El Parlamento catalán pide al TC volver a cobrar de inmediato el euro por receta
Barcelona (19/02/2013) - E.P.
El escrito, firmado por el letrado de la cámara catalana, argumenta que la suspensión de esta tasa, en el actual contexto de crisis, compromete los proyectos financieros de Cataluña y de España y "no parece el mejor mensaje que lanzar a los mercados y a las instituciones europeas"
El Parlamento catalán ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) el "levantamiento inmediato" de la suspensión del euro por receta que cobraba la Generalitat en Cataluña, y que desde el 16 de enero está anulado de forma cautelar después del recurso presentado por el Gobierno central.
El escrito, firmado por el letrado de la cámara catalana, argumenta que la suspensión de esta tasa, en el actual contexto de crisis, compromete los proyectos financieros de Cataluña y de España y "no parece el mejor mensaje que lanzar a los mercados y a las instituciones europeas".
Asimismo, recuerda que la estabilidad presupuestaria es un imperativo constitucional tras la reforma del artículo 135, y como que la tasa anulada estaba diseñada para cumplir con los objetivos de déficit, entiende que la suspensión produce "perjuicios irreparables de imposible o difícil reparación" para las arcas de la Generalitat.
El escrito del Gobierno catalán subraya que la suspensión cautelar de cinco meses prevista en el proceso es lesiva para los intereses de todo el Estado y en el euro por receta "elimina los efectos de racionalización" en la petición de medicamentos.
Entre las diferentes alegaciones, el Parlamento argumenta que el recurso de inconstitucionalidad fue presentado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en calidad de "presidenta en funciones", porque ese día el presidente Mariano Rajoy asistía a un Consejo Europeo en Bruselas y fue Santamaría la que presidió el Consejo de Ministros.
A su entender, es "constitucionalmente inconcebible" la existencia de dos presidentes que ejerzan funciones simultáneamente, y señala que no existía una urgencia inmediata que justificara la presentación del recurso el 14 de diciembre --cuando se hizo--, ya que existía tiempo hasta el 23, por lo que incide en la supuesta falta de legitimación constitucional.
Adicionalmente, considera que el recurso del Gobierno central no cuenta con los motivos y fundamentos jurídicos necesarios para pedir la suspensión de esta tasa en vigor, y por ello pide al TC que se desestime "por su carácter genérico".
El Parlamento entiende también que no existe "coincidencia" en los hechos imponibles, a pesar de las leyes posteriores aprobadas por el Gobierno en materia de medicamentos, y defiende que como se trata de competencias propias de Cataluña, la Generalitat tiene competencia para establecer sus propios tributos.
En relación al euro por receta descarta que la medida esté orientada a gravar los productos farmacéuticos, y afirma que no se excluye a nadie de la prestación de medicamentos y "tampoco se altera el precio" de éstos. Adicionalmente, precisa que no sólo se trata de una cuestión económica recaudatoria, y cita el "riesgo moral que determina un aumento de la demanda, sin ninguna consecuencia beneficiosa para su salud, cuando una persona accede de forma ilimitada a una prestación farmacéutica".
El escrito, firmado por el letrado de la cámara catalana, argumenta que la suspensión de esta tasa, en el actual contexto de crisis, compromete los proyectos financieros de Cataluña y de España y "no parece el mejor mensaje que lanzar a los mercados y a las instituciones europeas".
Asimismo, recuerda que la estabilidad presupuestaria es un imperativo constitucional tras la reforma del artículo 135, y como que la tasa anulada estaba diseñada para cumplir con los objetivos de déficit, entiende que la suspensión produce "perjuicios irreparables de imposible o difícil reparación" para las arcas de la Generalitat.
El escrito del Gobierno catalán subraya que la suspensión cautelar de cinco meses prevista en el proceso es lesiva para los intereses de todo el Estado y en el euro por receta "elimina los efectos de racionalización" en la petición de medicamentos.
Entre las diferentes alegaciones, el Parlamento argumenta que el recurso de inconstitucionalidad fue presentado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en calidad de "presidenta en funciones", porque ese día el presidente Mariano Rajoy asistía a un Consejo Europeo en Bruselas y fue Santamaría la que presidió el Consejo de Ministros.
A su entender, es "constitucionalmente inconcebible" la existencia de dos presidentes que ejerzan funciones simultáneamente, y señala que no existía una urgencia inmediata que justificara la presentación del recurso el 14 de diciembre --cuando se hizo--, ya que existía tiempo hasta el 23, por lo que incide en la supuesta falta de legitimación constitucional.
Adicionalmente, considera que el recurso del Gobierno central no cuenta con los motivos y fundamentos jurídicos necesarios para pedir la suspensión de esta tasa en vigor, y por ello pide al TC que se desestime "por su carácter genérico".
El Parlamento entiende también que no existe "coincidencia" en los hechos imponibles, a pesar de las leyes posteriores aprobadas por el Gobierno en materia de medicamentos, y defiende que como se trata de competencias propias de Cataluña, la Generalitat tiene competencia para establecer sus propios tributos.
En relación al euro por receta descarta que la medida esté orientada a gravar los productos farmacéuticos, y afirma que no se excluye a nadie de la prestación de medicamentos y "tampoco se altera el precio" de éstos. Adicionalmente, precisa que no sólo se trata de una cuestión económica recaudatoria, y cita el "riesgo moral que determina un aumento de la demanda, sin ninguna consecuencia beneficiosa para su salud, cuando una persona accede de forma ilimitada a una prestación farmacéutica".
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