jueves, 8 de noviembre de 2012

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El PSOE propone un impuesto para las grandes fortunas del que se destinarían 500 millones para Sanidad

Madrid (08/11/2012) - Silvia C. Carpallo

• José Martínez Olmos explica a la prensa la propuesta de una nueva disposición adicional sobre el impuesto a las grandes fortunas que generaría 4.000 millones de euros, de los que 1.500 se destinarían al Fondo de Garantías de Servicios Públicos

• Igualmente, propone otras 25 enmiendas en materia sanitaria a los Presupuestos Generales, por un valor de 157 millones de euros, entre las que destaca la preocupación de la viabilidad de las Unidades de Referencia si no se presupuesta en Fondo de Cohesión

El PSOE se muestra preocupado por los recortes en materias de Servicios Públicos en las CC.AA., y  por el reparto dentro de los propios Presupuestos Generales, y por ello ha reunido a la prensa para poder exponer cuál es su propuesta, y cuáles son las enmiendas que piensa llevar al Congreso de los Diputados a este respecto.
En primer lugar, la propuesta más destacada es una nueva disposición adicional sobre el Impuesto a las grandes fortunas, para su entrada en vigor en el ejercicio de 2013, por el que se recaudarían un total de 4.000 millones de euros, y gracias la cual, según el PSOE, no sería necesario subir ni el IVA, ni el IRPF. El 50 por ciento del rendimiento del tributo se cedería a las CC.AA., es decir, 2.000 millones de euros, de los cuáles, 1.500 se destinarían al Fondo de Garantía de Servicios Públicos fundamentales, repartidos en 500 para Sanidad, 500 para Educación y 500 para Servicios Sociales. De esta manera, según José Martínez Olmos, portavoz de la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por el grupo socialista, "se refuerzan determinadas áreas que han quedado cercenadas".
Del resto de las 25 enmiendas que piensa presentar el PSOE en materia sanitaria a los Presupuestos Generales, y que suponen un presupuesto de 157 millones de euros, Martínez Olmos destaca el volver a dotar de presupuesto al Fondo de Cohesión, que ha quedado definido como partida extraprespuestaria, con una dotación de 75 millones de euros. Así no serían  las CC.AA. las que tendrían que pagar las compensaciones por los movimientos entre autonomías de los pacientes, sobre todo aquellos relacionados con las derivaciones a Unidades de Referencia, porque "algunas podrían tener la tentación de no derivar pacientes porque no tengan recursos suficientes en sus presupuestos", porque preocupa que si el Fondo no se ocupa de estas derivaciones "pierdan las CC.AA. más pequeñas que son las que menos Unidades de Referencia tienen".
Asimismo, se presentarán enmiendas para el aumento de los presupuestos en otras partidas, como 30 millones para Estrategias de Salud, en enfermedades como la diabetes, 12 millones para reponer la partida del Plan de Salud Bucodental infantil, o 10 millones para el Plan contra el SIDA. Otro de los puntos a debatir es la reposición de la cuota obligatoria que se cobraba a Farmaindustria, a modo de descuento de un 2 por ciento obligatorio sobre el volumen total de ventas, y que ha eliminado el RDL 16/2012. Esta cuota recaudaba entre 160 y 180 millones al año, de los cuáles, 100 se destinaban a Investigación en el Instituto de Salud Carlos III, y el resto a programas de las CC.AA., y según el PSOE su eliminación supone "un golpe para la investigación y para los programas de cohesión".
Unos presupuestos "profundamente antisociales"
Rosa Aguilar, homónima de Martínez Olmos en Política Social, explicaba por su parte que estos eran unos presupuestos "profundamente antisociales". Prestaba especial atención a lo que llamaba "la voladura de la Ley de Dependencia", y pedía en las enmiendas a estas partidas que "se reponga el nivel acordado de 283 millones", que se quitaron en 2012, y vuelven a desaparecer en los presupuestos generales de 2013. Igualmente, critica la desaparición en los presupuestos de la partida de teleasistencia para mayores, o el hecho de que pese a anunciar un Plan para Discapacidad, "este no tiene dotación presupuestaria".
En cuanto a la situación actual de la Comunidad de Madrid, tras el anuncio de Ignacio González del paquete de medidas de recorte de 2.700 millones en Sanidad, entre las que cuenta la privatización de 6 hospitales, Martínez Olmos declaraba que esta generalización de la política privatizadora "puede ser hasta inconstitucional", y que en la Ley General de Salud Pública se especifica que el servicio debe ser mayoritariamente de prestación pública, con un servicio privado complementario, por lo que "próximamente vamos a dar respuesta", ya que "el Partido Popular ha traspasado la línea roja".

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