| Nueva directiva sobre tabaco
Se buscan abogados para un asesino en serie
Ilustración: Ajubel(*)Vicente Bertomeu | Madrid
Actualizado martes 14/05/2013 08:28 horas
El tabaco mata a uno de cada dos fumadores. Mata repetidamente, una y otra vez, hasta 700.000 veces al año en Europa. Por ello, en los últimos años se han promulgado leyes para regular, que no prohibir, el consumo de tabaco en los puestos de trabajo, bares, restaurantes y lugares públicos. Sin embargo, a un vicio tan nocivo para la salud individual y para la propia sociedad le surgen abogados defensores, concretamente los dirigentes de cinco comunidades autónomas españolas. Un hecho nada desdeñable.
¿La explicación de esta defensa? Es simple, pero infundada y con tintes demagógicos, se trata de un mero motivo económico cortoplacista, un razonamiento que no tiene en cuenta que la erradicación de este mal vicio podría ahorrar a la Unión Europea más de 500.000 millones de euros anualmente en costes sanitarios, pérdidas de productividad y de vida (25.000 millones solo en atención médica).
Debe tenerse en cuenta que la actual legislación tiene como finalidad proteger a los no fumadores, ya que no prohíbe fumar sino que regula dónde no puede hacerse. Esa es la razón por la que los mayores beneficios se han producido en los no fumadores o, mejor expresado, en los fumadores pasivos y, por tanto, no puede considerarse de ninguna forma como 'agresiva' o que atenta a los derechos de los fumadores a los que, por cierto, no se discrimina en absoluto en cuanto a la utilización de recursos sanitarios, como ocurre en otros países.
Es además bueno que no exista ninguna discriminación, ya que los fumadores no pueden ser considerados de ninguna forma como culpables sino como los principales perjudicados o las víctimas y, por lo tanto, se les debe prestar toda la ayuda para que abandonen el hábito.
No se les puede pedir a los sistemas sanitarios europeos, ya suficientemente afectados por las políticas de austeridad, que carguen con el peso de 13 millones de enfermos cada año a causa del tabaco. A modo de ejemplo, la incidencia de la patología coronaria en los fumadores es tres veces mayor que en el resto de la población. Pero parece que a algunos políticos, a los que se agradece que se posicionen tan claramente, para saber a qué debemos de atenernos, este hecho les parece un problema secundario.
Canarias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra se han mostrado abiertamente en contra de la Directiva Europea que pretende unificar políticas a nivel europeo de producción y venta de tabaco con el objetivo de reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes que se inician en el hábito. Sus propuestas consisten en ampliar el tamaño de las advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco, informar de que el tabaco contiene más de 70 sustancias que causan cáncer, y prohibir aditivos que aumentan la toxicidad, como los sabores de vainilla o mentol. La respuesta de estas autonomías ha sido una reunión en la empresa tabaquera Altadis el próximo 17 de mayo (a la que veremos finalmente quién asiste) para encontrar una estrategia de contraataque.
Por el momento, el Parlamento Europeo ya ha aprobado la directiva. Si no permitimos que algunos grupos de presión lo impidan, el Consejo de la Unión Europea, en el que está representada España junto al resto de estados miembros, dará el visto bueno a la normativa y se hará vigente en 2014.
Existen múltiples razones éticas que hacen injustificable la oposición a que se adopten medidas que mejoren la salud de la población y especialmente de medidas que salvan vidas.
Desde la Sociedad Española de Cardiología consideramos que los intereses particulares de estos colectivos no representan a los intereses de la comunidad ni del país, esperamos que finalmente prevalezca el sentido común y los principios éticos que tanto echa en falta la población española.
(*) El doctor Vicente Bertomeu es presidente de la Sociedad Española de Cardiología.
¿La explicación de esta defensa? Es simple, pero infundada y con tintes demagógicos, se trata de un mero motivo económico cortoplacista, un razonamiento que no tiene en cuenta que la erradicación de este mal vicio podría ahorrar a la Unión Europea más de 500.000 millones de euros anualmente en costes sanitarios, pérdidas de productividad y de vida (25.000 millones solo en atención médica).
Debe tenerse en cuenta que la actual legislación tiene como finalidad proteger a los no fumadores, ya que no prohíbe fumar sino que regula dónde no puede hacerse. Esa es la razón por la que los mayores beneficios se han producido en los no fumadores o, mejor expresado, en los fumadores pasivos y, por tanto, no puede considerarse de ninguna forma como 'agresiva' o que atenta a los derechos de los fumadores a los que, por cierto, no se discrimina en absoluto en cuanto a la utilización de recursos sanitarios, como ocurre en otros países.
Es además bueno que no exista ninguna discriminación, ya que los fumadores no pueden ser considerados de ninguna forma como culpables sino como los principales perjudicados o las víctimas y, por lo tanto, se les debe prestar toda la ayuda para que abandonen el hábito.
No se les puede pedir a los sistemas sanitarios europeos, ya suficientemente afectados por las políticas de austeridad, que carguen con el peso de 13 millones de enfermos cada año a causa del tabaco. A modo de ejemplo, la incidencia de la patología coronaria en los fumadores es tres veces mayor que en el resto de la población. Pero parece que a algunos políticos, a los que se agradece que se posicionen tan claramente, para saber a qué debemos de atenernos, este hecho les parece un problema secundario.
Canarias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra se han mostrado abiertamente en contra de la Directiva Europea que pretende unificar políticas a nivel europeo de producción y venta de tabaco con el objetivo de reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes que se inician en el hábito. Sus propuestas consisten en ampliar el tamaño de las advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco, informar de que el tabaco contiene más de 70 sustancias que causan cáncer, y prohibir aditivos que aumentan la toxicidad, como los sabores de vainilla o mentol. La respuesta de estas autonomías ha sido una reunión en la empresa tabaquera Altadis el próximo 17 de mayo (a la que veremos finalmente quién asiste) para encontrar una estrategia de contraataque.
Por el momento, el Parlamento Europeo ya ha aprobado la directiva. Si no permitimos que algunos grupos de presión lo impidan, el Consejo de la Unión Europea, en el que está representada España junto al resto de estados miembros, dará el visto bueno a la normativa y se hará vigente en 2014.
Existen múltiples razones éticas que hacen injustificable la oposición a que se adopten medidas que mejoren la salud de la población y especialmente de medidas que salvan vidas.
Desde la Sociedad Española de Cardiología consideramos que los intereses particulares de estos colectivos no representan a los intereses de la comunidad ni del país, esperamos que finalmente prevalezca el sentido común y los principios éticos que tanto echa en falta la población española.
(*) El doctor Vicente Bertomeu es presidente de la Sociedad Española de Cardiología.
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