ANÁLISIS
Una responsabilidad especial en Europa
La Conferencia Episcopal alemana ya se enfrentó a Roma por asesorar a mujeres sobre el aborto
La Iglesia católica alemana siempre se ha distinguido en la cristiandad, como queriendo confirmar el famoso dicterio bávaro, tan funesto a la postre, de ser la raza de los mejores, supuestamente suavizado como la raza de los señores. Hoy, la prepotencia políticamente correcta se expresa con la afirmación de creerse Alemania con “una responsabilidad especial en el destino de Europa”. Lo decía la pasada Navidad la canciller Merkel.
Lo curioso es que ha tenido que ser un alemán, Joseph Ratzinger, el encargado de bajar los humos a la Conferencia Episcopal de su país en el empeño de actuar por libre y adelante. Lo hará en los últimos días de su pontificado para frenar (o matizar cuanto pueda) la decisión de los obispos sobre la píldora del día después, siempre reprobable para la doctrina romana, sin excepción misericordiosa; y lo tuvo que hacer en 1999 cuando la misma conferencia de prelados acordó incluir el tema del aborto voluntario en los centros de asesoría católicos para embarazadas.
En Alemania, un país de baja tasa de natalidad, se practicaban entonces unos 100.000 abortos anuales, cifra que el Gobierno democristiano del excanciller Kohl intentaba rebajar con generosas subvenciones (2.500 euros) por cada mujer que presentase certificado de haber sido asesorada en algún centro confesional. Existen 1.700 de esos centros, y el papa Ratzinger, entonces presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, maquinó con Juan Pablo II una estrategia para imponer su criterio de no dar certificados.
El pulso duró dos años, y lo ganó Roma, pese a que los datos de la Conferencia Episcopal indicaban que los asesoramientos cumplían con una eficaz labor pastoral al lograr que un 25% de las mujeres que acudían a sus consultas con la intención de abortar cambiasen de opinión y renunciasen a interrumpir el embarazo.
Entonces, el principal opositor a Roma era nada menos que el arzobispo Karl Lehmann, que llevaba tres mandatos en la presidencia de la Conferencia Episcopal y que hubo de esperar a que se muriera Juan Pablo II para ser nombrado cardenal, un clamor de los católicos de su país que no pudo ignorar el ya papa Ratzinger.
El problema de los certificados a embarazadas, además de doctrinal, es también económico. Los católicos alemanes pagan un impuesto directo para el sostenimiento de su Iglesia, pero los consultorios son fuente de financiación añadida. Por eso intentaron llegar a un acuerdo intermedio, que Ratzinger rechazó. La idea era emitir los certificados requeridos por el Estado con la advertencia de que no valían para los abortos. Los juristas restaron validez a dicha coletilla. El requisito que se exige a la mujer, previamente al aborto legal, es demostrar que recibió asesoría en un centro autorizado. La resistencia de los obispos alemanes, entonces como ahora, tiene que ver, por tanto, con razones morales, pero también de poder, ya que su labor pastoral se desarrolla en fortísima competencia con los protestantes, que sí mantienen sus asesorías para abortos y planificación familiar. En Alemania hay 28 millones de protestantes y 25,6 millones de católicos, según las últimas estadísticas.
Lo curioso es que ha tenido que ser un alemán, Joseph Ratzinger, el encargado de bajar los humos a la Conferencia Episcopal de su país en el empeño de actuar por libre y adelante. Lo hará en los últimos días de su pontificado para frenar (o matizar cuanto pueda) la decisión de los obispos sobre la píldora del día después, siempre reprobable para la doctrina romana, sin excepción misericordiosa; y lo tuvo que hacer en 1999 cuando la misma conferencia de prelados acordó incluir el tema del aborto voluntario en los centros de asesoría católicos para embarazadas.
En Alemania, un país de baja tasa de natalidad, se practicaban entonces unos 100.000 abortos anuales, cifra que el Gobierno democristiano del excanciller Kohl intentaba rebajar con generosas subvenciones (2.500 euros) por cada mujer que presentase certificado de haber sido asesorada en algún centro confesional. Existen 1.700 de esos centros, y el papa Ratzinger, entonces presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, maquinó con Juan Pablo II una estrategia para imponer su criterio de no dar certificados.
El pulso duró dos años, y lo ganó Roma, pese a que los datos de la Conferencia Episcopal indicaban que los asesoramientos cumplían con una eficaz labor pastoral al lograr que un 25% de las mujeres que acudían a sus consultas con la intención de abortar cambiasen de opinión y renunciasen a interrumpir el embarazo.
Entonces, el principal opositor a Roma era nada menos que el arzobispo Karl Lehmann, que llevaba tres mandatos en la presidencia de la Conferencia Episcopal y que hubo de esperar a que se muriera Juan Pablo II para ser nombrado cardenal, un clamor de los católicos de su país que no pudo ignorar el ya papa Ratzinger.
El problema de los certificados a embarazadas, además de doctrinal, es también económico. Los católicos alemanes pagan un impuesto directo para el sostenimiento de su Iglesia, pero los consultorios son fuente de financiación añadida. Por eso intentaron llegar a un acuerdo intermedio, que Ratzinger rechazó. La idea era emitir los certificados requeridos por el Estado con la advertencia de que no valían para los abortos. Los juristas restaron validez a dicha coletilla. El requisito que se exige a la mujer, previamente al aborto legal, es demostrar que recibió asesoría en un centro autorizado. La resistencia de los obispos alemanes, entonces como ahora, tiene que ver, por tanto, con razones morales, pero también de poder, ya que su labor pastoral se desarrolla en fortísima competencia con los protestantes, que sí mantienen sus asesorías para abortos y planificación familiar. En Alemania hay 28 millones de protestantes y 25,6 millones de católicos, según las últimas estadísticas.
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