Los derechos reproductivos son derechos humanos
Más de 220 millones de mujeres y niñas carecen de acceso a medios anticonceptivos eficaces
Ximena Casas
11 MAR 2014 - 09:40 CET
Este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, un
día para recordar los avances logrados por las mujeres en la búsqueda de
la igualdad, pero principalmente para denunciar todas las injusticias
que hoy en día siguen sufriendo mujeres y niñas alrededor del mundo. Uno
de esos avances es el hito que significó el Programa de Acción de la
Conferencia de El Cairo en 1994 y la Plataforma de Acción de Beijing de
1995 donde se estableció que la salud y los derechos sexuales y
reproductivos —incluyendo la educación sexual, el acceso a toda la gama
de anticonceptivos, los servicios de salud materna y la posibilidad de
tener un aborto seguro— son fundamentales para los derechos humanos y el desarrollo.
Sin embargo, y pese a que 20 años después de El Cairo aún se mantiene
ese consenso mundial, los anuncios en la televisión y los múltiples
carteles y mensajes en redes sociales mantienen los estereotipos contra
los cuales se luchan. Uno de ellos es el de asumir que para ser una
mujer plena se debe ser madre, que debemos seguir la suerte del destino
porque un hijo es lo más bello que nos puede ocurrir. Como madre, estoy
de acuerdo, un hijo deseado y planificado es lo más hermoso que hasta el
momento he experimentado, pero una maternidad impuesta debe ser un
infierno. Ya lo dijo Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, negar
el aborto legal puede equivaler a tortura.
Por eso en el marco del 8 de marzo y los 20 años de El Cairo, es
inadmisible que aún haya más de 220 millones de mujeres de los países en
vías de desarrollo que no desean quedarse embarazadas y no cuenten con
un sistema estatal adecuado que les ofrezca información veraz y acceso a
métodos anticonceptivos eficaces. Estas cifras son alarmantes si
tenemos en cuenta que el acceso a la anticoncepción disminuye las tasas
de embarazo no deseado y, a su vez, la necesidad de recurrir al aborto
inseguro, que representa el 13% de la mortalidad materna mundial.
Es inadmisible que en pleno 2014 aún varios países no permitan que
las mujeres interrumpan sus embarazos cuando son producto de una
violación, o cuando existen malformaciones congénitas incompatibles con
la vida, o simplemente que aún no se respete esa decisión tan personal
de la mujer. Es inadmisible que aún los políticos estén debatiendo sobre
cómo penalizar una decisión tan íntima como la de ser madre.
Actualmente en España se está debatiendo la reforma a la ley del
aborto, un debate que paralelamente se está llevando en varios países de
América Latina. En algunos se han logrado avances importantes que van
acordes con estos compromisos internacionales como es el caso de
Uruguay, que en el 2012 despenalizó el aborto, instauró la educación
para la salud sexual y reproductiva en el sistema educativo e incluyó un
servicio sanitario integral. Como resultado, el Ministerio de Salud
manifestó que no se habían registrado casos de muertes maternas ni
complicaciones de salud por esa causa a los 6 meses siguientes de
implementada la ley.
Sin embargo, otros países han focalizado el debate a concepciones
morales y religiosas, como ocurre actualmente con la propuesta del
ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón. Lamentablemente, el
riesgo, según la prestigiosa revista científica The Lancet es
que la tendencia mundial demuestra que en los países donde hay leyes más
restrictivas se producen más abortos que en aquellos donde las leyes
son más liberales.
Por tanto, para garantizar los derechos reproductivos como derechos
humanos según lo establecido hace 20 años por las conferencias
mundiales, se debe garantizar el acceso a un servicio integral de salud
sexual y reproductiva. La posibilidad de decidir si tener o no hijos,
cuántos y cuándo tenerlos debe seguir siendo uno de los compromisos
mundiales porque el impacto de esa decisión tiene una repercusión
directa en la salud, la calidad de vida y el bienestar de la mujer.
día para recordar los avances logrados por las mujeres en la búsqueda de
la igualdad, pero principalmente para denunciar todas las injusticias
que hoy en día siguen sufriendo mujeres y niñas alrededor del mundo. Uno
de esos avances es el hito que significó el Programa de Acción de la
Conferencia de El Cairo en 1994 y la Plataforma de Acción de Beijing de
1995 donde se estableció que la salud y los derechos sexuales y
reproductivos —incluyendo la educación sexual, el acceso a toda la gama
de anticonceptivos, los servicios de salud materna y la posibilidad de
tener un aborto seguro— son fundamentales para los derechos humanos y el desarrollo.
Sin embargo, y pese a que 20 años después de El Cairo aún se mantiene
ese consenso mundial, los anuncios en la televisión y los múltiples
carteles y mensajes en redes sociales mantienen los estereotipos contra
los cuales se luchan. Uno de ellos es el de asumir que para ser una
mujer plena se debe ser madre, que debemos seguir la suerte del destino
porque un hijo es lo más bello que nos puede ocurrir. Como madre, estoy
de acuerdo, un hijo deseado y planificado es lo más hermoso que hasta el
momento he experimentado, pero una maternidad impuesta debe ser un
infierno. Ya lo dijo Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, negar
el aborto legal puede equivaler a tortura.
Por eso en el marco del 8 de marzo y los 20 años de El Cairo, es
inadmisible que aún haya más de 220 millones de mujeres de los países en
vías de desarrollo que no desean quedarse embarazadas y no cuenten con
un sistema estatal adecuado que les ofrezca información veraz y acceso a
métodos anticonceptivos eficaces. Estas cifras son alarmantes si
tenemos en cuenta que el acceso a la anticoncepción disminuye las tasas
de embarazo no deseado y, a su vez, la necesidad de recurrir al aborto
inseguro, que representa el 13% de la mortalidad materna mundial.
Es inadmisible que en pleno 2014 aún varios países no permitan que
las mujeres interrumpan sus embarazos cuando son producto de una
violación, o cuando existen malformaciones congénitas incompatibles con
la vida, o simplemente que aún no se respete esa decisión tan personal
de la mujer. Es inadmisible que aún los políticos estén debatiendo sobre
cómo penalizar una decisión tan íntima como la de ser madre.
Actualmente en España se está debatiendo la reforma a la ley del
aborto, un debate que paralelamente se está llevando en varios países de
América Latina. En algunos se han logrado avances importantes que van
acordes con estos compromisos internacionales como es el caso de
Uruguay, que en el 2012 despenalizó el aborto, instauró la educación
para la salud sexual y reproductiva en el sistema educativo e incluyó un
servicio sanitario integral. Como resultado, el Ministerio de Salud
manifestó que no se habían registrado casos de muertes maternas ni
complicaciones de salud por esa causa a los 6 meses siguientes de
implementada la ley.
Sin embargo, otros países han focalizado el debate a concepciones
morales y religiosas, como ocurre actualmente con la propuesta del
ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón. Lamentablemente, el
riesgo, según la prestigiosa revista científica The Lancet es
que la tendencia mundial demuestra que en los países donde hay leyes más
restrictivas se producen más abortos que en aquellos donde las leyes
son más liberales.
Por tanto, para garantizar los derechos reproductivos como derechos
humanos según lo establecido hace 20 años por las conferencias
mundiales, se debe garantizar el acceso a un servicio integral de salud
sexual y reproductiva. La posibilidad de decidir si tener o no hijos,
cuántos y cuándo tenerlos debe seguir siendo uno de los compromisos
mundiales porque el impacto de esa decisión tiene una repercusión
directa en la salud, la calidad de vida y el bienestar de la mujer.
Ximena Casas. Abogada, especializada en género. Maestría en Derecho, Universidad de Columbia, New York, NY
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