marta hernández / oncóloga del hospital del tajo
“Me preocupa qué pasará con los pacientes poco ‘rentables”
Esta facultativa cree que la privatización de la gestión de su centro podría empeorar la asistencia
Marta Hernández, de 35 años, es oncóloga médica y trabaja en el hospital del Tajo —en septiembre lo gestionará Hima San Pablo— desde su inauguración en 2008.
Pregunta: ¿Qué saben los profesionales sanitarios sobre su futuro tras la privatización?
Respuesta: Poco. Se nos ha comunicado que se va a mantener a todo el personal, pero no sabemos en qué condiciones ni si se va a modificar el tipo y la calidad de la asistencia: si se van a tratar las mismas patologías; si se va a tener el mismo acceso a fármacos que ahora, o si, como nos tememos, estaremos sujetos a condiciones más restrictivas que pudieran mermar la calidad.
P. ¿Ha decidido si se quedará?
R. Tengo un contrato estatutario interino, no es una plaza en propiedad. Los pliegos establecen la desaparición de mi contrato y la creación de uno nuevo, laboral, con la adjudicataria. No sé si me mantendrán las condiciones.
P. ¿Sabe qué van a hacer otros compañeros suyos?
R. Hay bastantes con plaza fija que van a solicitar el traslado a un hospital de gestión pública, pero como las condiciones son bastante opacas y parece que no va a ser posible elegir centro de destino, otros optarán por quedarse en el hospital como personal del Servicio Madrileño de Salud.
P. ¿Mejorará o empeorará la asistencia con un gestor privado?
R. Si yo tuviera que gestionar una empresa privada buscaría obtener el máximo beneficio a costa del mínimo coste posible, lo cual es muy lícito. Creo que se corre el riesgo de deterioro de la calidad asistencial si en la toma de decisiones pesa más el argumento económico que el médico. Aunque los pacientes aparentemente no lo perciban. El problema no es que una empresa privada tenga ánimo de lucro, sino que el factor económico sea el primordial a la hora de decidir. Me preocupa pensar qué ocurrirá con pacientes con enfermedades cuyos tratamientos sean muy costosos y puedan resultar poco rentables para las empresas.
P. ¿Qué recomendará a sus pacientes?
R. Están muy asustados con la posibilidad de que privaticen el hospital. Trato pacientes con enfermedades muy graves, cuyos tratamientos son muy caros. Temen que llegue un momento en que tengan que costeárselos o que simplemente no se les ofrezcan en su hospital y tengan que ser derivados a otros más lejanos. Si esto llegara a ocurrir, evidentemente, les recomendaría acudir al hospital público que pueda garantizar su adecuada asistencia.
P. ¿Qué sabe de Hima?
R. Es una empresa puertorriqueña que allí gestiona varios hospitales. Según declaraciones de su presidente, estaban muy interesados en entrar en el mercado español para que sirva de puerta de entrada al turismo sanitario en Europa y norte de África. No sabemos mucho más.
Pregunta: ¿Qué saben los profesionales sanitarios sobre su futuro tras la privatización?
Respuesta: Poco. Se nos ha comunicado que se va a mantener a todo el personal, pero no sabemos en qué condiciones ni si se va a modificar el tipo y la calidad de la asistencia: si se van a tratar las mismas patologías; si se va a tener el mismo acceso a fármacos que ahora, o si, como nos tememos, estaremos sujetos a condiciones más restrictivas que pudieran mermar la calidad.
P. ¿Ha decidido si se quedará?
R. Tengo un contrato estatutario interino, no es una plaza en propiedad. Los pliegos establecen la desaparición de mi contrato y la creación de uno nuevo, laboral, con la adjudicataria. No sé si me mantendrán las condiciones.
P. ¿Sabe qué van a hacer otros compañeros suyos?
R. Hay bastantes con plaza fija que van a solicitar el traslado a un hospital de gestión pública, pero como las condiciones son bastante opacas y parece que no va a ser posible elegir centro de destino, otros optarán por quedarse en el hospital como personal del Servicio Madrileño de Salud.
P. ¿Mejorará o empeorará la asistencia con un gestor privado?
R. Si yo tuviera que gestionar una empresa privada buscaría obtener el máximo beneficio a costa del mínimo coste posible, lo cual es muy lícito. Creo que se corre el riesgo de deterioro de la calidad asistencial si en la toma de decisiones pesa más el argumento económico que el médico. Aunque los pacientes aparentemente no lo perciban. El problema no es que una empresa privada tenga ánimo de lucro, sino que el factor económico sea el primordial a la hora de decidir. Me preocupa pensar qué ocurrirá con pacientes con enfermedades cuyos tratamientos sean muy costosos y puedan resultar poco rentables para las empresas.
P. ¿Qué recomendará a sus pacientes?
R. Están muy asustados con la posibilidad de que privaticen el hospital. Trato pacientes con enfermedades muy graves, cuyos tratamientos son muy caros. Temen que llegue un momento en que tengan que costeárselos o que simplemente no se les ofrezcan en su hospital y tengan que ser derivados a otros más lejanos. Si esto llegara a ocurrir, evidentemente, les recomendaría acudir al hospital público que pueda garantizar su adecuada asistencia.
P. ¿Qué sabe de Hima?
R. Es una empresa puertorriqueña que allí gestiona varios hospitales. Según declaraciones de su presidente, estaban muy interesados en entrar en el mercado español para que sirva de puerta de entrada al turismo sanitario en Europa y norte de África. No sabemos mucho más.
Madrid adjudica los hospitales sin esperar sentencia
El proceso está recurrido en varios tribunales, incluido el Constitucional
El mayor plan de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España, el que Madrid está impulsando en seis de sus hospitales más nuevos, se consolida en el mes de agosto pese a los múltiples recursos que esperan a que pasen las vacaciones en distintos juzgados de la capital. Con la adjudicación definitiva, ayer, de los tres hospitales que faltaban (Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; Infanta Cristina, en Parla y el del Tajo, en Aranjuez) al grupo puertorriqueño Hima San Pablo se da por finalizado el proceso administrativo. Hacia finales de septiembre, si ningún tribunal dice lo contrario, la gestión de la asistencia sanitaria de casi 1,2 millones de madrileños pasará efectivamente a manos privadas.
La Comunidad de Madrid ha decidido no esperar a ver qué determina la justicia —“no podemos parar un procedimiento administrativo”, argumentó ayer la viceconsejera, Patricia Flores— y firmar las adjudicaciones, que han exigido que las tres empresas ganadoras del concurso depositaran avales por valor de 28 millones de euros. Cantidades que, según recuerda Patricia Alonso, la portavoz de la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización, “podrían quedar en suspenso hasta que se resuelvan los procesos judiciales”. La Comunidad de Madrid asegura que ahorrará 168 millones de euros al año. Pagará, durante 10 años, una cápita (cantidad por persona y año) de entre 448 y 549 euros. Asegura que es un 20% inferior a lo que cuestan ahora.
La marea blanca no solo ha estado activa en la calle, con continuas manifestaciones y actos de protesta desde que, en octubre pasado, se anunciara la intención de entregar la gestión de seis hospitales y un número indeterminado de centros de salud —los primeros cuatro se podrían licitar este otoño— a empresas. También han llevado a los tribunales, a través de la oposición, sindicatos sanitarios y asociaciones de médicos, sus objeciones al plan madrileño: desde el Constitucional a los contencioso-administrativos, pasando por el Tribunal Europeo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el que con mayor probabilidad deberá pronunciarse durante el mes de septiembre. A principios de mes admitió a trámite un recurso del Ayuntamiento de Parla, que argumenta que cedió gratis una parcela municipal —valorada en 29,5 millones de euros— para construir en ella un hospital público y que ahora el objeto de esa cesión ha cambiado. Exige una compensación económica o incluso poder revertir la cesión.
Otros recursos contencioso-administrativos también están en la agenda de septiembre del TSJM. Tiene que decidir sobre el recurso que presentó el PSOE después de que se le denegara la legitimación para llevar el asunto a los tribunales. Y también debe pronunciarse sobre la petición de la asociación de médicos Afem de suspensión cautelar del proceso de privatización. Las dos organizaciones denunciaron que Sanidad redujo, mediante una corrección de errores publicada en el boletín oficial, a una décima parte la garantía que deben aportar las empresas para hacerse con las concesiones. El TSJM archivó el recurso del PSOE sin estudiar el fondo del asunto.
También en septiembre están llamados a declarar los imputados y los testigos de la querella que Afem presentó en junio por delitos de malversación y prevaricación presuntamente cometidos por la cúpula sanitaria madrileña (dos exconsejeros y dos actuales altos cargos) durante la primera ola privatizadora en Madrid, la que empezó en 2003 con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia. El magistrado ha pedido exhaustiva información mercantil y económica que, según la Consejería de Sanidad, se le enviará en breve.
Una de las consecuencias del plan de privatizaciones es la incertidumbre sobre los puestos de trabajo de 5.200 sanitarios. El 60% de todos ellos son eventuales o interinos. El personal fijo, que supone otro 30% —el resto es personal laboral, que será subrogado—, podrá elegir entre quedarse en su hospital bajo las órdenes de la empresa pero cobrando del Servicio Madrileño de Salud, pedir una excedencia o reclamar el traslado a un centro de gestión pública. Patricia Flores explicó ayer que las concesionarias están obligadas a ofrecer a los eventuales quedarse en sus puestos, pero en las condiciones que consideren oportunas. “Estoy convencida de que ofertarán buenas condiciones para que se queden. La gestión solo les es rentable si fidelizan a los pacientes”, dijo.
La Comunidad de Madrid ha decidido no esperar a ver qué determina la justicia —“no podemos parar un procedimiento administrativo”, argumentó ayer la viceconsejera, Patricia Flores— y firmar las adjudicaciones, que han exigido que las tres empresas ganadoras del concurso depositaran avales por valor de 28 millones de euros. Cantidades que, según recuerda Patricia Alonso, la portavoz de la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización, “podrían quedar en suspenso hasta que se resuelvan los procesos judiciales”. La Comunidad de Madrid asegura que ahorrará 168 millones de euros al año. Pagará, durante 10 años, una cápita (cantidad por persona y año) de entre 448 y 549 euros. Asegura que es un 20% inferior a lo que cuestan ahora.
La marea blanca no solo ha estado activa en la calle, con continuas manifestaciones y actos de protesta desde que, en octubre pasado, se anunciara la intención de entregar la gestión de seis hospitales y un número indeterminado de centros de salud —los primeros cuatro se podrían licitar este otoño— a empresas. También han llevado a los tribunales, a través de la oposición, sindicatos sanitarios y asociaciones de médicos, sus objeciones al plan madrileño: desde el Constitucional a los contencioso-administrativos, pasando por el Tribunal Europeo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el que con mayor probabilidad deberá pronunciarse durante el mes de septiembre. A principios de mes admitió a trámite un recurso del Ayuntamiento de Parla, que argumenta que cedió gratis una parcela municipal —valorada en 29,5 millones de euros— para construir en ella un hospital público y que ahora el objeto de esa cesión ha cambiado. Exige una compensación económica o incluso poder revertir la cesión.
Otros recursos contencioso-administrativos también están en la agenda de septiembre del TSJM. Tiene que decidir sobre el recurso que presentó el PSOE después de que se le denegara la legitimación para llevar el asunto a los tribunales. Y también debe pronunciarse sobre la petición de la asociación de médicos Afem de suspensión cautelar del proceso de privatización. Las dos organizaciones denunciaron que Sanidad redujo, mediante una corrección de errores publicada en el boletín oficial, a una décima parte la garantía que deben aportar las empresas para hacerse con las concesiones. El TSJM archivó el recurso del PSOE sin estudiar el fondo del asunto.
También en septiembre están llamados a declarar los imputados y los testigos de la querella que Afem presentó en junio por delitos de malversación y prevaricación presuntamente cometidos por la cúpula sanitaria madrileña (dos exconsejeros y dos actuales altos cargos) durante la primera ola privatizadora en Madrid, la que empezó en 2003 con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia. El magistrado ha pedido exhaustiva información mercantil y económica que, según la Consejería de Sanidad, se le enviará en breve.
Una de las consecuencias del plan de privatizaciones es la incertidumbre sobre los puestos de trabajo de 5.200 sanitarios. El 60% de todos ellos son eventuales o interinos. El personal fijo, que supone otro 30% —el resto es personal laboral, que será subrogado—, podrá elegir entre quedarse en su hospital bajo las órdenes de la empresa pero cobrando del Servicio Madrileño de Salud, pedir una excedencia o reclamar el traslado a un centro de gestión pública. Patricia Flores explicó ayer que las concesionarias están obligadas a ofrecer a los eventuales quedarse en sus puestos, pero en las condiciones que consideren oportunas. “Estoy convencida de que ofertarán buenas condiciones para que se queden. La gestión solo les es rentable si fidelizan a los pacientes”, dijo.
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