lunes, 2 de abril de 2012

Indemnización de 66.148 e por no informar de los riesgos de la anestesia - DiarioMedico.com

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Daño desproporcionado

Indemnización de 66.148 e por no informar de los riesgos de la anestesia

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Toledo ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a la Fundación Jiménez Díaz de Madrid a indemnizar con 66.148 euros a la familia de una mujer que falleció por mala praxis en una vertebroplastia.
Europa Press. Madrid | 02/04/2012 00:00

El magistrado ha estimado en parte el recurso interpuesto por la familia, que ha sido representada legalmente por un abogado de la Asociación El Defensor del Paciente.

La mujer fue diagnosticada de adenocarcinoma, por lo que tuvo que ser intervenida, pero un mes después sufrió una recidiva que se le trató con quimioterapia. Sin embargo, el tratamiento oncológico agravó la patología articular que padecía, detectándose un aplastamiento en la columna y una deformidad de la vértebra L5, por lo que el Sescam la derivó al Servicio de Neurorradiología de la Fundación Jiménez Díaz, para la realización de una vertebroplastia a fin de aliviar los dolores de espalda.

Antes de la intervención los médicos informaron a la paciente y sus familiares de que se le administraría anestesia epidural para la vértebra lumbar y anestesia local para la vértebra dorsal.

La paciente firmó el consentimiento informado indicando la inocuidad de la anestesia pero no fue informada de todos los riesgos.

Sin embargo, no llegó a ser operada, ya que a las dos horas de su entrada al quirófano los sanitarios comunicaron a la familia que no se había podido realizar la operación debido a unas complicaciones muy graves al haber sido inyectada de anestesia espinal, sufriendo una parada cardiorrespiratoria. Pasó a la UVI y terminó falleciendo a las 48 horas de su ingreso.

El juzgado ha estimado que no se informó de los riesgos que la anestesia podía tener que, aunque no son comunes, pueden ocurrir, como en este caso.

La sentencia distingue entre daño moral y daño patrimonial y considera que en el presente caso existe daño moral y daño corporal derivado de la falta de consentimiento. El juzgado considera que ha de indemnizarse el daño moral y el patrimonial, pues entiende que está relacionado causalmente con la falta de información y además califica de desproporcionado el fallecimiento de la víctima con la patología de la paciente, ya que el objetivo de la operación era aliviar el dolor.

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