farmaindustria, que es la que mayores impagos acumula, dice acoger "con esperanza" el acuerdo alcanzado, pero, a la espera de ver cómo se materializa, dice que confía en que "la solución no conlleve el establecimiento de una quita sobre el principal de la obligación de pago, puesto que emitiría una señal muy negativa a los mercados internacionales perjudicando gravemente la imagen exterior de España; además supone una clara discriminación para aquellas comunidades que han hecho frente en tiempo a sus obligaciones de pago".
Satisfacción autonómica
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y ha destacado que, además, la decisión de permitir un déficit a las autonomías del 1,5 por ciento en lugar del 1,3 por ciento "permitirá seguir garantizando la calidad de la sanidad pública", informa Julia Gutiérrez.
El consejero valenciano Luis Rosado, opina al respecto que "la situación global era una pescadilla que se muerde la cola, donde se mezcla lo político, la crisis económica y los problemas coyunturales. Y una buena forma de cortar el circulo vicioso es empezar a pagar. Así recuperaremos la confianza no sólo de empresarios y empresas sino también de los mercados", informa desde Valencia Enrique Mezquita.
El consejero de Hacienda de Aragón, José Luis Saz, ha dicho que estas medidas deberían haber sido adoptadas "hace mucho tiempo", y ha explicado que "como mucho en tres meses, estará todo en marcha: las empresas podrán ir con sus facturas al banco y les serán pagadas", informa Carmen Serrano.
Despejando los temores del sector, la consejera de Economía de Cantabria, Cristina Mazas, es la única que se ha comprometido a que las primeras facturas que se saldarán serán las sanitarias, informa Santiago Rego.
La consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios, ha afirmado que "tenemos que estar muy contentos de que el Gobierno ponga en marcha un mecanismo que permitirá resolver uno de los problemas más graves de la sanidad", y confía en que a partir de mayo puedan empezar a cobrar los 1.330 proveedores del Servicio Murciano de Salud que acumulan unos 843 millones de deuda, informa Pilar Laguna.
Según Palacios, el pago de 1.136 millones a 9.235 proveedores de la comunidad autónoma supondrá un ingreso de casi un 4 por ciento del PIB en forma de liquidez para el tejido empresarial.
El acuerdo fija un montante de 35.000 millones de euros que se ofertarán a las autonomías y ayuntamientos para saldar su deuda con empresas de todo tipo. En el caso de la sanidad, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) estima que la deuda asciende a 15.700 millones de euros.
Las reacciones al pacto no se han tardado. Los principales proveedores sanitarios valoran en positivo el acuerdo que pone a cero el contadory que permitirá a las administraciones devolver el crédito en diez años.
Sin embargo, los proveedores se muestran todavía cautelosos por las incógnitas sobre cómo se distribuirán los fondos y, en especial, sobre si habrá un montante para cada autonomía o para cada colectivo de empresas, sobre qué cuantía corresponderá a los ayuntamientos y cuál a las regiones. Aun con cautela, advierten ya también al unísono de que la posibilidad que contempla el borrador del acuerdo de fijar descuentos sobre la factura, la controvertida quita, es para ellos inasumible.
No a la quita
Juan Abarca, secretario general del IDIS, que integra a las principales aseguradoras y clínicas privadas, explica que "los 35.000 millones de euros parecen en principio adecuados, aunque falta todavía ver el cierre contable de las autonomías en 2011. En cualquier caso, es una muy buena noticia este acuerdo porque la situación de deuda era inasumible". Con todo, Abarca señala que establecer una quita "sería injusto e inviable y desprestigiaría enormemente la imagen de nuestro país".
En línea semejante se expresa Margarita Alfonsel, secretaria general de la patronal de empresas de tecnología y productos sanitarios Fenin: "Sólo podemos valorar muy positivamente que por fin el pago a los proveedores sea una prioridad estratégica del Gobierno. Sin embargo, persisten muchas dudas sobre cómo se distribuirán los fondos y eso nos preocupa porque nos gustaría que la sanidad contara con un montante específico porque es el sector que más deuda tiene acumulada [se estima que representa el 40 por ciento del conjunto aunque no hay datos fiables]". Alfonsel afirma que de todos modos "ofrecer un descuento es inabordable. No podemos hablar de quitas, eso es inviable. La quita no puede existir".
Desde la patronal de farmacias FEFE se recuerda además que "en colectivos como el nuestro de pequeñas empresas es imposible ofrecer un descuento".
Finalmente, la patronal de laboratorios farmacéuticos Farmaindustria, que es la que mayores impagos acumula, dice acoger "con esperanza" el acuerdo alcanzado, pero, a la espera de ver cómo se materializa, dice que confía en que "la solución no conlleve el establecimiento de una quita sobre el principal de la obligación de pago, puesto que emitiría una señal muy negativa a los mercados internacionales perjudicando gravemente la imagen exterior de España; además supone una clara discriminación para aquellas comunidades que han hecho frente en tiempo a sus obligaciones de pago".
Satisfacción autonómica
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y ha destacado que, además, la decisión de permitir un déficit a las autonomías del 1,5 por ciento en lugar del 1,3 por ciento "permitirá seguir garantizando la calidad de la sanidad pública", informa Julia Gutiérrez.
El consejero valenciano Luis Rosado, opina al respecto que "la situación global era una pescadilla que se muerde la cola, donde se mezcla lo político, la crisis económica y los problemas coyunturales. Y una buena forma de cortar el circulo vicioso es empezar a pagar. Así recuperaremos la confianza no sólo de empresarios y empresas sino también de los mercados", informa desde Valencia Enrique Mezquita.
El consejero de Hacienda de Aragón, José Luis Saz, ha dicho que estas medidas deberían haber sido adoptadas "hace mucho tiempo", y ha explicado que "como mucho en tres meses, estará todo en marcha: las empresas podrán ir con sus facturas al banco y les serán pagadas", informa Carmen Serrano.
Despejando los temores del sector, la consejera de Economía de Cantabria, Cristina Mazas, es la única que se ha comprometido a que las primeras facturas que se saldarán serán las sanitarias, informa Santiago Rego.
La consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios, ha afirmado que "tenemos que estar muy contentos de que el Gobierno ponga en marcha un mecanismo que permitirá resolver uno de los problemas más graves de la sanidad", y confía en que a partir de mayo puedan empezar a cobrar los 1.330 proveedores del Servicio Murciano de Salud que acumulan unos 843 millones de deuda, informa Pilar Laguna.
Según Palacios, el pago de 1.136 millones a 9.235 proveedores de la comunidad autónoma supondrá un ingreso de casi un 4 por ciento del PIB en forma de liquidez para el tejido empresarial.
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