La Junta de Castilla-La Mancha destinará 15 millones a reducir las listas de espera, y tres al ingreso mínimo de solidaridad

Toledo (25/06/2013) - E.P.

El Gobierno de la comunidad destaca que estas inversiones serán posibles gracias a la reducción del déficit y a las reformas realizadas

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poder destinar, gracias a la reducción del déficit y a las reformas estructurales realizadas, 15 millones de euros a reducir las listas de espera en la Consejería de Sanidad y otros tres millones para el ingreso mínimo de solidaridad, para las personas que más lo necesitan". Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda de la comunidad, Arturo Romaní, quien ha afirmado que los ciudadanos castellano-manchegos "ya están recogiendo los frutos de la reducción del déficit y las reformas estructurales", ha informado la Junta en nota de prensa.
Romaní ha mostrado su satisfacción y la de todo el Gobierno regional por el acuerdo del Consejo de Gobierno de esta semana, donde se aprobó una transferencia de crédito desde la partida de intereses de la deuda hacia la partida de Sanidad y Asuntos Sociales.
"Cuando hicimos el Presupuesto el año pasado, contábamos con una prima de riesgo en torno a los 600 puntos y eso suponía pagar cantidades altas por los intereses de la deuda", ha explicado el consejero.
Sin embargo, ha continuado, "como la prima de riesgo ha bajado gracias a la reducción del déficit y de las reformas estructurales, hemos hecho una estimación prudente según la cual podemos disponer de 18 millones de euros para otros fines. En concreto, 15 millones para un plan de choque para reducir las listas de espera en la Consejería de Sanidad y otros tres millones para el ingreso mínimo de solidaridad, para las personas que más lo necesitan".
En otro orden de cosas, el consejero se ha referido a la reciente reforma de la Administración Pública anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Una reforma que, como ha destacado, "se encuentra en la línea de racionalización administrativa que ya ha emprendido hace dos años el Gobierno de la presidenta Cospedal, dentro del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos que tuvo que aplicar sólo dos meses después de acceder al Gobierno".
"En Castilla-La Mancha ya se han eliminado organismos como el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social, entendiendo que eran claras duplicidades y que esas funciones las podían realizar otros órganos del Estado", ha afirmado.