Financiación: las CCAA se enfrentan por la reforma

Las autonomías tienen de plazo hasta hoy para remitir sus propuestas de modelo. El peso de la vejez, la dispersión y la renta en el reparto las separa.

L.G.I./C.F. Madrid/Barcelona | laura.gutierrez@diariomedico.com | 07/03/2014 00:00

Hoy acaba el plazo para que las autonomías entreguen al Gobierno su informe de evaluación del modelo de financiación autonómica de cara a la reforma prometida por el Ejecutivo en el segundo semestre del año. Y, aunque la mayoría está apurando hasta el último minuto, la postura de las comunidades está ya definida en bloques enfrentados.

Valencia, Murcia y Baleares defenderán una financiación basada en la población, con algunos ajustes en función de dispersión y envejecimiento, pero con escaso peso de estas variables y exigirán que se cuantifique claramente el coste de cada prestación que se financie con lo recibido. Valencia, de hecho, ha remitido ya su informe, que incluye un documento de 700 páginas sobre el coste de los servicios públicos en las autonomías.

En esta misma línea, la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios, ha explicado a DM que el déficit de financiación de su autonomía alcanza los 255 millones y ha añadido que "las sucesivas ampliaciones de la cartera de servicios sanitaria no van acompañadas de un incremento de la financiación regional, por lo que sería conveniente la aplicación del principio de lealtad institucional, de manera que se adecúe la financiación per cápita a las necesidades de gasto a las que se enfrentan las regiones".

Madrid no se ha sumado formalmente a la postura de Baleares, Valencia y Murcia, si bien su planteamiento es prácticamente idéntico.

Las posturas se han polarizado entre las que piden tener en cuenta sólo población (ajustada por envejecimiento y dispersión) y las que valoran la renta

El segundo bloque de autonomías lo constituyen Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja, que reclaman dar más protagonismo a los factores correctores de la población, como la dispersión o el envejecimiento, que encarecen la prestación de servicios sanitarios. Dentro de este bloque se podría incluir también a Canarias que, como Extremadura, aspira a que entre las variables correctoras se tenga en cuenta también la renta.

En este sentido, la consejera de Sanidad de Canarias, Brígida Mendoza, explicó ayer a DM: "Entendemos que lo más equitativo sería una financiación per cápita ajustada, de manera que, calculada la nueva población en función de variables de necesidad (como la distribución etaria de la población e indicadores de morbilidad) y estructurales (insularidad, dispersión o nivel de renta, ya que a rentas más bajas la participación de los usuarios en el gasto farmacéutico es menor y además se tiene menos posibilidad de coberturas sanitarias alternativas), se le aplicara un valor fijo en euros por cada habitante ajustado".

La falta de uso de estos criterios ha llevado a Canarias, según Mendoza, a recibir 2.060 millones menos para sanidad de lo que precisaba en el periodo 2002-2011, a los que habría que sumar además otros 100,7 millones de déficit de financiación del Fondo de Cohesión Sanitaria (45,9 millones por atención a extranjeros y 54,7 por españoles de otras autonomías).

Mendoza reclama que la financiación de infraestructuras, investigación "y formación del personal sanitario se analice junto a los departamentos autonómicos de Hacienda y hasta de Educación", al tener carácter transversal este gasto.

Andalucía defiende una postura semejante a la de estas autonomías, si bien no ha hecho frente común con ellas, entre otras cuestiones, porque varias de ellas señalan a Andalucía como una de las grandes beneficiarias del modelo actual que, según detalló ayer la consejera de Hacienda andaluza, María Jesús Montero, lejos de beneficiar a la autonomía le adeuda 2.800 millones de euros para poder hacer frente al pago de servicios básicos.

En cuanto al resto de comunidades, Castilla-La Mancha mantiene de momento una tibia posición, probablemente ligada a la dificultad de conciliar una postura interna entre las autonomías populares.

Cantabria ha presentado ya su informe de evaluación al Gobierno central, en el que reclama más peso para los criterios de envejecimiento y dispersión, pero no para criterios de renta (como reclaman autonomías como Extremadura). No en vano es la autonomía que formalmente habría recibido con el modelo actual más por ciudadano.

Navarra y el País Vasco tienen régimen de financiación propio y, por tanto, quedarían excluidas, si bien el grueso de autonomías reclama que sus datos se tengan en cuenta para establecer lo que precisan el resto de comunidades.

Cataluña
Finalmente, Cataluña reclama el consabido tratamiento especial para su autonomía y, aunque el consejero de Sanidad, Boi Ruiz, no ha ahondado especialmente en esta cuestión, sí ha expresado a DM algunas reivindicaciones específicas en materia sanitaria que forman parte de su propuesta de reforma.

Entre ellas explica que "el Estado podría ayudar resolviendo de una vez la compensación económica de los servicios prestados a ciudadanos desplazados desde otras comunidades. Esto es una asignatura pendiente del Gobierno estatal: no ha puesto en funcionamiento el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) dos años después de haberlo creado (a través RDL 16/2012), ha limitado al máximo las compensaciones del Fondo de Cohesión Sanitaria y, finalmente, ha suprimido 100 millones de euros de este fondo que el SNS ha perdido. Hay que recuperar estos fondos y cumplir las normas que el propio gobierno estatal ha promulgado en este ámbito".