El paro tiene un “impacto determinante sobre la salud”, según el director del Observatorio Europeo de Políticas de Salud
Santander (14-16/07/2012) - Redacción
La crisis, según sus datos, se está reflejando ya en un aumento las consultas de enfermedades mentales
El director del Observatorio Europeo de Sistema y Políticas de Salud, Josep Figueras, ha asegurado en Santander que "la causalidad entre desempleo y estado de salud" es "el aspecto negativo de los recortes" ya que estar en el paro tiene un "impacto determinante" sobre la salud. La crisis, según sus datos, se está reflejando ya en un aumento de los suicidios y de las consultas de enfermedades mentales.
Así lo ha afirmado tras participar en el encuentro "Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Desarrollo de la Ley General", celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y dirigido por el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra Fernando García Benavides, quien ha coincidido en que, en este contexto económico, "una de las políticas más efectivas para la salud es la cobertura al paro".
Figueres ha explicado que "hay que tomar decisiones" en una situación en que "la presión en el sistema sanitario es generalizada en toda Europa, con la excepción de los países nórdicos" y en el que hay que estudiar bien si se recorta en Educación, en Servicios Sociales o en Sanidad. "El peligro principal ahora es dudar de los Servicios Nacionales de Salud". Por eso le parece momento de "reafirmar la cobertura universal de los servicios sanitarios" y de no demonizar el copago sanitario. "El copago no siempre es malo" ni tiene por qué tener efectos negativos sobre la salud de los pacientes, resaltó, "depende de los servicios que se den y a quién".
El director del Observatorio considera que esta crisis está suponiendo una "oportunidad" para hacer reformas que "eran muy necesarias para aumentar la eficiencia sin disminuir la calidad del estado de salud". En la misma línea, ha apuntado que, dentro de la cartera de servicios, hay que valorar su relación "costo-efectividad".
Por su parte, el catedrático García Benavides ha asegurado que "los profesionales de la salud pública no han sido consultados para la elaboración del último Real Decreto Ley" aunque les "hubiera gustado", por lo que, de este encuentro en la UIMP, "saldrá un documento operativo y práctico" que elevarán "a los responsables de las decisiones de este país" ya que "queremos colaborar y estamos dispuestos", -ha matizado-, en "esta situación complicada" en la que "no se busca sustituir la decisión política pero sí participar y expresar nuestras opiniones".
Por otro lado, Benavides ha valorado "muy positivamente" la colaboración entre el sector público y privado de la salud pero ha subrayado la necesidad de que se lleve a cabo desde la "transparencia" y la "igualdad a la hora de decidir". De modo que algunos servicios asistenciales los pueden prestar las instituciones privadas "siempre que haya competencia y no se produzcan oligopolios que hagan perder esa ventaja competitiva" y acabe siendo "beneficioso para el ciudadano" y puso el ejemplo de los consorcios sanitarios en Cataluña "donde la provisión puede ser privada o no pero la financiación es pública".
Finalmente, puso en duda que con el último Real Decreto Ley de Sanidad se vayan a ahorrar los 7.200 millones de euros que se persigue y criticó que se deje en el limbo a los "más vulnerables, como los inmigrantes y a quienes, a una edad determinada no hayan cotizado a la Seguridad Social". Esto va "contra la propia Ley General de Salud Pública".
Así lo ha afirmado tras participar en el encuentro "Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Desarrollo de la Ley General", celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y dirigido por el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra Fernando García Benavides, quien ha coincidido en que, en este contexto económico, "una de las políticas más efectivas para la salud es la cobertura al paro".
Figueres ha explicado que "hay que tomar decisiones" en una situación en que "la presión en el sistema sanitario es generalizada en toda Europa, con la excepción de los países nórdicos" y en el que hay que estudiar bien si se recorta en Educación, en Servicios Sociales o en Sanidad. "El peligro principal ahora es dudar de los Servicios Nacionales de Salud". Por eso le parece momento de "reafirmar la cobertura universal de los servicios sanitarios" y de no demonizar el copago sanitario. "El copago no siempre es malo" ni tiene por qué tener efectos negativos sobre la salud de los pacientes, resaltó, "depende de los servicios que se den y a quién".
El director del Observatorio considera que esta crisis está suponiendo una "oportunidad" para hacer reformas que "eran muy necesarias para aumentar la eficiencia sin disminuir la calidad del estado de salud". En la misma línea, ha apuntado que, dentro de la cartera de servicios, hay que valorar su relación "costo-efectividad".
Por su parte, el catedrático García Benavides ha asegurado que "los profesionales de la salud pública no han sido consultados para la elaboración del último Real Decreto Ley" aunque les "hubiera gustado", por lo que, de este encuentro en la UIMP, "saldrá un documento operativo y práctico" que elevarán "a los responsables de las decisiones de este país" ya que "queremos colaborar y estamos dispuestos", -ha matizado-, en "esta situación complicada" en la que "no se busca sustituir la decisión política pero sí participar y expresar nuestras opiniones".
Por otro lado, Benavides ha valorado "muy positivamente" la colaboración entre el sector público y privado de la salud pero ha subrayado la necesidad de que se lleve a cabo desde la "transparencia" y la "igualdad a la hora de decidir". De modo que algunos servicios asistenciales los pueden prestar las instituciones privadas "siempre que haya competencia y no se produzcan oligopolios que hagan perder esa ventaja competitiva" y acabe siendo "beneficioso para el ciudadano" y puso el ejemplo de los consorcios sanitarios en Cataluña "donde la provisión puede ser privada o no pero la financiación es pública".
Finalmente, puso en duda que con el último Real Decreto Ley de Sanidad se vayan a ahorrar los 7.200 millones de euros que se persigue y criticó que se deje en el limbo a los "más vulnerables, como los inmigrantes y a quienes, a una edad determinada no hayan cotizado a la Seguridad Social". Esto va "contra la propia Ley General de Salud Pública".
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