Los científicos forman un frente para salvar la I+D del colapso
El colectivo se moviliza para buscar el apoyo de los grupos parlamentarios en los Presupuestos
Los investigadores anuncian acciones de protesta
En medio de una escasez presupuestaria extrema y continuada que ha colocado al sistema español de I+D al borde del colapso, los investigadores afrontan los próximos meses con preocupación rayana en la alarma. Las sociedades científicas, rectores, sindicatos y asociaciones están intentando reunirse con Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad (con las competencias de I+D), y con la vicepresidenta del Gobierno para exponer la situación y lo que está en juego en estos Presupuestos Generales. De momento han empezado a reunirse esta misma semana con los grupos parlamentarios para intentar recabar su apoyo cara al debate presupuestario inminente. “La I+D está agotada tras la sequía que lleva padeciendo en los últimos años. La situación es límite y seguramente una parte será ya irrecuperable”, alerta Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). “Pero el hermetismo del Gobierno es total y las peticiones de entrevistas con la vicepresidenta siguen sin ser contestadas”, añade. En una carta abierta en EL PAÍS, Andradas pide al ministro de Economía, por boca del colectivo, que no les “defraude”, que incremente el presupuesto y que lo haga en la partida de subvenciones.
Los científicos, que hablan de una sola voz, no van a esperar quietos. Coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos en Consejo de Ministros el próximo viernes 27, grupos de jóvenes científicos han anunciado diversas acciones dentro de la celebración de La noche de los investigadores de este año, y el colectivo Carta por la Ciencia prepara nuevas movilizaciones una vez analizado el borrador de presupuestos ante una situación insostenible, adelanta el presidente de la COSCE.
Aunque no haya cifras, la realidad es un goteo constante de investigadores que, ante la imposibilidad de encontrar en España un puesto de trabajo para desarrollar su labor, buscan o aceptan ofertas de otros países. Nadie niega que se trata de una pérdida gravísima no solo por comprometer el futuro, sino también porque supone entregar a otros países gratuitamente el esfuerzo y la inversión que se ha hecho en formar a una generación de buenos investigadores. Los que emigran, además, están entre los mejores, que son los que más fácilmente encuentran ofertas interesantes en otros países.
La pérdida va mucho más allá de los científicos que se van, también hay que contar con los que se han quitado de la cabeza la idea de volver. España había emprendido hace casi una década una escalada notable en la I+D y numerosos investigadores que estaban fuera empezaron a optar a las plazas competitivas que ofrecía el sistema. Otros salían para completar su formación pero con la vista puesta en desarrollar luego su ciencia en España. Con los recortes presupuestarios y los recursos humanos estrangulados, ese flujo de regreso se ha cortado.
Todavía hay un tercer factor que agrava el panorama. Los científicos que regresaron a España con un compromiso de estabilización de su trabajo al concluir los contratos de cinco años —si obtenían evaluaciones positivas— se sienten defraudados y vuelven a irse.
Difícil será atraerlos de nuevo con la promesa de financiación, un sistema de investigación vigoroso y una estabilización de su trabajo. Y los más jóvenes, con el panorama que ven a su alrededor, tampoco se sienten precisamente motivados para embarcarse en la ciencia española.
Dicho colectivo Carta por la Ciencia, integrado por la CRUE, los sindicatos (CC OO y UGT) y asociaciones de científicos, además de la COSCE, exige que se retomen los niveles de financiación pública de 2009, que ha caído de 4.276 millones de euros a 2.267 millones (excluido el capítulo de préstamos) y propone recuperar la inversión en los tres próximos años, con un incremento anual de 636 millones de euros. “De esta forma, podríamos comenzar a recuperar nuestra posición en Europa en cuanto a inversión pública en I+D y con ello marcar una senda de futuro para el país”, dice el colectivo.
La realidad es que, tras cinco años de duros recortes , sufriendo una inexorable fuga de cerebros, con las plantillas de investigadores desmoronándose y el sistema de I+D plagado de retrasos y compromisos sin pagar, la ciencia española afronta un otoño caliente. La I+D necesita oxígeno urgente porque se está produciendo el “desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear”, advertía antes del verano Carta por la Ciencia, que recogió más de 80.000 adhesiones a su segunda carta de denuncia y propuestas para salir del atolladero.
De los problemas que sufre el sistema español de I+D se han hecho eco a menudo la prensa internacional y las revistas científicas más prestigiosas del mundo. “El gasto en I+D del Gobierno [español] se ha recortado en un 40% desde 2009, a pesar de que el presupuesto español está en los ranking mucho más abajo que otros países europeos”, recalcaba The Financial Times hace tres meses. Ponía un ejemplo: desde universidades y centros de investigación llegan quejas porque a veces no tienen dinero para pagar guantes, batas de laboratorio y material básico como nitrógeno líquido”. La revista Nature hablaba en julio de científicos “encolerizados”, “enfurecidos”, ante las medidas presupuestarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Conozco excelentes científicos que no tienen los medios para investigar y lo peor es que muchos tienen que irse de España”, declaró Peter Gruss, presidente de la Sociedad Max Planck alemana, cuando le fue comunicado el premio Príncipe de Asturias este año a dicha institución.
Carmen Vela, secretaria de Estado de Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad, ha repetido en los últimos meses que la situación es difícil pero no trágica, recalcando los efectos de la grave crisis económica que sufre España.
Pero los problemas del sistema de I+D no se limitan al dinero, aun cuando la financiación sea un escollo gigantesco. Otros atolladeros preocupan igualmente a los investigadores:
Los científicos, que hablan de una sola voz, no van a esperar quietos. Coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos en Consejo de Ministros el próximo viernes 27, grupos de jóvenes científicos han anunciado diversas acciones dentro de la celebración de La noche de los investigadores de este año, y el colectivo Carta por la Ciencia prepara nuevas movilizaciones una vez analizado el borrador de presupuestos ante una situación insostenible, adelanta el presidente de la COSCE.
La pérdida de los mejores
No hay cifras oficiales de la fuga de cerebros en España, a la espera de que la Secretaría de Estado de Investigación complete un estudio que ha anunciado para conocer “el tamaño y la envergadura” del problema. Recientemente, Carmen Vela declaró en Santander que si España es incapaz de “controlar la pérdida de talento”, el país tendrá dificultades, y aseguró que el Gobierno es consciente de ello.Aunque no haya cifras, la realidad es un goteo constante de investigadores que, ante la imposibilidad de encontrar en España un puesto de trabajo para desarrollar su labor, buscan o aceptan ofertas de otros países. Nadie niega que se trata de una pérdida gravísima no solo por comprometer el futuro, sino también porque supone entregar a otros países gratuitamente el esfuerzo y la inversión que se ha hecho en formar a una generación de buenos investigadores. Los que emigran, además, están entre los mejores, que son los que más fácilmente encuentran ofertas interesantes en otros países.
La pérdida va mucho más allá de los científicos que se van, también hay que contar con los que se han quitado de la cabeza la idea de volver. España había emprendido hace casi una década una escalada notable en la I+D y numerosos investigadores que estaban fuera empezaron a optar a las plazas competitivas que ofrecía el sistema. Otros salían para completar su formación pero con la vista puesta en desarrollar luego su ciencia en España. Con los recortes presupuestarios y los recursos humanos estrangulados, ese flujo de regreso se ha cortado.
Todavía hay un tercer factor que agrava el panorama. Los científicos que regresaron a España con un compromiso de estabilización de su trabajo al concluir los contratos de cinco años —si obtenían evaluaciones positivas— se sienten defraudados y vuelven a irse.
Difícil será atraerlos de nuevo con la promesa de financiación, un sistema de investigación vigoroso y una estabilización de su trabajo. Y los más jóvenes, con el panorama que ven a su alrededor, tampoco se sienten precisamente motivados para embarcarse en la ciencia española.
La realidad es que, tras cinco años de duros recortes , sufriendo una inexorable fuga de cerebros, con las plantillas de investigadores desmoronándose y el sistema de I+D plagado de retrasos y compromisos sin pagar, la ciencia española afronta un otoño caliente. La I+D necesita oxígeno urgente porque se está produciendo el “desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear”, advertía antes del verano Carta por la Ciencia, que recogió más de 80.000 adhesiones a su segunda carta de denuncia y propuestas para salir del atolladero.
De los problemas que sufre el sistema español de I+D se han hecho eco a menudo la prensa internacional y las revistas científicas más prestigiosas del mundo. “El gasto en I+D del Gobierno [español] se ha recortado en un 40% desde 2009, a pesar de que el presupuesto español está en los ranking mucho más abajo que otros países europeos”, recalcaba The Financial Times hace tres meses. Ponía un ejemplo: desde universidades y centros de investigación llegan quejas porque a veces no tienen dinero para pagar guantes, batas de laboratorio y material básico como nitrógeno líquido”. La revista Nature hablaba en julio de científicos “encolerizados”, “enfurecidos”, ante las medidas presupuestarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Conozco excelentes científicos que no tienen los medios para investigar y lo peor es que muchos tienen que irse de España”, declaró Peter Gruss, presidente de la Sociedad Max Planck alemana, cuando le fue comunicado el premio Príncipe de Asturias este año a dicha institución.
Carmen Vela, secretaria de Estado de Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad, ha repetido en los últimos meses que la situación es difícil pero no trágica, recalcando los efectos de la grave crisis económica que sufre España.
Pero los problemas del sistema de I+D no se limitan al dinero, aun cuando la financiación sea un escollo gigantesco. Otros atolladeros preocupan igualmente a los investigadores:
- Retrasos y cancelaciones. Ni una de las convocatorias importantes de proyectos de investigación, contratos o programas se han convocado, resuelto y financiado en los plazos habituales desde hace dos años. El caso más significativo es el de los proyectos del Plan Estatal de I+D+i. La última convocatoria se hizo en 2011, no salió la resolución publicada en el BOE hasta enero de 2013 y los científicos no empezaron a recibir la financiación hasta este verano. Además, se aprobó el pago en cuatro anualidades, pese a la duración de tres años de los proyectos, y luego se rectificó volviendo a la trienalidad habitual. Un total de 3.184 proyectos están afectados y el presupuesto total para tres años era de 309 millones de euros. Alrededor de 6.000 científicos están pendientes de la siguiente convocatoria, que Economía no hizo en diciembre pasado y que ha ido aplazando: en mayo, antes del verano, en julio, en septiembre... Dado que una convocatoria de proyectos exige como mínimo nueve meses para completar la evaluación, selección y resolución, los científicos que resulten seleccionados no podrán recibir el dinero para empezar a trabajar a principios de 2014.
- Tampoco las convocatorias de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, para científicos formados y en formación, respectivamente, se han sacado, resuelto y financiado en los plazos previstos, además de sufrir recortes drásticos en número de plazas. En el caso de los contratos Juan de la Cierva, además, la resolución de los seleccionados en la última convocatoria está lista desde mayo y la Secretaría de Estado no ha publicado la propuesta de resolución final hasta la semana pasada. Han sido cinco meses de inútil espera para los elegidos. En esta situación de incertidumbre constante, los científicos se quejan de que tienen que estar diariamente más pendientes del BOE y de los rumores sobre convocatorias, plazos y pagos que de su investigación. Cinco centros de alto nivel fueron elegidos, en octubre de 2012, con las distinciones “de excelencia”; Economía no sacó la resolución definitiva hasta ocho meses después.
- Recursos humanos. La sequía de puestos de trabajo para los investigadores, no ya la creación de nuevas plazas, está estrangulando el sistema de ciencia, que no se ha incluido entre las excepciones a la tasa de reposición general del Estado de uno por diez. Es decir, que de cada diez científicos que se jubilan, como mucho puede entrar uno nuevo. Y la edad media de los investigadores en España, en instituciones como el CSIC, sobrepasa ya los 50 años, y aumentando. En el CSIC se han cancelado todos los contratos JAE y, el año pasado, por no renovación, se perdieron unos 1.200 puestos. Este año rondará la misma cifra. Los contratados Ramón y Cajal (800 al año hace una década) se convocaron por última vez y con retraso de varios meses en octubre de 2012 y solo con 165 plazas. Además, los científicos que acaban los cinco años de contrato, tras pasar las evaluaciones, no encuentran modo de estabilizarse laboralmente. La buena noticia en recursos humanos ha sido la primera convocatoria de Formación de Personal Investigador, que ahora por primera vez, y cumpliendo la Ley de la Ciencia de 2011, significa cuatro años de contrato en lugar de becas.
- El CSIC. Con una reducción del 30%, desde 2009, en las transferencias que recibe anualmente del Estado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sufre la peor crisis que se recuerda. Tocó fondo este verano, cuando el Gobierno respondió con una asignación de emergencia de 25 millones de euros que suponen solo una cuarta parte de los 100 reclamados por su presidente, Emilio Lora Tamayo, como imprescindibles para mantener sus institutos. El ministro de Economía ha declarado repetidas veces que el Gobierno no dejará hundirse al CSIC. Pero la Secretaría de Estado de I+D+i cuenta, como mucho, con otros 50 millones de ayuda a la institución este año y los otros 25... tal vez en 2014. En julio el CSIC estalló en llamas cuando Lora Tamayo anunció una limitada disposición de los fondos de investigación, independientemente de que fuera dinero obtenido por los propios científicos en convocatorias competitivas españolas o internacionales. Muchos lo calificaron de corralito, con tanta indignación como preocupación por las perspectivas de su trabajo. Un adelanto de las transferencias del tercer trimestre de este año es el bálsamo ideado por la secretaría de Estado para que el CSIC pueda hacer frente a facturas y salarios inmediatos. Pero el problema sigue pendiente.
- Agencia de Investigación. La comunidad científica española lleva reclamando desde hace una década la creación de una Agencia Nacional de Investigación, un organismo de gran autonomía científica que confiera estabilidad a la gestión de la ciencia al margen de vaivenes políticos, así como el necesario escenario económico plurianual para poder planificar y optimizar la inversión española en I+D. El referente a copiar es el exitoso Consejo Europeo de Investigación. Tan claro lo tenía Vela cuando asumió el cargo (a principios de 2012) que puso la agencia como prioridad de su gestión y se comprometió con una fecha máxima: junio de 2012, cuando acababa el plazo que estipula para la creación de la agencia la Ley de la Ciencia, el Desarrollo y la Innovación de 2011. No se ha cumplido ese mandato legal.
TRIBUNA
Señor ministro, no nos defraude otra vez
En 2012 solo se utilizó el 54% del dinero inicialmente asignado a I+D+i
Recientemente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que en 2014 el presupuesto de I+D+i experimentará un aumento, por primera vez desde que comenzó la crisis. Se trata de una buena noticia, aunque habrá que esperar a ver cómo se concreta en cifras, de modo que no defraude las expectativas de la comunidad científica española, próxima ya a su nivel de saturación de declaraciones que no se corresponden con los hechos.
Para ello los incrementos deben ser significativos, aplicarse en los capítulos en los que se necesitan y ejecutarse íntegramente, no sea que nos encontremos con la paradoja de contar con un presupuesto aprobado mayor, pero con menos dinero disponible, como ya ha ocurrido en el pasado. Y es que, después de las duras peleas parlamentarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estos parecen, a veces, papel mojado. Permítanme explicarme tomando como ejemplo el año 2012, el último ejercicio presupuestario cerrado, aunque lo que se describe no es un hecho particular ni aislado de ese año.
La cantidad aprobada en los PGE para I+D+i en 2012 en el Parlamento fue de 6.393,59 millones de euros (lo que supuso ya un 25% menos que en 2011). Pues bien, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el dinero finalmente consignado como presupuesto disponible para I+D+i fue de 5.049 millones, es decir, ¡1.340 millones menos de lo aprobado! ¿Estábamos los ciudadanos al corriente de esto? ¿Lo estuvieron / están los parlamentarios? Entonces, ¿para qué la pantomima de los 6.393 publicados en el BOE? ¿Para contar con una cifra suficientemente abultada con la que guardar las apariencias? De nada servirá incrementar la cifra inicial del presupuesto, si después el crédito final disponible (que en general ya pasa desapercibido o no es definitivo hasta muy avanzado el año) no se corresponde con esta cantidad.
Pero esto no es todo. Del presupuesto final consignado (esos 5.049 millones) solo se ejecutó el 54,7%. Es decir, prácticamente la mitad del presupuesto, ya de por sí extraordinariamente mermado, quedó sin utilizar y retornó a las arcas del Estado. Los 6.393 millones de partida que ya nos parecían insuficientes se han quedado reducidos a 2.764 sin una mínima explicación o sonrojo. Claro, es un negocio redondo para Hacienda. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Que tengamos poco y no lo utilicemos? ¿Ineficacia? En absoluto, todo perfectamente previsto. Para entenderlo necesitamos recordar que el presupuesto de I+D+i se divide en dos grandes grupos: las subvenciones (dinero que el Estado da a las instituciones) y los préstamos (dinero que el Estado presta a las instituciones receptoras, que después deben reintegrar en los plazos e intereses que se estipulen).
Los préstamos constituyen más de la mitad del presupuesto total de I+D+i y el dinero no gastado proviene esencialmente de ellos. Por ejemplo, de su parte en I+D+i, el ministerio ejecutó solo en torno a la tercera parte de su presupuesto final en ese capítulo. Esto viene sucediendo así año tras año, como hemos denunciado reiteradamente desde la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE). Es muy sencillo: las instituciones públicas no pueden acceder a estos préstamos y el número de empresas privadas que recurren a ellos es muy limitado. Todos los responsables políticos lo saben, pero sin embargo, este mismo año 2013 se ha aumentado sensiblemente la partida de préstamos mientras se reducía en más de un 13% la de subvenciones. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, poner una cifra que maquille la realidad en cuanto a la inversión pública en I+D+i. Por eso, de nada servirá aumentar el presupuesto si no se pone allí donde hace falta y se utiliza, esto es, en forma de subvenciones para investigación, desarrollo e innovación.
Finalmente, el incremento debe ser significativo. Tras cinco años de descenso presupuestario continuado, la situación de la I+D+i española es tan crítica que el propio Gobierno ha tenido que aprobar partidas extraordinarias para que el CSIC, nuestro principal organismo de investigación, pueda llegar a final de año sin cerrar sus puertas y para que las actuaciones de 2013 previstas en el Plan Estatal de Investigación, aprobado por el Gobierno a comienzos de año, puedan ponerse en marcha. A título de ejemplo, recordemos que la última convocatoria de proyectos de investigación, de la que depende la mayoría de la investigación de todo el país, fue en diciembre de 2011, hace prácticamente dos años. Por consiguiente, no basta con consolidar en los presupuestos estas partidas extraordinarias: con ellas solo conseguiremos mantener el estado de latencia actual. No podemos conformarnos con eso. Hace falta un esfuerzo suplementario para recuperar la energía que el sistema científico español ha demostrado en los últimos años y para frenar el éxodo obligatorio al que muchos de nuestros científicos jóvenes y menos jóvenes se ven impelidos. Hace falta lanzar un mensaje nítido a los jóvenes de qué modelo de sociedad queremos. Y uno tiene la inevitable sensación de que, como dijo Tony Judt, “algo va mal” cuando un solo jugador de fútbol cuesta más que todo el plan estatal de formación de doctores.
La ciencia y la tecnología son la base de la economía del futuro de las naciones. Los ciudadanos así lo perciben cuando en una encuesta reciente han señalado al colectivo de científicos como el que les generaba una mayor confianza. Los investigadores somos gente entusiasta y deseosa de devolver a la sociedad esa confianza con nuestro trabajo y que este repercuta en el bienestar social. Como ya hemos dicho en varias ocasiones necesitamos regularidad en el sistema, certidumbre y predictibilidad. Y para ello el incremento presupuestario debe ser significativo, en forma de subvenciones y que se ejecute en su totalidad. Señor ministro, no nos defraude otra vez.
Para ello los incrementos deben ser significativos, aplicarse en los capítulos en los que se necesitan y ejecutarse íntegramente, no sea que nos encontremos con la paradoja de contar con un presupuesto aprobado mayor, pero con menos dinero disponible, como ya ha ocurrido en el pasado. Y es que, después de las duras peleas parlamentarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), estos parecen, a veces, papel mojado. Permítanme explicarme tomando como ejemplo el año 2012, el último ejercicio presupuestario cerrado, aunque lo que se describe no es un hecho particular ni aislado de ese año.
La cantidad aprobada en los PGE para I+D+i en 2012 en el Parlamento fue de 6.393,59 millones de euros (lo que supuso ya un 25% menos que en 2011). Pues bien, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el dinero finalmente consignado como presupuesto disponible para I+D+i fue de 5.049 millones, es decir, ¡1.340 millones menos de lo aprobado! ¿Estábamos los ciudadanos al corriente de esto? ¿Lo estuvieron / están los parlamentarios? Entonces, ¿para qué la pantomima de los 6.393 publicados en el BOE? ¿Para contar con una cifra suficientemente abultada con la que guardar las apariencias? De nada servirá incrementar la cifra inicial del presupuesto, si después el crédito final disponible (que en general ya pasa desapercibido o no es definitivo hasta muy avanzado el año) no se corresponde con esta cantidad.
Pero esto no es todo. Del presupuesto final consignado (esos 5.049 millones) solo se ejecutó el 54,7%. Es decir, prácticamente la mitad del presupuesto, ya de por sí extraordinariamente mermado, quedó sin utilizar y retornó a las arcas del Estado. Los 6.393 millones de partida que ya nos parecían insuficientes se han quedado reducidos a 2.764 sin una mínima explicación o sonrojo. Claro, es un negocio redondo para Hacienda. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Que tengamos poco y no lo utilicemos? ¿Ineficacia? En absoluto, todo perfectamente previsto. Para entenderlo necesitamos recordar que el presupuesto de I+D+i se divide en dos grandes grupos: las subvenciones (dinero que el Estado da a las instituciones) y los préstamos (dinero que el Estado presta a las instituciones receptoras, que después deben reintegrar en los plazos e intereses que se estipulen).
Los préstamos constituyen más de la mitad del presupuesto total de I+D+i y el dinero no gastado proviene esencialmente de ellos. Por ejemplo, de su parte en I+D+i, el ministerio ejecutó solo en torno a la tercera parte de su presupuesto final en ese capítulo. Esto viene sucediendo así año tras año, como hemos denunciado reiteradamente desde la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE). Es muy sencillo: las instituciones públicas no pueden acceder a estos préstamos y el número de empresas privadas que recurren a ellos es muy limitado. Todos los responsables políticos lo saben, pero sin embargo, este mismo año 2013 se ha aumentado sensiblemente la partida de préstamos mientras se reducía en más de un 13% la de subvenciones. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, poner una cifra que maquille la realidad en cuanto a la inversión pública en I+D+i. Por eso, de nada servirá aumentar el presupuesto si no se pone allí donde hace falta y se utiliza, esto es, en forma de subvenciones para investigación, desarrollo e innovación.
Finalmente, el incremento debe ser significativo. Tras cinco años de descenso presupuestario continuado, la situación de la I+D+i española es tan crítica que el propio Gobierno ha tenido que aprobar partidas extraordinarias para que el CSIC, nuestro principal organismo de investigación, pueda llegar a final de año sin cerrar sus puertas y para que las actuaciones de 2013 previstas en el Plan Estatal de Investigación, aprobado por el Gobierno a comienzos de año, puedan ponerse en marcha. A título de ejemplo, recordemos que la última convocatoria de proyectos de investigación, de la que depende la mayoría de la investigación de todo el país, fue en diciembre de 2011, hace prácticamente dos años. Por consiguiente, no basta con consolidar en los presupuestos estas partidas extraordinarias: con ellas solo conseguiremos mantener el estado de latencia actual. No podemos conformarnos con eso. Hace falta un esfuerzo suplementario para recuperar la energía que el sistema científico español ha demostrado en los últimos años y para frenar el éxodo obligatorio al que muchos de nuestros científicos jóvenes y menos jóvenes se ven impelidos. Hace falta lanzar un mensaje nítido a los jóvenes de qué modelo de sociedad queremos. Y uno tiene la inevitable sensación de que, como dijo Tony Judt, “algo va mal” cuando un solo jugador de fútbol cuesta más que todo el plan estatal de formación de doctores.
La ciencia y la tecnología son la base de la economía del futuro de las naciones. Los ciudadanos así lo perciben cuando en una encuesta reciente han señalado al colectivo de científicos como el que les generaba una mayor confianza. Los investigadores somos gente entusiasta y deseosa de devolver a la sociedad esa confianza con nuestro trabajo y que este repercuta en el bienestar social. Como ya hemos dicho en varias ocasiones necesitamos regularidad en el sistema, certidumbre y predictibilidad. Y para ello el incremento presupuestario debe ser significativo, en forma de subvenciones y que se ejecute en su totalidad. Señor ministro, no nos defraude otra vez.
Carlos Andradas es presidente de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE), miembro del Colectivo Carta por la Ciencia.
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