Firme rechazo de los colegios a la tentativa de tutelaje oficial

La tramitación del polémico anteproyecto de Ley de Colegios, la última ECOE de Familia para los pre-95 y la aprobación del real decreto de troncalidad marcarán los próximos meses.

F. Goiri. Madrid | fjgoiri@diariomedico.com | 02/09/2013 00:00

El último Consejo de Ministros previo al parón veraniego aprobó el inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, un texto que, cuando cobre cuerpo de ley, fijará las normas de colegiación y regulará la organización y funcionamiento de todas las corporaciones colegiales, sean o no de adscripción obligatoria.

Como su propio nombre indica, el documento que el Ministerio de Economía y Competitividad llevó a ese Consejo de Ministros es sólo un anteproyecto al que le queda un largo trámite (audiencia pública y periodo de alegaciones, en principio hasta el 16 de septiembre; dictamen del Consejo de Estado, reenvío al Consejo de Ministros para su transformación en proyecto de ley, y remisión final al Parlamento para su tramitación legislativa), pero su contenido ya ha suscitado el firme y unánime rechazo de Unión Profesional, que agrupa a todas las organizaciones colegiales de España, incluido el Consejo General de Colegios de Médicos.

La función de "tutela administrativa específica" que el anteproyecto de Economía contempla en su artículo 33 -y que ya aparecía en los primeros borradores del texto- ha sido calificada por fuentes de Unión Profesional como "un claro intento de intromisión y control por parte del Gobierno en la labor de los colegios". Tal es el malestar de las 33 corporaciones agrupadas en torno a Unión Profesional que fuentes de la Organización Médica Colegial dicen que "ese tutelaje oscurece incluso la colegiación obligatoria", que el anteproyecto ratifica para todas las profesiones sanitarias (además de las jurídicas y técnicas).

La tutela de la Administración se sustancia en unas "obligaciones de transparencia" que implican la presentación de una memoria anual con información económica, administrativa, organizativa y de funcionamiento, y que, en el caso de las profesiones con colegiación obligatoria, incluirá un informe de auditoría contable. Una vez recibida la memoria, la Administración de tutela (nacional o autonómica) emitirá un informe y "en caso de inactividad, retraso o mal funcionamiento" del colegio podrá avocar para sí sus competencias o asumir temporalmente la gestión de sus potestades.

El anteproyecto confirma, además, el estricto régimen de incompatibilidades que se apuntaba en los primeros borradores para toda la junta directiva (ver DM del 4-I-2013) e impide que los cargos colegiales reciban una remuneración específica, salvo se dediquen en exclusiva al colegio.