Sanidad obligará a las autonomías a financiar los centros de referencia
La atención en estas unidades se cargará a las comunidades de los pacientes.
El riesgo, critica el PSOE, es que no deriven a los enfermos para ahorrar
Una sanitaria empuja la camilla de un enfermo en el hospital de Getafe (Madrid), centro de referencia par quemados críticos. / Gorka Lejarcegi
El Ministerio de Sanidad deja de financiar la única atención sanitaria que costeaba —salvo la que sigue abonando en Ceuta y Melilla—. Se trata de la de los centros de referencia —hospitales designados para tratar patologías muy complicadas o poco frecuentes—, cuya atención pagaba hasta ahora para los pacientes de cualquier comunidad con el Fondo de Cohesión. Según los últimos Presupuestos Generales del Estado, esa atención correrá a cargo de un nuevo Fondo de Compensación que carece de dinero para ello. La diferencia no está solo en el nombre. Mientras el primero dependía del Ministerio de Sanidad, el segundo no tiene una dotación propia. Esto quiere decir que el dinero que se dedique a la atención en centros de referencia saldrá de lo que la Administración central traspasa a las comunidades para que cubran los servicios transferidos, sin que se aumenten esas partidas. Por ello, será la comunidad de origen del paciente la que abone su atención a la del centro donde se le atienda.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad lo explica así en un correo electrónico: “En los Presupuestos para 2013, el Fondo de Cohesión se refuerza al transformarse en un fondo de compensación. Funcionará a través de la liquidación de los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Este Fondo es uno de los principales instrumentos de cohesión del Sistema Nacional de Salud para proteger a los usuarios en la garantía de equidad. Con este mecanismo, queda asegurada la atención de los pacientes que sean remitidos a un centro de referencia desde otra comunidad autónoma”.
Esto quiere decir que, a partir del año que viene, el gasto de la atención en estas unidades será apuntado a la comunidad de origen del paciente, y por tanto los recursos consumidos se le restarán de la partida que vaya a recibir del Gobierno central.
Se trata de una cantidad de cierta importancia. Según los Presupuestos, en 2012 se dedican al Fondo de Cohesión 93,29 millones. Para el año que viene, la partida asignada será de 36,29 millones y no cubrirá la atención en centros de referencia. Así, las comunidades tendrán que asumir un gasto extra de 57 millones de euros que no desembolsarán, pero que se les descontará de lo que les debe ser transferido según el modelo de financiación autonómica.
El problema, apunta José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso que ha presentado una enmienda para frenar esto, es que, con el cambio, se corre “el riesgo” de que “las comunidades tengan la tentación de no derivar a los pacientes”. “En la situación actual en la que no tienen un duro, pueden verlo como una forma de ahorrar”, dice. Ello podría suponer que no se les ofreciera el mejor sitio para tratarse, sino otro menos especializado pero en la propia comunidad (y, por tanto, más barato para la Administración). La portavoz del ministerio no cree que vaya a suceder esto, porque entiende que los médicos seguirán actuando como hasta ahora.
El abanico de pacientes que puede verse afectado es amplio. La web del Ministerio de Sanidad recoge un catálogo de hasta 44 intervenciones que se tratan en estos centros o unidades. Van desde algunos tratamientos muy complicados (trasplantes pediátricos, quemados críticos) hasta patologías muy infrecuentes (tumores interoculares del adulto o la infancia, trasplantes de vivo, reimplantes de miembros). En total hay 142 centros en la lista (algunos repetidos porque son referencia para varias de las enfermedades) repartidos en 12 comunidades. Cataluña (40 centros o unidades de referencia), Madrid (34) y Andalucía (20) acaparan el 66% de ellas. Ello quiere decir, por un lado, que son las que más dinero pueden perder, ya que tienen obligación de atender a los pacientes del resto de España. Por otro lado, sus ciudadanos pueden sentirse los más protegidos, ya que su comunidad puede remitirles a un centro sin que les descuenten nada.
En el extremo opuesto están La Rioja, Baleares, Aragón, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, aparte del propio ministerio, ya que aún mantiene la gestión de la atención en Ceuta y Melilla. En estas comunidades y ciudades no hay ningún centro de referencia, así que todos sus habitantes que necesiten uno de estos tratamientos especializados tienen que desplazarse, y su asistencia debe ser abonada.
La situación puede complicarse aún más. Este mismo año, la ministra de Sanidad, Ana Mato, prometió la creación de centros de referencia para investigar y tratar las enfermedades raras. Estas son las más infrecuentes (afectan a menos de una persona por cada 2.000), y, por eso mismo, son de las más desconocidas. Sin embargo, agrupadas por rasgos generales (metabólicas, genéticas) pueden ser abordadas de manera conjunta en unidades especializadas, si es que estas se crean y alguien las financia. Aunque cada una afecta a pocas personas, en su conjunto la Federación Española de Enfermedades Raras calcula que, al haber más de 4.000 de estas patologías catalogadas, el número de afectados puede ascender a 20.000.
Ahora, al transferir a las comunidades la obligación de financiar estos centros, y dada su situación económica, estos proyectos pueden retrasarse. Algo parecido puede suceder con la atención a personas transexuales. Los centros establecidos de manera experimental (no figuran en el listado oficial del ministerio) fueron muy cuestionados desde el PP, y hay voces en el partido que piden la supresión para ahorrar. La necesidad de hacer economías puede dar alas a esta postura.
Pero la financiación de los centros de referencia no es lo único que va a cambiar. La portavoz del Ministerio de Sanidad apunta en su correo otros dos conceptos cuyo manejo se va a ver alterado por la reducción del Fondo de Cohesión. El Fondo de Compensación se dedicará también a los pacientes “que sean remitidos por criterios de proximidad también a otra autonomía o a los que precisen asistencia sanitaria mientras se encuentran desplazados de su comunidad de residencia”. Martínez Olmos cree que esto es “un bombazo”.
Implicará que las comunidades contabilicen la atención que prestan a los residentes de otras autonomías y las facturen entre sí. “Supone que se traten entre ellas como se hace entre países”, indica. Hasta ahora, esa atención se suponía incluida en los fondos estatales, ya que estos partían de lo que el Insalud gastaba en cada comunidad (la Comunidad Valenciana recibía más porque recibe mucho turismo nacional, por ejemplo). De hecho, ha sido esta comunidad la que ha pedido esta modificación. “Hasta ahora nunca se había pagado por ese concepto”, recalca el portavoz del PSOE. Pero la crisis aprieta, y situaciones como el conflicto entre La Rioja y el País Vasco por la atención a desplazados muestra que los euros se miran al detalle. Aunque sea a costa de poner trabas a los pacientes.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad lo explica así en un correo electrónico: “En los Presupuestos para 2013, el Fondo de Cohesión se refuerza al transformarse en un fondo de compensación. Funcionará a través de la liquidación de los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Este Fondo es uno de los principales instrumentos de cohesión del Sistema Nacional de Salud para proteger a los usuarios en la garantía de equidad. Con este mecanismo, queda asegurada la atención de los pacientes que sean remitidos a un centro de referencia desde otra comunidad autónoma”.
Esto quiere decir que, a partir del año que viene, el gasto de la atención en estas unidades será apuntado a la comunidad de origen del paciente, y por tanto los recursos consumidos se le restarán de la partida que vaya a recibir del Gobierno central.
Se trata de una cantidad de cierta importancia. Según los Presupuestos, en 2012 se dedican al Fondo de Cohesión 93,29 millones. Para el año que viene, la partida asignada será de 36,29 millones y no cubrirá la atención en centros de referencia. Así, las comunidades tendrán que asumir un gasto extra de 57 millones de euros que no desembolsarán, pero que se les descontará de lo que les debe ser transferido según el modelo de financiación autonómica.
El problema, apunta José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso que ha presentado una enmienda para frenar esto, es que, con el cambio, se corre “el riesgo” de que “las comunidades tengan la tentación de no derivar a los pacientes”. “En la situación actual en la que no tienen un duro, pueden verlo como una forma de ahorrar”, dice. Ello podría suponer que no se les ofreciera el mejor sitio para tratarse, sino otro menos especializado pero en la propia comunidad (y, por tanto, más barato para la Administración). La portavoz del ministerio no cree que vaya a suceder esto, porque entiende que los médicos seguirán actuando como hasta ahora.
El abanico de pacientes que puede verse afectado es amplio. La web del Ministerio de Sanidad recoge un catálogo de hasta 44 intervenciones que se tratan en estos centros o unidades. Van desde algunos tratamientos muy complicados (trasplantes pediátricos, quemados críticos) hasta patologías muy infrecuentes (tumores interoculares del adulto o la infancia, trasplantes de vivo, reimplantes de miembros). En total hay 142 centros en la lista (algunos repetidos porque son referencia para varias de las enfermedades) repartidos en 12 comunidades. Cataluña (40 centros o unidades de referencia), Madrid (34) y Andalucía (20) acaparan el 66% de ellas. Ello quiere decir, por un lado, que son las que más dinero pueden perder, ya que tienen obligación de atender a los pacientes del resto de España. Por otro lado, sus ciudadanos pueden sentirse los más protegidos, ya que su comunidad puede remitirles a un centro sin que les descuenten nada.
En el extremo opuesto están La Rioja, Baleares, Aragón, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, aparte del propio ministerio, ya que aún mantiene la gestión de la atención en Ceuta y Melilla. En estas comunidades y ciudades no hay ningún centro de referencia, así que todos sus habitantes que necesiten uno de estos tratamientos especializados tienen que desplazarse, y su asistencia debe ser abonada.
La situación puede complicarse aún más. Este mismo año, la ministra de Sanidad, Ana Mato, prometió la creación de centros de referencia para investigar y tratar las enfermedades raras. Estas son las más infrecuentes (afectan a menos de una persona por cada 2.000), y, por eso mismo, son de las más desconocidas. Sin embargo, agrupadas por rasgos generales (metabólicas, genéticas) pueden ser abordadas de manera conjunta en unidades especializadas, si es que estas se crean y alguien las financia. Aunque cada una afecta a pocas personas, en su conjunto la Federación Española de Enfermedades Raras calcula que, al haber más de 4.000 de estas patologías catalogadas, el número de afectados puede ascender a 20.000.
Ahora, al transferir a las comunidades la obligación de financiar estos centros, y dada su situación económica, estos proyectos pueden retrasarse. Algo parecido puede suceder con la atención a personas transexuales. Los centros establecidos de manera experimental (no figuran en el listado oficial del ministerio) fueron muy cuestionados desde el PP, y hay voces en el partido que piden la supresión para ahorrar. La necesidad de hacer economías puede dar alas a esta postura.
Pero la financiación de los centros de referencia no es lo único que va a cambiar. La portavoz del Ministerio de Sanidad apunta en su correo otros dos conceptos cuyo manejo se va a ver alterado por la reducción del Fondo de Cohesión. El Fondo de Compensación se dedicará también a los pacientes “que sean remitidos por criterios de proximidad también a otra autonomía o a los que precisen asistencia sanitaria mientras se encuentran desplazados de su comunidad de residencia”. Martínez Olmos cree que esto es “un bombazo”.
Implicará que las comunidades contabilicen la atención que prestan a los residentes de otras autonomías y las facturen entre sí. “Supone que se traten entre ellas como se hace entre países”, indica. Hasta ahora, esa atención se suponía incluida en los fondos estatales, ya que estos partían de lo que el Insalud gastaba en cada comunidad (la Comunidad Valenciana recibía más porque recibe mucho turismo nacional, por ejemplo). De hecho, ha sido esta comunidad la que ha pedido esta modificación. “Hasta ahora nunca se había pagado por ese concepto”, recalca el portavoz del PSOE. Pero la crisis aprieta, y situaciones como el conflicto entre La Rioja y el País Vasco por la atención a desplazados muestra que los euros se miran al detalle. Aunque sea a costa de poner trabas a los pacientes.
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