RECORTES | Sanidad
El sector sanitario, contra la receta anticrisis del ministro
- La progresividad anunciada por De Guindos no gusta a los especialistas
- Centralizar la compra de fármacos, una de las recetas más defendidas
- Los expertos apuestan por evaluar las innovaciones antes de autorizarlas
El sector sanitario asiste con estupor al cruce de declaraciones sobre las medidas para paliar el déficit sanitario que desde el pasado jueves se tiran a la cabeza el Gobierno y la oposición, corrección al ministro De Guindos incluida. Ajustes, recortes, copago, que paguen más los que más tienen... Así lo ven los especialistas.
"Cualquier intento de cobrar por servicios a las rentas más altas, nos costaría más de lo que se pretende recaudar", critica Salvador Peiró, del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia. "De hecho, no hay que olvidar que en teoría, las rentas más altas ya están contribuyendo más mediante la progresividad en los impuestos.
Para Peiró, la progresividad anunciada por el ministro Luis de Guindos "es una idea disparatada, que no parece bien articulada". Una crítica en la que coincide con Patricio Martínez, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM): "En toda esta vorágine del fin de semana, los políticos bien se podían haber ahorrado las declaraciones. Están dando un espectáculo".
Martínez también es contrario a que la financiación del Sistema Nacional de Salud salga de otro sitio que no sean los Presupuestos Generales del Estado. Sus recetas pasan por centralizar las compras para que a las administraciones les cueste menos comprar los medicamentos, unificar el catálogo de prestaciones y cumplir los techos de gasto.
A juicio de Peiró, parece "más sensato" tratar de ahorrar mediante otras medidas, como las moratorias a la innovación ("a menudo se autorizan fármacos 10 veces más caros que sus predecesores pero que no aportan ningún valor añadido"), la centralización en la compra de medicamentos o en algunos servicios ("por ejemplo un laboratorio o servicio de rayos para varios hospitales") o introduciendo el cien por cien del copago en servicios que no son esenciales ni afectan a la vida de los ciudadanos ("como los servicios de reproducción asistida, por ejemplo").
También la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública considera que gran parte del déficit actual (cercano a los 16.000 millones de euros) está causado por "la ausencia de rigor en la asignación de los recursos, dado que tan solo el 30% se basan en criterios científicamente comprobados".
Algunos especialistas, como el propio Peiró, son partidarios de la creación en España de un organismo similar al NICE británico, una agencia reguladora que evalúa cada medicamento y tecnología sanitaria antes de decidir si se financia o no con dinero público.
"Es necesario poner orden en el sistema, hacer cambios estructurales", añade por su parte Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes. "Es algo que se está haciendo ya en EEUU. ¿Cuántas pruebas no deberían hacerse porque son inefectivas o existen otras de mayor valor?". "Hace falta un gran pacto de estado, pero los políticos deberían abstenerse", concluye Martínez.
"Cualquier intento de cobrar por servicios a las rentas más altas, nos costaría más de lo que se pretende recaudar", critica Salvador Peiró, del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia. "De hecho, no hay que olvidar que en teoría, las rentas más altas ya están contribuyendo más mediante la progresividad en los impuestos.
Para Peiró, la progresividad anunciada por el ministro Luis de Guindos "es una idea disparatada, que no parece bien articulada". Una crítica en la que coincide con Patricio Martínez, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM): "En toda esta vorágine del fin de semana, los políticos bien se podían haber ahorrado las declaraciones. Están dando un espectáculo".
Martínez también es contrario a que la financiación del Sistema Nacional de Salud salga de otro sitio que no sean los Presupuestos Generales del Estado. Sus recetas pasan por centralizar las compras para que a las administraciones les cueste menos comprar los medicamentos, unificar el catálogo de prestaciones y cumplir los techos de gasto.
A juicio de Peiró, parece "más sensato" tratar de ahorrar mediante otras medidas, como las moratorias a la innovación ("a menudo se autorizan fármacos 10 veces más caros que sus predecesores pero que no aportan ningún valor añadido"), la centralización en la compra de medicamentos o en algunos servicios ("por ejemplo un laboratorio o servicio de rayos para varios hospitales") o introduciendo el cien por cien del copago en servicios que no son esenciales ni afectan a la vida de los ciudadanos ("como los servicios de reproducción asistida, por ejemplo").
También la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública considera que gran parte del déficit actual (cercano a los 16.000 millones de euros) está causado por "la ausencia de rigor en la asignación de los recursos, dado que tan solo el 30% se basan en criterios científicamente comprobados".
Algunos especialistas, como el propio Peiró, son partidarios de la creación en España de un organismo similar al NICE británico, una agencia reguladora que evalúa cada medicamento y tecnología sanitaria antes de decidir si se financia o no con dinero público.
"Es necesario poner orden en el sistema, hacer cambios estructurales", añade por su parte Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes. "Es algo que se está haciendo ya en EEUU. ¿Cuántas pruebas no deberían hacerse porque son inefectivas o existen otras de mayor valor?". "Hace falta un gran pacto de estado, pero los políticos deberían abstenerse", concluye Martínez.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario