"El problema de la atención al 'sin papeles' es de facturación, más que de objeción"

José María Antequera, profesor de Derecho Sanitario y Bioética de la Escuela Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, defendió que "en la situación actual el problema que se plantea es más de gestión de la facturación que de objeción del médico, que -según señaló- lo que debe hacer es atender al paciente inmigrante cuando llegue a su consulta, pues la norma le ampara".

S.Valle | 11/09/2012 00:00

"El Real Decreto Ley 16/2012 ampara al médico en su postura de seguir atendiendo al inmigrante sin papeles, pues sólo así es posible determinar la gravedad de su dolencia y, por tanto, si su atención es de urgencia y está cubierta por el Sistema Nacional de Salud o la tiene que abonar él". Con esa lectura de la norma, José María Antequera, profesor de Derecho Sanitario y Bioética de la Escuela Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, defendió que "en la situación actual el problema que se plantea es más de gestión de la facturación que de objeción del médico, que -según señaló- lo que debe hacer es atender al paciente inmigrante cuando llegue a su consulta, pues la norma le ampara".

Antequera expresó su visión de la polémica regulación en el V Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Consumidor organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

Tiempo de espera

A pesar de la llamada a la calma, el abogado también señaló que se debe esperar al desarrollo autonómico de la norma estatal para saber si cabe apelar a la objeción. "Por ejemplo, si se establece un mecanismo para atender sólo a los pacientes con tarjeta sanitaria, obligando a no ver al inmigrante, y, además, se fija algún tipo de castigo para los sanitarios que se salten la ley", apuntó.

Antequera recordó que "la jurisprudencia más consolidada del Supremo y del Constitucional señala que sólo se puede ser objetor cuando la misma norma que te impone una obligación te libera de ella y como ejemplo en sanidad tenemos la ley del aborto, la de las instrucciones previas y la normativa de dispensación farmacéutica". Con esta lógica, señaló que "no cabría objeción al real decreto ley a no ser que se impusiera la doctrina del Supremo recientemente recogida en las resoluciones sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía, en las que el tribunal admitió que el derecho a objetar emanaba directamente del artículo 16 de la Constitución", es decir, no se necesitaría una ley.

Más allá de la polémica levantada alrededor de la atención a los sin papeles, hizo referencia a la necesidad de que los sanitarios desarrollen su labor dentro de cierto confort jurídico y ético. Por ahora, el experto recomendó esperar hasta ver el desarrollo normativo de las distintas autonomías.