El PSOE pide al Gobierno que “rectifique sus políticas sanitarias equivocadas” que “perjudican la salud de los ciudadanos”
Madrid (18/04/2013) - Redacción/E.P.
• En el Pleno del Congreso, el PP rechaza gracias a su mayoría absoluta la moción socialista, apoyada por el resto de grupos parlamentarios
• También es rechazada otra propuesta socialista para asegurar las subvenciones a trasplantes tras el recorte del 20 por ciento
El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos, ha reclamado al Gobierno, en el Pleno del Congreso, que "rectifique las políticas sanitarias equivocadas" adoptadas por el Gobierno en el Real Decreto Ley 16/2012, "que perjudican la salud de los ciudadanos". La moción ha sido rechazada gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.
Olmos ha instado al PP a apoyar "el desarrollo de las medidas normativas que permitan volver a situar el sistema sanitario y el derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud como un derecho de ciudadanía", algo que permitiría -ha dicho- "reconciliar al PP con la mayoría sociedad" y "sentar las bases de lo que pudiera ser el encuentro en el ámbito parlamentario de lo que muchos reclaman como un pacto por la Sanidad".
Para ello, el Grupo Socialista ha defendido una moción que "recoge la preocupación de los ciudadanos y los profesionales por las consecuencias de las políticas sanitarias del Gobierno", en la que reclaman que se asegure la universalidad del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y la atención sanitaria, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular, y piden que se evalúe el impacto de las medidas y recortes adoptados por el Gobierno.
En este sentido, el portavoz socialista ha subrayado que la incorporación de copagos farmacéuticos y de otras prestaciones supone un "obstáculo real" en el acceso a los mismos para algunos ciudadanos, sobre todo pensionistas, crónicos o pacientes con enfermedades raras.
El PSOE reclama, además, un nuevo modelo de financiación "que asegure la suficiencia, equidad y cohesión del sistema público". Para Martínez Olmos, la deuda de cerca de 9.000 millones de euros generada en 2012 "certifica el fracaso del Real Decreto Ley del Gobierno en términos de sostenibilidad".
Subvenciones a programas de donación y trasplante de órganos
De igual modo, el portavoz socialista ha pedido al Gobierno que "su política económica no ponga en riesgo programas de salud que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas desarrollan mediante subvenciones", como los de formación en materia de donación y trasplante de órganos, y programas preventivos muy relevantes, como los del VIH-SIDA. La propuesta socialista también ha sido rechazada.
La iniciativa socialista contemplaba mantener y asegurar la dotación presupuestaria de los programas de formación en materia de donación y trasplante de órganos -cuyas partidas han disminuido en un 20 por ciento- y que las subvenciones no se supediten al cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de las CCAA, lo que supondría "una discriminación por razones económicas que generaría desigualdades en la protección de la salud y que terminarían pagando los ciudadanos de determinadas comunidades". Y, finalmente, planteaba impulsar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, "apostando por las políticas de prevención y promoción de la salud".
El PSOE ha realizado esta petición tras el recorte del 20 por ciento publicado en el BOE de la semana pasada en la convocatoria de subvenciones encaminadas, entre otros objetivos, a mejorar los índices de donación y coincidiendo con la puesta en marcha del decreto de reforma sanitaria hace apenas un año.
Se trata de una moción, consecuencia de la interpelación que la titular del ramo, Ana Mato, y el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, tuvieron ocasión de debatir la semana pasada en la Cámara Baja y que sí ha sido respaldada por CiU, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Compromís-Equo.
Precisamente, Ana Mato aseguró que este 'tijeretazo' del 20 por ciento en las subvenciones no iba a afectar al funcionamiento de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). En este caso, Martínez Olmos ha avisado de que el Gobierno ha decidido que las CCAA que no cumplan el objetivo de déficit serán discriminadas salvo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considere lo contrario.
"Corren riesgo programas de donación de órganos y de trasplantes, programas preventivos muy relevantes que pueden tener consecuencias en la salud de las personas y pedimos al Gobierno que se pueda evitar una discriminación que por razones de política económica tengan que pagar los ciudadanos", ha sentenciado.
La oposición, en contra de los recortes
Desde la oposición, la mayor parte de grupos ha aprovechado su intervención para rechazar el decreto de reforma sanitaria puesto en marcha por el Ejecutivo hace un año. De hecho, Rosa Díez, de UPyD, ha señalado que al ver la opinión de la oposición, el Gobierno podría aprovechar el momento para hacer un balance de este decreto de recortes.
Conxita Tarruella, de CiU, ha destacado la unanimidad de la oposición contra el decreto de reforma sanitaria hace un año, donde se introduce el derecho de aseguramiento por ejemplo, y por ello ha recalcado que apoyará la moción, especialmente el punto segundo, relativo a realizar una evaluación del impacto en la salud del decreto de reforma sanitaria.
Eso sí, la nacionalista catalana ha dado un "tironcito de orejas" a sus compañeros de PSOE e IU, al abandonar el grupo de trabajo del Congreso para un pacto sociosanitario y al que dice que todavía están a tiempo de incluirse, para buscar la solución a la financiación del sistema de salud.
Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha destacado que la web del Ministerio de Sanidad "miente" y por ejemplo dice que las personas con discapacidad no pagan medicamentos cuando sí lo están haciendo, a su juicio, al mismo tiempo que ha resaltado que el problema es que existe un presupuesto inferior a lo previsto y no de endeudamiento, y los recortes están dando más peso al sistema privado.
Olmos ha instado al PP a apoyar "el desarrollo de las medidas normativas que permitan volver a situar el sistema sanitario y el derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud como un derecho de ciudadanía", algo que permitiría -ha dicho- "reconciliar al PP con la mayoría sociedad" y "sentar las bases de lo que pudiera ser el encuentro en el ámbito parlamentario de lo que muchos reclaman como un pacto por la Sanidad".
Para ello, el Grupo Socialista ha defendido una moción que "recoge la preocupación de los ciudadanos y los profesionales por las consecuencias de las políticas sanitarias del Gobierno", en la que reclaman que se asegure la universalidad del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y la atención sanitaria, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular, y piden que se evalúe el impacto de las medidas y recortes adoptados por el Gobierno.
En este sentido, el portavoz socialista ha subrayado que la incorporación de copagos farmacéuticos y de otras prestaciones supone un "obstáculo real" en el acceso a los mismos para algunos ciudadanos, sobre todo pensionistas, crónicos o pacientes con enfermedades raras.
El PSOE reclama, además, un nuevo modelo de financiación "que asegure la suficiencia, equidad y cohesión del sistema público". Para Martínez Olmos, la deuda de cerca de 9.000 millones de euros generada en 2012 "certifica el fracaso del Real Decreto Ley del Gobierno en términos de sostenibilidad".
Subvenciones a programas de donación y trasplante de órganos
De igual modo, el portavoz socialista ha pedido al Gobierno que "su política económica no ponga en riesgo programas de salud que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas desarrollan mediante subvenciones", como los de formación en materia de donación y trasplante de órganos, y programas preventivos muy relevantes, como los del VIH-SIDA. La propuesta socialista también ha sido rechazada.
La iniciativa socialista contemplaba mantener y asegurar la dotación presupuestaria de los programas de formación en materia de donación y trasplante de órganos -cuyas partidas han disminuido en un 20 por ciento- y que las subvenciones no se supediten al cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de las CCAA, lo que supondría "una discriminación por razones económicas que generaría desigualdades en la protección de la salud y que terminarían pagando los ciudadanos de determinadas comunidades". Y, finalmente, planteaba impulsar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, "apostando por las políticas de prevención y promoción de la salud".
El PSOE ha realizado esta petición tras el recorte del 20 por ciento publicado en el BOE de la semana pasada en la convocatoria de subvenciones encaminadas, entre otros objetivos, a mejorar los índices de donación y coincidiendo con la puesta en marcha del decreto de reforma sanitaria hace apenas un año.
Se trata de una moción, consecuencia de la interpelación que la titular del ramo, Ana Mato, y el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, tuvieron ocasión de debatir la semana pasada en la Cámara Baja y que sí ha sido respaldada por CiU, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Compromís-Equo.
Precisamente, Ana Mato aseguró que este 'tijeretazo' del 20 por ciento en las subvenciones no iba a afectar al funcionamiento de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). En este caso, Martínez Olmos ha avisado de que el Gobierno ha decidido que las CCAA que no cumplan el objetivo de déficit serán discriminadas salvo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considere lo contrario.
"Corren riesgo programas de donación de órganos y de trasplantes, programas preventivos muy relevantes que pueden tener consecuencias en la salud de las personas y pedimos al Gobierno que se pueda evitar una discriminación que por razones de política económica tengan que pagar los ciudadanos", ha sentenciado.
La oposición, en contra de los recortes
Desde la oposición, la mayor parte de grupos ha aprovechado su intervención para rechazar el decreto de reforma sanitaria puesto en marcha por el Ejecutivo hace un año. De hecho, Rosa Díez, de UPyD, ha señalado que al ver la opinión de la oposición, el Gobierno podría aprovechar el momento para hacer un balance de este decreto de recortes.
Conxita Tarruella, de CiU, ha destacado la unanimidad de la oposición contra el decreto de reforma sanitaria hace un año, donde se introduce el derecho de aseguramiento por ejemplo, y por ello ha recalcado que apoyará la moción, especialmente el punto segundo, relativo a realizar una evaluación del impacto en la salud del decreto de reforma sanitaria.
Eso sí, la nacionalista catalana ha dado un "tironcito de orejas" a sus compañeros de PSOE e IU, al abandonar el grupo de trabajo del Congreso para un pacto sociosanitario y al que dice que todavía están a tiempo de incluirse, para buscar la solución a la financiación del sistema de salud.
Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha destacado que la web del Ministerio de Sanidad "miente" y por ejemplo dice que las personas con discapacidad no pagan medicamentos cuando sí lo están haciendo, a su juicio, al mismo tiempo que ha resaltado que el problema es que existe un presupuesto inferior a lo previsto y no de endeudamiento, y los recortes están dando más peso al sistema privado.
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