miércoles, 18 de abril de 2012

El Gobierno central deberá pagar a Asturias 33 millones por las transferencias sanitarias :: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad

El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad El Gobierno central deberá pagar a Asturias 33 millones por las transferencias sanitarias

El Gobierno central deberá pagar a Asturias 33 millones por las transferencias sanitarias

Oviedo (19/04/2012) - Nerea Garay

El Tribunal Supremo da la razón al Principado al reconocer la deuda del Estado en la liquidación por servicios prestados y no abonados

El Estado tendrá que pagar al Principado de Asturias cerca de 33 millones por las transferencias sanitarias. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo en el litigio que mantenía con el Gobierno central. La Administración asturiana reclamaba la citada partida económica en concepto de varias obligaciones referentes a la liquidación económica por las transferencias.

El alto tribunal ha estimado el recurso presentado por Asturias en el año 2005 en el que reclamaba al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) la cantidad de 35.235.979 euros.

En una sentencia de 2009, el TSJ de Madrid ya había reconocido el derecho del Principado a percibir algo más de dos millones de euros por el abono de las cuotas colegiales. Sin embargo, ahora sentencia a favor de Asturias en su petición de los 33 millones restantes a los que se sumarán los intereses de los ocho años que han pasado desde que la Administración regional puso en marcha la reclamación.
En concreto, el Principado solicitaba a Ingesa el abono de la factura por receta de farmacia por una cantidad superior a los 17 millones de euros, cifras pagadas en concepto de cuotas a la Seguridad Social del personal por un importe de 1.259.000 euros, facturas abonadas por servicios y suministros, así como por certificaciones de obras y cantidades por atención continuada prestada en la Seguridad Social e incentivos por cumplimiento de objetivos.

En primera instancia, de los 35 millones el Tribunal Superior sólo había reconocido a Asturias su derecho de recibir unos dos millones de euros. Sin embargo, el TSJ ha tenido en cuenta en su decisión dos sentencias del propio tribunal de 25 de octubre de 2006 y 7 de febrero de 2012 como base de jurisprudencia.


Distintas interpretaciones

En el litigio, Asturias esgrimió el argumento de que correspondía al Estado el pago de las prestaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2001, que fue cuando se produjeron las transferencias, con independencia de que el pago efectivo por dicha prestación se hubiera producido con posterioridad a dicha fecha.

El Tribunal ha admitido los argumentos de la Comunidad al considerar que el elemento clave es la fecha en que se produjo la contraprestación o servicio, con independencia de que la contraprestación recíproca a cargo de ésta se haya efectuado hasta o después del 31 de diciembre de 2001, "siendo la acreditación documental y el reconocimiento de la obligación requisitos ulteriores para la válida expedición de las órdenes de pago".


El Gobierno pedirá 252 millones para pagar facturas del SCS

Por otro lado, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria pedirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un total de 332,78 millones de euros para pagar las 94.304 facturas pendientes. De los pagos sin resolver, el grueso está en sanidad con al menos 252 millones pendientes de pago.

De hecho, la mayor parte corresponde a lo que se denominan "facturas en el cajón", que no tienen soporte presupuestario para hacerlas frente. En concreto, ascienden a 264 millones de euros, de las cuales, 252 millones son del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Los 68 millones que restan hasta alcanzar la cifra final de 332,78 millones de euros proceden de facturas recibidas antes del 1 de enero de este año que sí tienen respaldo presupuestario pero siguen sin pagar. Dentro de estas, 57,9 millones son de facturas giradas a las consejerías y 10,22 millones corresponden a empresas y fundaciones públicas.

Mazas ha explicado que el importe que se solicitará al Ministerio no es todavía un dato cerrado, porque puede variar en los próximos días, ya que se abre un plazo para que los proveedores revisen el listado de facturas y soliciten la incorporación de otras que no estén en la relación, si creen que cumplen los requisitos para ello.

Además, la inclusión de las facturas en esta relación no genera por sí solo el derecho al pago, ya que los proveedores deben solicitar expresamente su adhesión al mecanismo. Y los que no lo hagan tendrán que esperar a que se les abonen las facturas por el cauce habitual.

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