jueves, 9 de mayo de 2013

El PP echa la culpa a Rajoy del copago de prótesis por los discapacitados | Comunidad Valenciana | EL PAÍS

El PP echa la culpa a Rajoy del copago de prótesis por los discapacitados | Comunidad Valenciana | EL PAÍS


El PP echa la culpa a Rajoy del copago de prótesis por los discapacitados

Rus sale del hemiciclo para no contradecir la moción que aprobó en Xàtiva

La oposición pide sin éxito que vuelva a prohibirse actuar en suelos incendiados


Luis Díaz Alperi, uno de los parlamentarios del PP imputados, en actitud relajada durante el pleno. / JOSÉ JORDÁN

“¡Rus no vota! ¡Rus no vota!”, exclamaban algunas voces desde los escaños de la oposición mientras el PP rechazaba este miércoles en las Cortes Valencianas una proposición de ley socialista que planteaba devolver la gratuidad de medicamentos y prestaciones ortoprotésicas a los discapacitados. El diputado Ignacio Subías, al defenderla, recordó que, en forma de moción, se había aprobado en muchos Ayuntamientos, como el de Xàtiva, donde es alcalde Alfonso Rus, también diputado autonómico. “Si vota a favor, le aplaudiré”, dijo Subías. “Si vota en contra, le diré que hace usted fariseísmo político”. Rus, que es, a la vez que alcalde y diputado, presidente de la Diputación de Valencia y presidente provincial del PP, optó por no hacer ni una cosa ni otra y abandonó el hemiciclo para no tener que votar. La concejal de Xàtiva y también diputada del PP Maria Josep Masip, por su parte, estaba ausente del pleno.

Subías recordó el caso del paciente a quien retiraron una prótesis en el mismo hospital de Valencia en el que fue operado porque no tenía dinero para pagarla. Según el diputado socialista, el copago es “un castigo cruel” que pone “en riesgo de exclusión a quien tiene más necesidades”. María José García, del PP, argumentó que la implantación de esa medida no es competencia de la Generalitat sino que se deriva del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que establece un “nuevo sistema de aseguramiento sanitario”.

Rechazada una moción para pagar a entidades que cuidan a dependientes

Los populares optaron por echar balones fuera en otro tema relacionado con la dependencia. Esther López Barceló, de Esquerra Unida, exigió, con el apoyo del resto de la oposición, mecanismos que garanticen el pago de las ayudas a las entidades sin ánimo de lucro que atienden a los dependientes para evitar su “colapso absoluto” y reclamó consenso en el nuevo modelo. “No se va hacer más recortes, no se van a tomar más medidas”, dijo Carmen Amorós, del PP, que acusó a la oposición de crear alarma y dijo que el Consell ejecuta una política “realista” para aplicar una Ley de Dependencia “que nació sin previsión de financiación”.

Tampoco tuvo éxito el socialista Francesc Signes al defender otra proposición de ley que pretendía volver a prohibir la actuación sobre terrenos forestales que hayan sufrido incendios. La disposición que lo impedía, incluida en la Ley Forestal, fue modificada a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Signes, que contó con el apoyo de Lluís Torró, de Esquerra Unida, y de Juan Ponce, de Compromís, acusó al PP de haber hecho un cambio irregular, porque afecta a una normativa estatal, y de haber pactado con el ministro Arias Cañete su consolidación solo para “legalizar” el vertedero de Dos Aguas, contra el que pesa una sentencia por estar ubicado en un terreno que sufrió un incendio.

Los populares se oponen a pagar del FLA la deuda con centros tecnológicos

La popular Verónica Marcos le acusó de “político pirómano” porque hizo declaraciones que causaron alarma cuando se produjeron los grandes incendios de Andilla y Cortes de Pallás, en julio de 2012. “Si mis palabras causan alarma, sus políticas causan desastres”, respondió el diputado socialista.

En un pleno en el que el escaño de Mònica Oltra estuvo ocupado por un pequeño ramo de flores, y en el que Compromís agradeció a todos los grupos las muestras de condolencia por la muerte del padre de la diputada, enterrado ayer mismo, el socialista Francisco Toledo vio cómo se rechazaba una moción para que los 65 millones que el Consell debe a los institutos tecnológicos se paguen desde el Fondo de Liquidez Autonómico. Antonio Peral, del PP, le replicó que el Consell “se toma muy en serio” la I+D+i.

130 cargos a dedo en consejos públicos

A. B., Valencia
El partido del Gobierno rechazó todas las enmiendas a la Ley de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público y Fundacional de la Generalitat. Fueron 150 enmiendas las que presentaron los grupos de la oposición a una ley que ya se está aplicando porque antes fue un decreto del Consell. Rubén Ibáñez, del PP, acusó a la izquierda, —a cuyos diputados calificó de “tres tenores”—, de no plantear alternativas, y justificó que había que hacer “sostenible” el sector público de la Generalitat, reduciéndolo de unas 70 a 24 empresas.
Sin embargo, la oposición recordó que ya son dos las sentencias que han tumbado expedientes de regulación de empleo (ERE), en la Agencia Valenciana de Movilidad y en Vaersa, y dijo que se hace pagar los excesos a quienes no son responsables. “Se quedan mayoritariamente los enchufados, muchos familiares suyos”, reprochó a la bancada del PP el portavoz de Compromís, Enric Morera. Para Ignacio Blanco, de Esquerra Unida del País Valencià, se trata de “un genocidio laboral a gran escala”. Y en opinión del socialista Francisco Toledo, las cosas deberían haberse hecho al revés, metiendo “la tijera en las sociedades que gestionan los caprichos del PP”, como las relacionadas con grandes eventos. Toledo reveló un dato: en los consejos de administración de las empresas públicas de la Generalitat hay 130 personas que no son cargos públicos y que han sido nombradas “discrecionalmente”. El diputado pidió un sector público “más transparente”.

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