jueves, 11 de julio de 2013

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Lasquetty dice que el TSJM no ha entrado "en el fondo" de la externalización y confía en que resuelva a su favor


Madrid (12/07/2013) - Redacción/E.P.

Frente a la postura del consejero de Sanidad de Madrid, el Partido Socialista y los sindicatos celebran la suspensión cautelar de la externalización y creen que se puede revertir el proceso; CSIT UP pide que se depuren responsabilidades políticas

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), no ha entrado "en el fondo del asunto" a la hora de acordar la suspensión cautelar del proceso de externalización sanitaria en seis hospitales de la comunidad y confía en que la resolución judicial definitiva se resuelva a favor del Gobierno madrileño.
En declaraciones a Antena 3, el consejero madrileño ha indicado que la decisión del TSJM viene dada por un recurso del Partido Socialista contra los pliegos, una demanda que "forma parte de la estrategia del PSOE para impedir las reformas que son necesarias para mantener la sostenibilidad de una Sanidad pública de esta calidad como la de Madrid".
"El TSJM lo que ha hecho ha sido tomar una medida provisional, sólo por unos días, sin escuchar todavía a la Comunidad de Madrid", ha continuado Lasquetty, quien ha resaltado que el Tribunal "no ha entrado en el fondo del asunto. Es decir, no decide sobra la externalización", ha apostillado.
El consejero madrileño ha contemplado que "hay muy buenas razones para creer que este proceso se ha hecho con la más absoluta transparencia" y con "todo el respeto de la Ley de Contratos del Sector Público". Además, ha señalado que todo esto se ha realizado "a la luz del día", poniendo como ejemplo las reuniones de la mesa de contrataciones a las que "han podido acudir los medios de comunicación y los diputados de la oposición para la comprobación 'in situ'".
Lasquetty cree que el PSOE "pone encima de la mesa" el asunto de la privatización para "impedir que se hagan reformas en el sistema sanitario madrileño". "Primero lo intentaron con huelgas, luego con manifestaciones y ahora con la guerra de los recursos pero siempre con mentiras", ha concluido.
El presidente González
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado este jueves que el Gobierno regional "va a seguir adelante" con el proceso de externalización de seis hospitales de la región al ser una medida "legal" y que lleva realizándose durante muchos años en todas las comunidades autónomas.
Por tanto, González ha remarcado que la Comunidad de Madrid no tiene "ningún plan B" alternativo a la externalización de estos centros puesto que "no hay ninguna razón desde el punto legal y jurídico para que no se pueda hacer esto".
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en Getafe, el presidente regional ha aseverado que seguirá adelante con la externalización al ser una "buena medida" para hacer sostenible el sistema sanitario, que permite mantener un sistema "público, gratuito, universal y de la máxima calidad".
Por su parte, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se refirió este miércoles a la decisión del TSJM y defendió la gestión de los responsables del Gobierno madrileño. "No tengo absolutamente nada que decir más que es obligación de los gestores públicos prestar los servicios públicos con la máxima calidad, como lo es la Sanidad madrileña, con el menor coste posible", indicó.
Satisfacción en el PSM
Desde el Partido Socialista de Madrid (PSM) se ha celebrado la decisión del TSJM, que el secretario general del partido, Tomás Gómez, ha calificado como un "salto de gigante" para lograr su objetivo de suspender el proceso.
"Hemos dado un salto de gigante. Por eso tanto que decía el PP de Madrid que había que anticiparse a la justicia, yo les invito a que se anticipen también al camino que ha emprendido la justicia con la privatización de la Sanidad en Madrid y que abandone sus planes privatizadores", indicó. El líder socialista se mostró "convencido" de que van a conseguir "la paralización definitiva de la privatización y el desmantelamiento de la Sanidad en Madrid", porque, además, "es un proceso cargado de irregularidades, que se ha puesto de manifiesto en el conchabeo entre las empresas privadas que quieren hacerse con la sanidad en Madrid y el Gobierno del PP".
Por su parte, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, destacó que es "un éxito colectivo, que hemos conseguido entre todos, gracias a las movilizaciones del conjunto de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos que han salido a la calle en numerosas ocasiones para defender una sanidad pública, universal y de calidad".
Jiménez alertó de que la gestión privada de la Sanidad se está extendiendo en las autonomías gobernadas por el PP, lo que supone, en su opinión, considerar la Sanidad como "un bien de consumo más, cuando la salud de las personas debe ser tratada como un servicio público y más cuando está demostrado que estas iniciativas no son más eficientes". Y confía en que la suspensión cautelar sea ratificada en los próximos días..
CSIT UP exige responsabilidades
Por su parte, el sindicato CSIT Unión Profesional considera "inaudito" que el presidente de la Comunidad de Madrid "siga manteniendo dentro de su equipo de Gobierno a un Consejero de Sanidad que, mediante su Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, ha actuado yendo "en contra del interés general" de los madrileños, tal y como reconoce la sentencia".
CSIT UP recuerda que se opuso desde su comienzo a lo que considera "las intenciones de este Gobierno de privatizar la gestión sanitaria", y ha venido "advirtiendo a la opinión pública, los trabajadores y los representantes de la Administración, los efectos y perjuicios que conlleva la aplicación del "Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público'".
Estos efectos los resume el sindicato en que en 2014 más de dos millones de personas en la CAM, un tercio de la población, será atendido en hospitales o centros de especialidades de gestión privada; que a las empresas que resulten adjudicatarias del concurso para gestionar la atención sanitaria en esos centros, la Comunidad de Madrid les transferirá del presupuesto público más de 1.100 millones de euros, que es un 15,5 por ciento del gasto sanitario; y que el presupuesto individual de cada centro hospitalario podrá aumentar o disminuir según aumenten o disminuyan los ciudadanos que lo elijan o que a ellos sean derivados.
CSIT también censura que los pliegos de condiciones de licitación fueron oficialmente publicados "justo unos días después de que la Consejería de Sanidad modificara, bajo apariencia de corrección de errores, la cláusula de garantías en la que se regula la aportación que ha de hacer la empresa concesionaria a la Administración". CSIT entiende que esa disminución en la cantidad que debería aportar la empresa adjudicataria, es precisamente lo que va en contra del interés general de la administración regional, y por tanto, de los madrileños.
Celebración en los sindicatos
Otros sindicatos del sector de la Sanidad han celebrado la decisión del TSJM, y se muestran "esperanzados" ante la posibilidad de que se pueda revertir los planes de la Consejería por medio de sus recursos ante la Justicia.
El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, ha remarcado que su formación también reclamó la suspensión cautelar en el recurso contencioso administrativo que presentaron, y confía en que la Justicia plasme de forma definitiva la "paralización" del proceso de externalización de seis hospitales y en que "las cosas vuelvan a su cauce", en referencia a que se mantenga la gestión directa de los centros.
El portavoz de SATSE, José Manuel Freire, ha valorado también de manera "muy positiva" la suspensión cautelar del proceso, algo que al igual que AMYTS reclamaban en su propio recurso, pues entiende que Sanidad aplicó una "variación sustancial" de las garantías iniciales de los pliegos.
"Esta decisión da pie a la paralización del proceso y esperamos que ello suponga la revisión del mismo y una mayor racionalidad por parte de la Consejería", ha agregado Freire para remarcar que "frenar" de forma cautelar la externalización era el "objetivo final" que perseguían los sindicatos. "Damos el parabién a la decisión judicial y estaremos expectantes a la decisión de la Consejería".
Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de sus portavoces, Mónica García, ha indicado que la paralización es fruto del "frente judicial común" abierto por colectivos, sindicatos y formaciones políticas contra la externalización y ha recordado que en varios de ellos se solicitaba medidas cautelarísimas sobre el proceso.
Al respecto, ha comentado que Afem considera que el proceso de externalización "está plagado de irregularidades" al ser una medida que no está justificada "ni económica ni científicamente" y espera que la Justicia se pronuncie en ese sentido. Por otro lado, ha aseverado que la actitud de la Consejería ha sido la "huida hacia delante".

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