Las CCAA ahorrarían unos 400 millones con la aprobación de la Orden Ministerial de precios de referencia
Madrid (15/03/13) - Silvia C. Carpallo
Esta normativa permitiría la creación de 496 nuevos conjuntos, gracias a la inclusión de fármacos cuyo ingrediente o principio activo haya sido autorizado en la UE hace al menos 10 años. De esta manera se produciría un importante ahorro para la Administración, pero también una pérdida de 280 millones para los laboratorios.
En los últimos tres años el sistema de precios de referencia ha sufrido múltiples cambios, el último de ellos tras el RDL 16/2012, pero parece que no ha sido suficiente. El Ministerio continúa con la elaboración de una nueva Orden Ministerial de precios de referencia, que actualmente sigue en fase de alegaciones, para contener aún más el gasto farmacéutico.
Dentro de la XLV Jornada FUINSA sobre la Propuesta de precios de referencia, José Manuel García Herrero, jefe de Servicio de Intervención de Precios del Ministerio de Sanidad, intentaba aclarar los detalles que modificará esta nueva normativa, con el fin de agilizar el proceso de alegaciones entre el sector, teniendo siempre en cuenta que se trata de un borrador, y que el texto final que se publique en el BOE puede ser distinto.
Entre los principales cambios está la creación de nuevos conjuntos que se adscribirían al sistema de precios de referencia. De esta manera se incluirán aquellos conjuntos que incluyan un medicamento genérico o biosimilar, pero también aquellos que incluyan un fármaco cuyo principio activo o ingrediente haya sido autorizado hace más de diez años por la UE. Este cambio tiene como consecuencia que pasarían a formarse un total de 779 conjuntos entre recetas y Farmacia Hospitalaria, 496 de ellos de nueva creación. Igualmente, respecto a la repartición actual existente, desaparecen 11 conjuntos, principalmente debido a la ampliación de fármacos que han quedado fuera de la financiación pública. Por otra parte, García Herrero insistía en la aceptación de nuevos requisitos como la necesidad de verificar que los fármacos estén comercializados, "que tiene como principal objetivo garantizar el abastecimiento".
Otro de los grandes cambios, y de los más controvertidos, es la supresión del umbral mínimo, y la revisión del sistema de forma anual, con el objetivo de dar una mayor estabilidad al sector.
Los cálculos del impacto previsible de esta medida tienen una doble cara. Por un lado están los datos sobre el ahorro que generaría, que se calcula en 400 millones para las CCAA, 14 millones para las mutualidades y 26,5 millones para la propia ciudadanía. Pero también están las pérdidas que suponen al sector, que se traducen en 280 millones para los laboratorios, 23 millones para los distribuidores, 116 millones para las oficinas de Farmacia, y además 17 millones para Hacienda, debido a la pérdida de ingresos por IVA.
Visión del sector farmacéutico
Dado que se ha alargado el periodo de alegaciones, tanto Farmaindustria como AESEG preferían no intervenir públicamente, pero si asistía como representante de la Industria José Félix Olalla, gerente nacional de Relaciones Institucionales de Sanofi. Muy esquemáticamente destacaba como lo más significativo de esta normativa el aumento de conjuntos y el gran número de presentaciones- alrededor de 15.000- que se verán afectadas, así como "la notable erosión en la dinámica de precios".
Como aspectos más positivos hacía referencia al hecho de haber optado por una Orden Ministerial, y no por un Real Decreto Ley, como viene siendo casi una costumbre, lo cual al menos dejaba margen a alegaciones y a posibles correcciones. Asimismo agradecía el hecho de haber tenido en cuenta la comercialización efectiva.
Pero también hacía su crítica, principalmente al hecho de la supresión del umbral mínimo "sin ni si quiera la consideración tácita del mismo", lo que provocaría no sólo problemas de sostenibilidad para los laboratorios – bajo este sistema productos como las lágrimas artificiales quedarían, salvo corrección posterior, al precio de 0,01 céntimos- sino la desconfianza de la ciudadanía sobre la calidad de dichos fármacos. Por último manifestaba su malestar ante la integración de conjuntos con características distintas, o la ruptura del cálculo del precio de referencia.
Dentro de la XLV Jornada FUINSA sobre la Propuesta de precios de referencia, José Manuel García Herrero, jefe de Servicio de Intervención de Precios del Ministerio de Sanidad, intentaba aclarar los detalles que modificará esta nueva normativa, con el fin de agilizar el proceso de alegaciones entre el sector, teniendo siempre en cuenta que se trata de un borrador, y que el texto final que se publique en el BOE puede ser distinto.
Entre los principales cambios está la creación de nuevos conjuntos que se adscribirían al sistema de precios de referencia. De esta manera se incluirán aquellos conjuntos que incluyan un medicamento genérico o biosimilar, pero también aquellos que incluyan un fármaco cuyo principio activo o ingrediente haya sido autorizado hace más de diez años por la UE. Este cambio tiene como consecuencia que pasarían a formarse un total de 779 conjuntos entre recetas y Farmacia Hospitalaria, 496 de ellos de nueva creación. Igualmente, respecto a la repartición actual existente, desaparecen 11 conjuntos, principalmente debido a la ampliación de fármacos que han quedado fuera de la financiación pública. Por otra parte, García Herrero insistía en la aceptación de nuevos requisitos como la necesidad de verificar que los fármacos estén comercializados, "que tiene como principal objetivo garantizar el abastecimiento".
Otro de los grandes cambios, y de los más controvertidos, es la supresión del umbral mínimo, y la revisión del sistema de forma anual, con el objetivo de dar una mayor estabilidad al sector.
Los cálculos del impacto previsible de esta medida tienen una doble cara. Por un lado están los datos sobre el ahorro que generaría, que se calcula en 400 millones para las CCAA, 14 millones para las mutualidades y 26,5 millones para la propia ciudadanía. Pero también están las pérdidas que suponen al sector, que se traducen en 280 millones para los laboratorios, 23 millones para los distribuidores, 116 millones para las oficinas de Farmacia, y además 17 millones para Hacienda, debido a la pérdida de ingresos por IVA.
Visión del sector farmacéutico
Dado que se ha alargado el periodo de alegaciones, tanto Farmaindustria como AESEG preferían no intervenir públicamente, pero si asistía como representante de la Industria José Félix Olalla, gerente nacional de Relaciones Institucionales de Sanofi. Muy esquemáticamente destacaba como lo más significativo de esta normativa el aumento de conjuntos y el gran número de presentaciones- alrededor de 15.000- que se verán afectadas, así como "la notable erosión en la dinámica de precios".
Como aspectos más positivos hacía referencia al hecho de haber optado por una Orden Ministerial, y no por un Real Decreto Ley, como viene siendo casi una costumbre, lo cual al menos dejaba margen a alegaciones y a posibles correcciones. Asimismo agradecía el hecho de haber tenido en cuenta la comercialización efectiva.
Pero también hacía su crítica, principalmente al hecho de la supresión del umbral mínimo "sin ni si quiera la consideración tácita del mismo", lo que provocaría no sólo problemas de sostenibilidad para los laboratorios – bajo este sistema productos como las lágrimas artificiales quedarían, salvo corrección posterior, al precio de 0,01 céntimos- sino la desconfianza de la ciudadanía sobre la calidad de dichos fármacos. Por último manifestaba su malestar ante la integración de conjuntos con características distintas, o la ruptura del cálculo del precio de referencia.
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