La empresa a la que aconseja Güemes se hace con los análisis de seis hospitales
Unilabs España compra el 55% de la UTE Ribera Salud y Balagué
González defiende al exconsejero y recuerda que la incompatibilidad es de dos años
Esperanza Aguirre e Ignacio González presentan a Javier Fernández Lasquetty como sucesor de Juan José Güemes en Sanidad. / SAMUEL SÁNCHEZ
La empresa para la que trabaja el exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, se ha hecho con la gestión del servicio de análisis clínicos en seis hospitales públicos madrileños y de todos los centros de salud y residencias de ancianos que dependen de ellos, ha informado esta mañana la cadena SER. Fue el propio Güemes, protagonista de uno de los casos más llamativos y sonados de traspaso de la política a la empresa privada, quien privatizó este servicio cuando fue titular de la cartera de Sanidad entre 2008 y 2010 en el Gobierno de Esperanza Aguirre.
En 2003, Güemes fue fichado para la política madrileña por Aguirre y se convirtió en su ojo derecho. Su andadura en el Gobierno regional empezó como consejero de Empleo y Mujer y en junio de 2007 pasó a Sanidad en sustitución de Manuel Lamela. Allí, desarrolló el polémico modelo de hospitales manejados por empresas que Aguirre quería para Madrid y en el que Ignacio González acaba de profundizar al poner en marcha la mayor operación privatizadora de la sanidad pública española. "El dinero sigue al paciente", llegó a decir alguna vez durante su mandato, del que es muy recordado que explicara su plan de infraestructuras ante un grupo de 150 empresarios del sector sanitario y de la construcción que habían pagado 1.200 euros por asistir a una jornada en el Ritz bajo el lema: Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa.
En marzo de 2010 abandonó el cargo de consejero, que pasó a manos de Javier Fernández-Lasquetty, y también la Secretaría de Comunicación del PP de Madrid y su escaño en la asamblea, aunque sigue siendo militante. Se marchó a la empresa privada y, tras pasar Zinkia (creadora de Pocoyó), recaló en el Instituto de Empresa y entró en el Consejo de Administración Unilabs España, filial de la multinacional suiza del mismo nombre, el pasado mes de junio. Según fuentes próximas a la empresa de análisis clínicos, integrada en la multinacional Capio Salud, "no se trata de un puesto ejecutivo”.
En 2009, cuando formaba parte del Gobierno regional, Güemes adjudicó la gestión de las pruebas clínicas de seis hospitales madrileños —Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Infanta Leonor (Vallecas), Sureste (Arganda), Henares (Coslada) y Hospital del Tajo (Aranjuez)— a la UTE BR Salud, formada por Ribera Salud y el grupo Balagué. Unilabs se presentó a ese concurso, pero no lo ganó. “No tuvo relación alguna con la consejería en ese momento”, sostienen fuentes del sector.
La concesión administrativa, para un periodo de ocho años y con posibilidad de prórroga para dos años más, contempla, además de la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales, la de los centros de atención primaria de su área de influencia, 49 centros de salud, 107 consultorios periféricos y 100 residencias de ancianos. En total, un área de un 1.100.000 habitantes a un precio de 16 euros por cabeza que paga la Consejería de Sanidad.
Hace poco más de un mes, el 21 de noviembre, la empresa a la que asesora Güemes compró el 55% que el grupo catalán Balagué Center mantenía en BR Salud por cinco millones de euros. Unilabs realiza ahora las pruebas de estos seis hospitales, cuya gestión acaba de privatizar el Gobierno regional por completo, junto con 27 centros de salud. "Esta operación refuerza nuestra presencia y compromiso con la Sanidad madrileña y forma parte de un proyecto de inversión mucho más amplio", dijo el presidente de Unilabs España, Daniel de Busturia, al anunciar la operación. Unilabs España ya gestionaba los laboratorios del hospital de Torrejón y el laboratorio del hospital Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Capio.
Preguntado por este periódico, Güemes no ha querido hacer comentarios a la noticia. El que sí ha hablado del asunto ha sido el actual presidente regional y sucesor de Aguirre, Ignacio González, en Los Desayunos de TVE. Cuando en el coloquio con varias periodistas se hablaba del recurso del Gobierno de Rajoy al euro por receta madrileño, de las huelgas en la sanidad y del plan privatizador, dos de las periodistas le han afeado que Güemes sea miembro del consejo de una empresa que ha asumido un servicio que él mismo privatizó.
"Dejó de ser consejero hace cuatro años", le ha defendido González. "¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Güemes pueda trabajar en el ámbito sanitario?", se ha preguntado retóricamente, para contestarse él mismo que la ley de incompatibilidades marca que tiene que transcurrir un plazo "de dos años" y han pasado "cuatro". A esta reflexión, las periodistas han reconocido que no es una cuestión de incompatibilidad sino de "ética y estética". "Nosotros no hemos adjudicado nada, ya esta adjudicado", ha añadido González, que era vicepresidente regional cuando se produjo la adjudicación.
En 2003, Güemes fue fichado para la política madrileña por Aguirre y se convirtió en su ojo derecho. Su andadura en el Gobierno regional empezó como consejero de Empleo y Mujer y en junio de 2007 pasó a Sanidad en sustitución de Manuel Lamela. Allí, desarrolló el polémico modelo de hospitales manejados por empresas que Aguirre quería para Madrid y en el que Ignacio González acaba de profundizar al poner en marcha la mayor operación privatizadora de la sanidad pública española. "El dinero sigue al paciente", llegó a decir alguna vez durante su mandato, del que es muy recordado que explicara su plan de infraestructuras ante un grupo de 150 empresarios del sector sanitario y de la construcción que habían pagado 1.200 euros por asistir a una jornada en el Ritz bajo el lema: Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa.
En marzo de 2010 abandonó el cargo de consejero, que pasó a manos de Javier Fernández-Lasquetty, y también la Secretaría de Comunicación del PP de Madrid y su escaño en la asamblea, aunque sigue siendo militante. Se marchó a la empresa privada y, tras pasar Zinkia (creadora de Pocoyó), recaló en el Instituto de Empresa y entró en el Consejo de Administración Unilabs España, filial de la multinacional suiza del mismo nombre, el pasado mes de junio. Según fuentes próximas a la empresa de análisis clínicos, integrada en la multinacional Capio Salud, "no se trata de un puesto ejecutivo”.
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Hace poco más de un mes, el 21 de noviembre, la empresa a la que asesora Güemes compró el 55% que el grupo catalán Balagué Center mantenía en BR Salud por cinco millones de euros. Unilabs realiza ahora las pruebas de estos seis hospitales, cuya gestión acaba de privatizar el Gobierno regional por completo, junto con 27 centros de salud. "Esta operación refuerza nuestra presencia y compromiso con la Sanidad madrileña y forma parte de un proyecto de inversión mucho más amplio", dijo el presidente de Unilabs España, Daniel de Busturia, al anunciar la operación. Unilabs España ya gestionaba los laboratorios del hospital de Torrejón y el laboratorio del hospital Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Capio.
Preguntado por este periódico, Güemes no ha querido hacer comentarios a la noticia. El que sí ha hablado del asunto ha sido el actual presidente regional y sucesor de Aguirre, Ignacio González, en Los Desayunos de TVE. Cuando en el coloquio con varias periodistas se hablaba del recurso del Gobierno de Rajoy al euro por receta madrileño, de las huelgas en la sanidad y del plan privatizador, dos de las periodistas le han afeado que Güemes sea miembro del consejo de una empresa que ha asumido un servicio que él mismo privatizó.
"Dejó de ser consejero hace cuatro años", le ha defendido González. "¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Güemes pueda trabajar en el ámbito sanitario?", se ha preguntado retóricamente, para contestarse él mismo que la ley de incompatibilidades marca que tiene que transcurrir un plazo "de dos años" y han pasado "cuatro". A esta reflexión, las periodistas han reconocido que no es una cuestión de incompatibilidad sino de "ética y estética". "Nosotros no hemos adjudicado nada, ya esta adjudicado", ha añadido González, que era vicepresidente regional cuando se produjo la adjudicación.
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