El Congreso avala el Real Decreto Ley de reforma sanitaria sin apoyo de la oposición
Madrid (18/05/2012) - E.P.
. El Pleno del Congreso de los Diputados ha avalado el Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pese al voto en contra de todos los grupos de la oposición salvo UPN. Concretamente, la oposición ha criticado que no se tramite como proyecto de Ley y ha advertido de que esto pone en riesgo el Pacto por la Sanidad
. Por su parte, el secretario general de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha asegurado que la reforma urgente es "la medida sanitaria más respaldada de las últimas décadas"
Durante la intervención, la ministra ha destacado que con este paquete de medidas se garantiza que la Sanidad pública "pueda seguir siendo universal, gratuita y de calidad", al tiempo que permitirá que "todos los españoles puedan ser atendidos de igual forma con independencia de donde vivan". Todo ello, ha añadido, "manteniendo el modelo y sin imponer el copago en la asistencia sanitaria", pese a reconocer que con algunas de las medidas implantadas "se piden esfuerzos importantes a la población".
En este sentido, Mato ha recordado que el paquete de medidas incorpora un nuevo sistema de copago de los medicamentos, que ahora será variable según la renta de modo que "paguen más los que más tienen y menos o nada los ciudadanos con menos recursos".
De este modo, los trabajadores activos pagarán hasta un 50 ó 60 por ciento por sus medicinas en función de sus ingresos, mientras que los pensionistas, que antes no pagaban nada, pagarán un 10 por ciento con un tope de 8 ó 18 euros mensuales según su renta. Además, y como ha destacado Mato, por primera vez los parados de larga duración no tendrán que pagar por sus medicinas.
Otra de las novedades impulsadas es la introducción del concepto de asegurado al hablar de los beneficiarios de la Sanidad pública, y la modificación de las condiciones para obtener la tarjeta sanitaria a fin de combatir el llamado turismo sanitario. Al respecto, la ministra ha asegurado que "nadie quedará desatendido", tampoco los inmigrantes irregulares o "sin papeles", a quienes ha asegurado que "se seguirá atendiendo en urgencias".
Tras esta reforma, que según Mato cuenta con el apoyo de todas las comunidades, ha avanzado su "siguiente reto" que es culminar un Pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales con los grupos políticos, similar al Pacto de Toledo en materia de pensiones, a fin de "dejar a la Sanidad fuera debate político", como ha apuntado.
El Pacto por la Sanidad en riesgo
Sin embargo, el portavoz del grupo socialista y exsecretario general de Sanidad con el anterior Gobierno, José Martínez Olmos, ha advertido a la ministra de que "no vuelva a hablar de Pacto" después de haberse negado a tramitar esta reforma como proyecto de Ley y haber rechazado la "oferta de diálogo" de su grupo. "Es un día triste para el Estado de bienestar", ha aseverado Olmos, criticando al Gobierno por hacer una "chapuza jurídica" con la que "se cambia el modelo sanitario, se recortan las prestaciones y se excluyen a determinados colectivos".
De hecho, en su opinión, "estas medidas dañan y ponen en riesgo la salud de los españoles al dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares", hecho que el experto ha considerado como un "planteamiento xenófobo".
"Si viniese otra pandemia de gripe, las personas irregulares no tendrán derecho a ser cubiertos con la vacuna, con lo que tampoco se protege a los españoles", ha alertado Olmos.
Por su parte, la diputada de CiU, Conxita Tarruella, también ha mostrado su malestar por la decisión de no tramitar el Real Decreto como proyecto de Ley, para así "poder arreglar todos los desacuerdos que hay". "El diálogo son más que palabras, son hechos, y nos molesta el tono de la discusión", ha asegurado la diputada, insistiendo en que si estas medidas tuviera tramitación parlamentaria "todos saldríamos beneficiados".
También, el diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha criticado a Mato por su propuesta "hipócrita y falsa" de un Pacto de Estado, asegurando que "no es posible un acuerdo" cuando se han adoptado medidas sin contar con apoyos. Además, ha criticado que el Ministerio de Sanidad haya presentado 73 correcciones a un paquete de medidas de 10 artículos, lo que "muestra que el Decreto en sí es un "error garrafal", y ha citado a la revista científica "British Medical Journal" que habla de esta reforma como "el principio del fin" de la Sanidad española.
En esta línea, el diputado de ERC, Joan Tardà, ha advertido de que se van a expulsar a las clases medias de los sistemas públicos de salud para una "suciedad dual" y un mercado para la salud, engrasado con el dinero de los que puedan permitírselo. "Son tan cobardes que utilizan la mentira de que el modelo actual no es sostenible", ha apuntado.
"Diez mil millones para "Bankimafia" y cero para Sanidad", ha criticado Tardà, al tiempo que ha aprovechado el debate del Decreto Ley para exhibir un cartel desde su escaño en el que se podía leer la leyenda "Bankia 10.000, Sanidad 0".
Por su parte, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha criticado que el Gobierno quiera hacer una reforma "en hora y media" para cambiar la Sanidad pública y querer dar una imagen de "Gobierno duro, fuerte y valiente".
De la misma forma, el diputado del PNV, Emilio Olabarría también se ha quejado de la configuración de los plenos, con intervenciones "comprimidas" y sin poder aportar argumentación "de peso" cuando se encuentra "en juego" el modelo sanitario español. A su juicio, éste no se puede reformar mediante un Decreto Ley. "No se puede despachar rápido y mal y le pido que presente un proyecto de Ley. Así no se puede regular y le auguro muy poco recorrido después de los recursos presentados al Tribunal Constitucional porque se quiebra la universalidad de la prestación sanitaria", ha subrayado.
Mientras, Sabino Cuadra, de Amaiur, ha señalado que el derecho a la salud es universal con independencia de la salud laboral y social en la que se encuentre cualquier persona. Con ello, ha evidenciado que este Decreto abre las puertas a un sistema dual donde el buen sistema sanitario lo tendrán los pudientes en sistemas privados que estarán subvencionados.
Por el contrario, el diputado del PP, Manuel Cervera, ha dado la "enhorabuena" a Mato y ha asegurado que con este paquete de medidas las comunidades ganan "fiabilidad y respeto". Asimismo, ha criticado la "demagogia" utilizada por algunos grupos, acusando en concreto a los socialistas de hacer un debate "torticero". Así pues, ha insistido en que "ningún español ni ningún extranjero va a quedar desatendido", sino que "se va a poner control" para evitar que continúe el turismo sanitario.
En esta misma línea, el secretario general de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha defendido el paquete de medidas urgentes en materia de Sanidad asegurando que es "la medida sanitaria más respaldada de las últimas décadas".
Asimismo, el dirigente popular ha destacado que "vamos a contar con un instrumento legislativo importantísimo para la Sanidad española".
Además, ha defendido el "gran consenso" que han conseguido por parte de las comunidades, ya que "cuanto menos hay 14 ó 15 que ya han refrendado este acuerdo. Es la medida sanitaria más consensuada y valorada por las comunidades", ha insistido Echániz, "incluso para Andalucía, que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional pero que incluye en su plan de ajuste los ahorros que va a producir este Real Decreto, con lo que de alguna manera respalda estas medidas".
No obstante, ha subrayado que en caso de que alguna comunidad entienda que puede ser "mejorable", "hay elementos que pueden ser incorporados".
Echániz ha recordado también que las reformas del Gobierno pretenden "hacer sostenible la Sanidad española en términos de universalidad, gratuidad y calidad, en los términos que hemos conocido en los últimos 30 años". "Y lo hace con el sentido de hacerla perdurable y sostenible en el tiempo para que nuestros hijos la sigan conociendo así" tal y como ha recordado.
Manifestaciones "de luto" de los sindicatos
Por su parte, representantes de CC.OO. y UGT se han manifestado frente al Congreso de los Diputados para protestar por estas medidas, portando globos negros en "señal de luto" por lo que consideran un "asesinato" de la Sanidad y la Educación públicas.
Bajo pancartas con el lema "Menos Sanidad, más muertos. Eso sí es violencia" o "Sanidad ¡Nos matáis!", los manifestantes han marchado al ritmo de una marcha fúnebre, mientras que otros portaban un ataúd e iban ataviados con una máscara que evocaba a la muerte.
El portavoz y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, que ha participado en la manifestación, ha asegurado que "se está matando una parte de la Educación y la Sanidad públicas", dando lugar a una "Educación elitista y clasista" y a una Sanidad que "además de estar pagándose por la vía de los impuestos ordinarios, también incorpora la vía del repago".
"Los recortes significan más paro y gente desempleada, y eso no ayuda para que desarrollemos nuestra economía", ha criticado Lara, insistiendo en que detrás de estas reformas "está la idea del PP de privatizar la Sanidad y la Educación".
Por su parte, el sindicato UGT considera que eliminar la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares supone un ataque a los derechos humanos y considera intolerable que el Gobierno vincule a la población extranjera con el abuso o uso fraudulento de la Sanidad para justificar este "atropello social". De esta forma, el sindicato rechaza la supresión de este "derecho básico y fundamental" a los extranjeros en situación irregular, ya que rompe con el principio de universalidad garantizado hasta ahora por la Ley de Extranjería.
Asimismo, considera que el Gobierno "tergiversa" un informe del Tribunal de Cuentas, en sus contenidos y conclusiones, para buscar "argumentos" a la modificación del modelo de atención sanitaria. "El Gobierno interpreta a su manera el informe del Tribunal de Cuentas al que se refiere el RD Ley de marzo", sostiene UGT, a la vez que aclara que el Tribunal de Cuentas no cuestiona la universalidad del sistema.
De esta manera, explica que las disfunciones de distintos organismos de la Administración española a las que se refiere el texto se solventarían reclamando el coste de la asistencia prestada a extranjeros residentes o desplazados a España temporalmente a los países en los que éstos están asegurados y que aplican los reglamentos comunitarios.
Todo ello posibilita, como ha señalado, "que los extranjeros en situación irregular no se puedan beneficiar de la prevención y de la detección temprana de enfermedades y de la violencia de género". "La salud pública requiere que toda la población, toda, tenga la posibilidad de acceder a la protección de la salud", insiste. Con todo, el sindicato se pregunta cómo puede la atención a estas personas poner en riesgo el SNS y cómo se puede justificar en base a esto, el recorte de la prestación sanitaria del conjunto de la población.
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