Ocho autonomías suspenden en dependencia

Valencia, Canarias y Murcia obtienen las peores notas mientras que Castilla y León recibe un sobresaliente.

Laura G. Ibañes | 24/01/2013 00:00

José M. Ramírez y Patrocinio de las Hreas, de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales. (Lenda)

La Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado su décimo observatorio de la aplicación de la Ley de la Dependencia y los datos no son buenos. En conjunto el país suspende, por poco, pero queda por debajo del 5 (recibe un 4,72) sobre 10 en la valoración global de los doce indicadores que desde el inicio de este observatorio se están midiendo y que, entre otros criterios, valora la lista de espera , el número de beneficiarios, la transparencia en la información y el equilibrio entre las prestaciones económicas y los servicios asistenciales.

Concretamente, el observatorio otorga un muy deficiente a la Comunidad Valenciana, a la que concede tan sólo un 0,8 de nota; a Canarias, un 2,1, a Murcia, un 3,3, a Madrid 3,8, a Aragón 3,8, a Asturias 4,2 y a Cantabria un 9,2. Con aprobado justo se situarían en la evaluación Extremadura (con un 5 raspado), Navarra (5,4), Galicia (5,8), Cataluña (5,8) Castilla-La Mancha (5,8) y La Rioja (6,7). Con notable alto figuran País Vasco (7,5) y Andalucía. Y el sobresaliente, como en ocasiones anteriores, queda reservado tan sólo para Castilla y León, que recibe un 9,2 de nota global.

La Administración central financió en 2012 sólo el 21,4 por ciento del coste total de la dependencia pese a que la ley le obliga a pagar el 50 por ciento del total

El estudio de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales destaca la enorme caída que sufre la dependencia en Aragón que, por primera vez desde el inicio de este estudio en 2008, suspende la evaluación, y la situación de Castilla-La Mancha, que retrocede varios puestos. Por el contrario da la bienvenida en el grupo de aprobados a Navarra y Galicia.

El observatorio pone también de manifiesto cómo por primera vez en 2012 se estancó el gasto medio público por habitante y año en dependencia, congelándose en el mismo dato que en 2011, en 113 euros. Esta congelación se debe además a un descenso en la población en tanto en cómputo global, en 2012 se gastó en dependencia menos que el año anterior. Concretamente el gasto público total ascendió a 7.007 millones de euros en 2012 frente a los 7.401 millones de 2011.

Este descenso en el gasto público en dependencia es fruto directo de la reducción de aportaciones de la Administración central, que apenas aportó el 21,4 por ciento del total del gasto en dependencia, frente al 62,6 por ciento que aportaron las autonomías, pese a que la legislación obliga a que financien la dependencia las dos administraciones a partes iguales.

Recortes
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales ha sido especialmente crítico con los recortes de la Administración central y en su opinión "por eso no puede culparse a las autonomías de los malos resultados, a excepción de algunas regiones como la Comunidad Valenciana y Canarias que ni siquiera intentan hacerlo bien. Ha sido la Administración central la que no ha parado de recortar su dotación para dependencia y para 2013 lo ha vuelto a hacer, con 200 millones menos".

Ramírez ha aprovechado la presentación para criticar las palabras del consejero castellanomanchego, José Ignacio Echániz, en las que afirmaba que había que recortar en dependencia para poder financiar la sanidad. En su opinión esta idea "es fruto del desconocimiento porque el coste de una cama hospitalaria es de 300 euros por día mientras que en una residencia es de 50 euros al día. Y hay que recordar que todo lo que deje de invertirse en dependencia acaba recayendo sobre el sistema sanitario, en forma de ingresos hospitalarios".

"Al ritmo actual de evaluaciones se tardaría 11 años en acabar con la lista de espera de los dependientes"

La evaluación de la aplicación de la Ley de Dependencia en 2012 deja claro, según la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, que el llamado limbo de la dependencia, lejos de disminuir, está creciendo pese al "espejismo estadístico que hace pensar que se ha reducido, puesto que esa reducción es sólo fruto de la decisión de aplazar hasta 2015 el derecho de los dependientes moderados a ser atendidos".
Concretamente, la lista de espera en dependencia se ha situado en 230.203 personas a cierre de 2012, el 23 por ciento de todos los dependientes que tienen derecho reconocido a recibir ayudas pero que, en la práctica, no las están recibiendo por el retraso en la elaboración de su Programa Individual de Atención (PIA) que es un requisito imprescindible para poder materializar la ayuda.

Según José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, "actualmente se está tardando como mínimo 15 meses en resolver los trámites para acceder a las ayudas y estamos observando que las autonomías no están cumpliendo la tasa de reposición".

"Es decir-continúa Ramírez-, cada mes se produje la baja en el sistema de alrededor de 5.000 dependientes por su fallecimiento y sin embargo, el ritmo de inclusión de nuevos beneficiarios es de 1.700, lo que significa que si continúa este bajo ritmo se tardaría 11 años en poder acabar con la lista de espera que hay actualmente incluso si no se incorporara al sistema ningún nuevo dependiente durante esos próximos 11 años".

A esta crítica Ramírez añade la preocupación por la revisión a la baja de los grados de dependencia en los que se encuadra a cada persona en función de su situación sociosanitaria. Según sus observaciones "las autonomías han congelado no sólo no están cumpliendo la tasa de reposición sino que están revisando la situación de los que ya son beneficiarios concediéndoles un grado inferior para ofrecerles ayudas más bajas. Y eso sólo puede calificarse de retroceso".