'Sin papeles': Sanidad obvió al Consejo de Estado

El órgano consultivo reclamó en vano que la póliza que pagarán los inmigrantes irregulares diese derecho a farmacia, transporte y ortoprótesis.

Laura G. Ibañes | laura.gutierrez@diariomedico.com | 03/09/2013 00:00

Hace tan sólo dos días que ha entrado en vigor el decreto que regula la póliza que deberán pagar inmigrantes en situación irregular y otros colectivos de personas (como los españoles con más de 100.000 euros de renta) que no tienen derecho a cobertura si quieren poder acceder a la sanidad pública. Y lo ha hecho con una fórmula que no convence al Consejo de Estado.

El máximo órgano consultivo remitió a Sanidad un informe sobre el proyecto de decreto en el que no se cuestionaba el hecho en sí del cobro de una póliza a los inmigrantes sin papeles, ni la cuantía elegida, pero en el que, sin embargo, sí se vertían fuertes críticas sobre otros aspectos de la norma que, con todo, Sanidad ha optado por no corregir en la versión final que ha entrado en vigor.

Se trata concretamente del hecho de que la póliza que suscribirán estos colectivos, que podrían llegar a alcanzar los 82,6 millones de euros en total, dé derecho tan sólo a la cartera básica de servicios sanitarios y a la complementaria que pudieran llegar a aprobar las comunidades autónomas en su territorio, pero deje fuera de cobertura toda la cartera suplementaria, esto es, los medicamentos adquiridos en la botica a través de receta, el transporte sanitario no urgente y las ortoprótesis y dietoterápicos.

Según el informe del Consejo de Estado, Sanidad había concluido erróneamente que el artículo 3.5 de la Ley 16/2003 en el que se asienta legalmente la posibilidad de que colectivos no asegurados por el sistema contraten pólizas con la sanidad pública se refiere sólo a la cartera "común básica de servicios asistenciales del SNS y no al resto de carteras suplementaria y accesoria". Pero para el Consejo de Estado "esta conclusión no es la única posible".

De hecho según el órgano consultivo deben considerarse prestaciones de atención sanitaria del SNS "los servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud" a lo que se añade que "el catálogo comprenderá las prestaciones de salud pública, atención primaria, especializada, sociosanitaria, de urgencias, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario".

Por ello, el Consejo de Estado concluye que "el tratamiento dado al convenio especial [para sin papeles] restringe sin justificación suficiente el ámbito del artículo 3.5 de la Ley 16/12003 [limitándolo a la cartera básica], lo que obliga a reconsiderar el alcance dado a su ámbito de cobertura".

Pendientes de la regulación autonómica

El convenio publicado por Sanidad fija una cuota de 60 euros mensuales para los menores de 65 años y una de cuota 157 euros para los mayores de esta edad que quieran tener cobertura en el SNS . Estas cantidades podrán ser superiores en las autonomías que así lo decidan, ya que cada una debe adaptar el convenio especial a su comunidad, pero no inferiores.