martes, 7 de agosto de 2012

'Es una mala política excluir de la sanidad a grupos de riesgo' | Noticias | elmundo.es

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RECORTES | Pólizas para 'ilegales'

'Es una mala política excluir de la sanidad a grupos de riesgo'

  • El Gobierno planea que los 'ilegales' paguen una póliza anual de 710 euros
  • Los médicos recuerdan que tienen la obligación de atender a todo el mundo
  • Sanidad se limita a asegurar que los inmigrantes deben 'regularizar su situación'

En un documento remitido a las comunidades autónomas, el Gobierno desarrolla la polémica atención sanitaria a inmigrantes sin papeles, que perderán su tarjeta sanitaria el próximo 31 de agosto. Según esta nota, los 'ilegales' que deseen ser atendidos en los hospitales españoles deberán suscribir una especie de 'póliza' de 710 euros anuales (59,2 al mes). Esta cantidad ascenderá hasta los 1.864 euros anuales (155,40 al mes) para los inmigrantes indocumentados mayores de 65 años.

En una nota de prensa, el departamento que dirige Ana Mato ha recordado que las personas "que no reúnan la condición de asegurado o beneficiario del sistema, podrán formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria". Estos 'convenios' podrán beneficiar a españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (rentistas); a europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario público español o nacionales de terceros países que durante su estancia en España, quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público. Respecto a los inmigrantes ilegales, la nota se limita a aclarar que deben "regularizar su situacion".

Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), admite que esta institución no tenía conocimiento de esta "segunda vuelta de tuerca al Real Decreto"; y critica que estas noticias se vayan conociendo "a bote pronto, día a día, cuando lo que necesita este país es un gran pacto por la Sanidad".

A su juicio, establecer cuotas para que los inmigrantes paguen -como hoy informa 'El País'- supone una gran "limitación a la accesibilidad" y advierte de que, a la larga, puede tener consecuencias económicas". De hecho, Romero considera que se está penalizando a grupos en riesgo de exclusión, en ocasiones portadores de enfermedades que "pueden poner en riesgo su salud y la del resto de la población".

En este mismo sentido, un reciente estudio publicado por el grupo de investigación Gesida señalaba que la desatención a los inmigrantes ilegales podía suponer un repunte de las infecciones por VIH en nuestro país, más enfermedades oportunistas e, incluso, mayores índices de mortalidad.

El nuevo convenio que desarrollará el Real Decreto que regula la asistencia sanitaria deja fuera de estas pólizas (con unos precios similares a los que tienen en la actualidad las compañías de seguros privados) a los menores y embarazadas, que sí deberán abonar el 40% del precio de los fármacos. En este sentido, el ministerio aclara que la cuantía de estos 'convenios' se ha calculado como se hace cuando hay que "facturar la asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de otros países europeos".

Uno de los requisitos para que los inmigrantes puedan acogerse a dichos 'seguros' de salud es que lleven más de un año empadronados en nuestro país; otro extremo incomprensible para la OMC: "Al final a lo que debemos ir es a una regularización, porque no podemos tener a esos ciudadanos durante un año en una situación de exclusión; estos ciudadanos que se van a quedar con nosotros requieren toda la atención para no poner en riesgo su salud ni la del resto de ciudadanos", apunta. "No podemos tener dos tipos de ciudadanos, es necesario que se tomen medidas para la regularización".

Otra cosa bien distinta, insiste, es el llamado 'turismo sanitario' o los fraudes en el uso de algunas tarjetas de pensionistas detectados por el Gobierno. "Desde luego nos preocupa la medida, porque no sabemos a cuánta gente puede afectar, o qué mecanismos de cobro se van establecer para estos 'sin papeles'".

Desde que se conoció la intención del Gobierno de excluir de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, la OMC y otras sociedades médicas como SEMFYC se han mostrado muy críticas con esta medida. De hecho, han promovido una campaña de objeción de conciencia para que los sanitarios se nieguen a denegar la asistencia a estas personas alegando motivos éticos. "Como médicos estamos en la obligación de atender a todo el mundo", recuerda Romero, "pero es que además no es buena política excluir a grupos de riesgo que pueden ser generadores y portadores de enfermedades". A su juicio, esta medida anunciada por el Gobierno contradice nuestras leyes, la Constitución y la Ley de Salud Pública. Ha sido una sorpresa, no esperábamos que iban a ir por ahí".

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