La colaboración público-privada es uno de los ejes de la sostenibilidad del SNS

Madrid (13/03/2014)
- Mónica de Haro

• Este es el mensaje que ha lanzado el Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad (IDIS) durante la presentación del informe "Sanidad Privada. Aportando Valor. Análisis de Situación 2014"

• En esta ocasión el informe se ha completado con un anexo que
analiza la realidad de la gestión privada de la sanidad pública por
Comunidades Autónomas y la aportación del sector privado al sistema
sanitario

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
España destina al año, aproximadamente 7.600 millones de euros a la
contratación de servicios privados, lo que confirma el rol estratégico
de este sector como aliado del sistema público.

De hecho, el informe "Sanidad Privada. Aportando Valor" constata que
el sector sanitario privado representa un elevado peso en el sector
productivo español.

Para Javier Murillo, presidente del IDIS, "este informe ofrece una
visión actualizada de la aportación de la Sanidad Privada a la riqueza
de la sociedad en su conjunto. Así, promueve la idea de que este sector
es un valioso activo con el que contar y que ha de ser un interlocutor
relevante de cara a la configuración del sistema sanitario de futuro".

Por su parte, el director general de IDIS, Manuel Vilches, ha
destacado otros beneficios y aportaciones del sector privado como la
mejora de la accesibilidad y la reducción de la listas de espera, la
flexibilidad e innovación en la gestión o la descarga y el ahorro que
supone para el sistema público.

En este sentido, se estima que el ahorro generado en 2013 por el
seguro privado se situaría entre los 3.979 millones de euros y los 8.737
millones de euros dependiendo de si el ciudadano cubierto por la póliza
privada realiza un uso mixto u exclusivo.

"En 2011 los centros asistenciales privados fueron responsables del
29 por ciento de las cirugías realizadas en España, el 22 por ciento de
las altas y el 22'8 por ciento de los ingresos", matiza Vilches.

El informe también señala la contribución del sector privado a la
generación de empleo y a la formación de los profesionales sanitarios.
Concretamente, se estima que hay 230.000 profesionales de los cuales
54.000 son médicos.

La calidad de la prestación y la fuerte inversión en tecnología son
otras de las aportaciones del sector sanitario privado que se destacan
en el informe.

Pero sobre todo, desde IDIS se ha querido destacar la importancia de
la colaboración público-privada plasmando los resultados en un anexo
pormenorizado por comunidades autónomas que muestra cuáles de los
servicios sanitarios públicos son prestados por el sector privado y cómo
su aportación permite una atención universal y de calidad.

Así lo han destacado tanto el secretario como el director general de
IDIS. "La sanidad privada tiene un papel clave para el mantenimiento del
sistema sanitario público en nuestro país, y es un socio estratégico
que permite una planificación asistencial aprovechando todos los
recursos para ofrecer a los ciudadanos la mejor atención en servicios de
salud", explica Juan Abarca.

Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia son las autonomías que
presentan un mayor volumen de contratación público-privada. Sin embargo,
en porcentaje del gasto sanitario destinado a este tipo de servicios, a
Cataluña le siguen Canarias y Baleares.

A través de conciertos, convenios singulares y concesiones, el sector
privado y el público garantizan la accesibilidad, sostenibilidad y
calidad del sistema para todos los ciudadanos. Así, las autonomías optan
por estas fórmulas y logran reducir las listas de espera, reportar
beneficios financieros y aportar flexibilidad e innovación en la
gestión, manteniendo o incrementando la calidad del servicio prestado.

Pero aunque el estudio muestra el importante papel que ocupan los
conciertos, las concesiones y los convenios singulares, también confirma
los beneficios que supone el modelo de mutualismo administrativo al que
están suscritos 2 millones de mutualistas.

En este contexto, es un modelo que permite aportar eficiencia en la
prestación de un servicio público, ya que el gasto per cápita de la
población cubierta (783€) es sustancialmente inferior al gasto sanitario
público per cápita (1.236€).