Cohesión y sostenibilidad del SNS
Febrero de 2013 - Fernando Molina Guerrero. Presidente del Sector Nacional de CSI.F
La profunda y prolongada crisis que padecemos ha llevado al Gobierno a efectuar serios recortes del gasto público, a poner en marcha una nueva reforma laboral y a incrementar los ingresos vía impuestos directos e indirectos. A este carro se han sumado inmediatamente las CCAA, pese a las críticas vertidas al Gobierno central, añadiendo a los obligados por éste, otros recortes adicionales de índole regional
Evidentemente a nivel del sector sanitario a estos mismos recortes se han sumado modificaciones en las condiciones laborales, que afectan a retribuciones, permisos, jornada laboral, condiciones de la incapacidad temporal, copago farmacéutico y un largo etc....
Cuestionamos estos recortes en Sanidad puesto que el gasto sanitario de España en relación al PIB es sensiblemente más bajo que el de la mayoría de países europeos, y aún más cuando se produce desviación a otras partidas de los presupuestos destinados a Sanidad al no ser estos finalistas tal y como ha solicitado el sector de Sanidad de CSI-F.
Los expertos en análisis de la situación del SNS insisten en la necesidad de los recortes, pero también recomiendan introducir medidas estructurales, que inevitablemente pasan por una gestión distinta de la Sanidad, con especial incidencia en los recursos humanos y en mejoras en la financiación y la cohesión o coordinación del SNS. En recursos humanos abogan por un claro aumento en la productividad (que distintos estudios señalan como mala), mediante diferentes fórmulas, que pasarían por una mejor gestión del absentismo laboral, por la adecuación real de las plantillas a las necesidades y a modelos retributivos de incentivación en función de resultados en salud.
Es en esta dicotomía de ingresos-gastos, donde aparece de lleno el tan debatido y demagógico tema del copago. Insistíamos hace tiempo que estaba al llegar, como finalmente ha sucedido. Esta tasa es tachada por sus detractores como ineficaz, al no haber demostrado aumento en los ingresos, ni efecto disuasorio sobre el consumo, e insolidaria, puesto que afecta a las capas sociales más desfavorecidas y a los enfermos crónicos. Igualmente se piensa que existen otros medios para llegar al mismo fin, como el incremento de la productividad, de la que ya hemos hablado, la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida, o incluso, como veremos después, mediante la racionalización y unificación de la cartera de servicios financiada por la Administración. No obstante, nuestros hábitos de consumo sanitario son muy elevados si los comparamos con países de nuestro entorno europeo, socialmente avanzados, que sí tienen establecido el copago, siendo España junto al Reino Unido y Dinamarca los únicos que no contemplan un copago distinto del farmacéutico.
Asimismo los expertos recomendaban otros cambios estructurales como una cartera básica de servicios, posteriormente incluida en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y la que consideran necesaria cola-boración público-privada, como nueva fórmula de gestión de los servicios sanitarios, así como una mejor coordinación del SNS por parte del Ministerio.
CSI-F ha solicitado en numerosas ocasiones una cartera única de servicios sanitarios, que impida que estos dependan del lugar de residencia, estableciéndose una clara discriminación entre territorios. Pero, apreciemos, que proponen el aseguramiento universal de una cartera básica de prestaciones, unificando la cartera a la "baja", es decir, eliminando prestaciones mediante criterios de eficiencia.
La gestión de los servicios sanitarios en España se realiza a través de distintas fórmulas, siendo la más común la gestión directa, tradicional. En cuanto a la gestión indirecta es hoy muy habitual la del concierto, mediante el cual se realiza la prestación de servicios empleando medios ajenos a la Administración sanitaria como el caso de MUFACE. Estos conciertos son muy habituales, incluso en CCAA de signo político contrario a la "privatización" como puede ser Andalucía.
Pero en la actualidad la fórmula que se está extendiendo más es la de la concesión administrativa, modelo conocido como colaboración público-privada.
En España, la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC establece que todo hospital, centro sociosanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios, lo que choca frontalmente con el "rasgar de vestiduras" actual de determinados partidos políticos, ante el hecho consumado de que algunas CCAA opten o profundicen en este modelo de gestión. Debemos suponer que CCAA que aún no han optado por este modelo en la Sanidad, y azuzadas por la crisis, lo terminen haciendo, ya que han apostado por este modelo en otras áreas.
Brevemente diremos que estos modelos no son considerados por los expertos como una privatización de la Sanidad, ya que el suelo sobre el que se construye es público, el bien y su equipamiento revierte a lo público transcurrido el plazo del contrato en perfecto estado de mantenimiento, la financiación es pública, y la prestación del servicio gratuita y universal.
Este tema será debatido en nuestro sindicato a fin de adelantarnos a los acontecimientos, con una visión estratégica de lo que supone y va a suponer el personal laboral, público o privado.
Desde 2009 CSI-F viene manifestando la ineficiencia de los órganos encargados de velar por la cohesión del SNS, como el Consejo Interterritorial, la Comisión de Recursos Humanos o la Alta Inspección. Este criterio de CSI-F se vio reforzado con los informes emitidos posteriormente por el Consejo Económico y Social de España (01/2010), o por el propio Senado.
Resulta evidente, por tanto, que nuestra sociedad va a experimentar una serie de cambios con clara repercusión en el ámbito sanitario, que demandarán de CSI-F nuevos retos, que estoy seguro sabremos, como lo hemos hecho hasta ahora, asumir.
Cuestionamos estos recortes en Sanidad puesto que el gasto sanitario de España en relación al PIB es sensiblemente más bajo que el de la mayoría de países europeos, y aún más cuando se produce desviación a otras partidas de los presupuestos destinados a Sanidad al no ser estos finalistas tal y como ha solicitado el sector de Sanidad de CSI-F.
Los expertos en análisis de la situación del SNS insisten en la necesidad de los recortes, pero también recomiendan introducir medidas estructurales, que inevitablemente pasan por una gestión distinta de la Sanidad, con especial incidencia en los recursos humanos y en mejoras en la financiación y la cohesión o coordinación del SNS. En recursos humanos abogan por un claro aumento en la productividad (que distintos estudios señalan como mala), mediante diferentes fórmulas, que pasarían por una mejor gestión del absentismo laboral, por la adecuación real de las plantillas a las necesidades y a modelos retributivos de incentivación en función de resultados en salud.
Es en esta dicotomía de ingresos-gastos, donde aparece de lleno el tan debatido y demagógico tema del copago. Insistíamos hace tiempo que estaba al llegar, como finalmente ha sucedido. Esta tasa es tachada por sus detractores como ineficaz, al no haber demostrado aumento en los ingresos, ni efecto disuasorio sobre el consumo, e insolidaria, puesto que afecta a las capas sociales más desfavorecidas y a los enfermos crónicos. Igualmente se piensa que existen otros medios para llegar al mismo fin, como el incremento de la productividad, de la que ya hemos hablado, la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida, o incluso, como veremos después, mediante la racionalización y unificación de la cartera de servicios financiada por la Administración. No obstante, nuestros hábitos de consumo sanitario son muy elevados si los comparamos con países de nuestro entorno europeo, socialmente avanzados, que sí tienen establecido el copago, siendo España junto al Reino Unido y Dinamarca los únicos que no contemplan un copago distinto del farmacéutico.
Asimismo los expertos recomendaban otros cambios estructurales como una cartera básica de servicios, posteriormente incluida en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y la que consideran necesaria cola-boración público-privada, como nueva fórmula de gestión de los servicios sanitarios, así como una mejor coordinación del SNS por parte del Ministerio.
CSI-F ha solicitado en numerosas ocasiones una cartera única de servicios sanitarios, que impida que estos dependan del lugar de residencia, estableciéndose una clara discriminación entre territorios. Pero, apreciemos, que proponen el aseguramiento universal de una cartera básica de prestaciones, unificando la cartera a la "baja", es decir, eliminando prestaciones mediante criterios de eficiencia.
La gestión de los servicios sanitarios en España se realiza a través de distintas fórmulas, siendo la más común la gestión directa, tradicional. En cuanto a la gestión indirecta es hoy muy habitual la del concierto, mediante el cual se realiza la prestación de servicios empleando medios ajenos a la Administración sanitaria como el caso de MUFACE. Estos conciertos son muy habituales, incluso en CCAA de signo político contrario a la "privatización" como puede ser Andalucía.
Pero en la actualidad la fórmula que se está extendiendo más es la de la concesión administrativa, modelo conocido como colaboración público-privada.
En España, la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC establece que todo hospital, centro sociosanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios, lo que choca frontalmente con el "rasgar de vestiduras" actual de determinados partidos políticos, ante el hecho consumado de que algunas CCAA opten o profundicen en este modelo de gestión. Debemos suponer que CCAA que aún no han optado por este modelo en la Sanidad, y azuzadas por la crisis, lo terminen haciendo, ya que han apostado por este modelo en otras áreas.
Brevemente diremos que estos modelos no son considerados por los expertos como una privatización de la Sanidad, ya que el suelo sobre el que se construye es público, el bien y su equipamiento revierte a lo público transcurrido el plazo del contrato en perfecto estado de mantenimiento, la financiación es pública, y la prestación del servicio gratuita y universal.
Este tema será debatido en nuestro sindicato a fin de adelantarnos a los acontecimientos, con una visión estratégica de lo que supone y va a suponer el personal laboral, público o privado.
Desde 2009 CSI-F viene manifestando la ineficiencia de los órganos encargados de velar por la cohesión del SNS, como el Consejo Interterritorial, la Comisión de Recursos Humanos o la Alta Inspección. Este criterio de CSI-F se vio reforzado con los informes emitidos posteriormente por el Consejo Económico y Social de España (01/2010), o por el propio Senado.
Resulta evidente, por tanto, que nuestra sociedad va a experimentar una serie de cambios con clara repercusión en el ámbito sanitario, que demandarán de CSI-F nuevos retos, que estoy seguro sabremos, como lo hemos hecho hasta ahora, asumir.
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