Las agresiones a médicos disminuyeron un quince por ciento en 2013, con 354 casos
Madrid (21/03/2014) - Redacción
• El Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC, que presentó los datos bajo el lema 'Ante las agresiones a médicos, tolerancia cero', ha registrado en cuatro años 1.714 agresiones a médicos; en 2012 registró 416
• La OMC demanda unificación en la tipificación judicial para que sean consideradas como delito contra la autoridad y que las agresiones sean consideradas delito de atentado, tanto si se producen en el ámbito público o privado
Bajo el lema 'Ante las agresiones a médicos, tolerancia cero' el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) que se puso en marcha hace cuatro años, ha presentado los datos de violencia registrados en 2013 que ascienden a 354 casos frente a los 416 del año anterior, lo que supone una disminución del quince por ciento.
Esta tendencia descendente pone en valor el trabajo de estos cuatro años de actividad del Observatorio que los 52 colegios de médicos de toda España pusieron en marcha a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el centro de salud de Moratalla (Murcia).
La concienciación a los profesionales, la cooperación con las administraciones públicas -Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud de las CCAA, Ministerio de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del Estado- y la sensibilización de la sociedad ante este grave problema ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra, que requiere de la unidad de todos, apunta la OMC.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, hurto, injurias y/o vejaciones centran la mayor parte de las 1.714 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los cuatro últimos años, según los datos del Observatorio. De los 354 casos de violencia que se contabilizaron en 2013, un 18 por ciento acabó con lesiones.
Las acciones del Observatorio están encaminadas, en primer lugar, a evitar en la medida de lo posible estas agresiones que, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, pilar básico del estado del bienestar.
Desde el Observatorio se sigue trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad y que sean penadas con los mismos criterios en todas las CCAA, con la misma consideración tanto si el ámbito donde se producen es público o privado. En este sentido, el Observatorio de Agresiones está promoviendo un cambio legislativo para evitar este agravio comparativo, y más teniendo en cuenta que una de cada diez agresiones registradas se producen en el ámbito privado.
A través de los Colegios de Médicos
El Observatorio recoge las comunicaciones de agresiones a médicos recibidas en los Colegios de Médicos. Con éstas y de forma anual, se analizan a través de un estudio los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del agredido como del agresor, así como las denuncias que, desde los Colegios, se derivan por vía judicial. El Observatorio trabaja en un tratamiento multidisciplinar del problema para establecer todas las medidas preventivas necesarias contra la violencia en el ámbito sanitario.
Por ello, ha auspiciado los convenios firmados con diversas Fiscalías y Administraciones autonómicas que han servido para avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública ha sido esencial.
Todas estas medidas han repercutido de forma notable en el descenso del número de agresiones comunicadas en 2013; aunque los datos siguen revelando una prevalencia sostenida de estas conductas violentas en el ámbito sanitario.
En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, los doctores Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Serafín Romero, secretario general de la corporación, y José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones, han hecho públicos estos datos.
El acto de este año ha contado con el testimonio de la Dra. Carmen Rodríguez Trujillo, médico agredida junto con otros compañeros del equipo sanitario de la Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias del SAS mientras se encontraba en su puesto de trabajo.
Manifiesto
El Observatorio de Agresiones ha hecho público un Manifiesto en el que llaman a todos los agentes intervinientes para que tomen las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario. Del estudio sobre Agresiones se desprende una equidad en cuanto al porcentaje de agresiones que sufrieron hombres y mujeres, siendo el 50 por ciento en cada caso.
En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 89 por ciento de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 11 por ciento, datos idénticos a los del año anterior. Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la AP la que se lleva la mayor parte (56 por ciento), frente a la hospitalaria (27).
De los agresores, el 25 por ciento de los casos son familiares del paciente, porcentaje que ha disminuido respecto a 2012 que era uno de cada tres; el 25 por ciento son pacientes no programados; el 34 por ciento son de pacientes programados y el 16 son usuarios del centro donde se producen las agresiones.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, ha aumentado considerablemente el porcentaje de casos por emitir informes médicos no acordes con sus exigencias, que ha pasado del 6 al 11 por ciento, igual porcentaje por causa de no recetar el medicamento propuesto por el paciente. El resto, el 30 por ciento se produce por discrepancias en la atención médica; el 12 por el tiempo en ser atendido; el 9 por discrepancias personales; el 7 en relación a la incapacidad laboral; el 4 por malestar en el funcionamiento del centro y el 16 por ciento por otras causas.
De las agresiones producidas, en el 18 por ciento de las mismas se produjeron lesiones. Y del total, el nueve por ciento conllevó baja laboral.
En cuanto a las acciones emprendidas desde los Colegios, en el 63 por ciento de los casos se efectuaron diligencias; en el 68 por ciento de ellas se presentó denuncia y en un 59 por ciento se celebró juicio.
Otro dato significativo es el porcentaje de casos de médicos que no contaron con el apoyo o asesoramiento del centro/empresa donde realizaban su trabajo en el momento de la agresión, el 68 por ciento de los casos. Destaca que sólo el 32 por ciento recibió apoyo o asesoramiento.
Cuatro años de trabajo
El Observatorio de Agresiones ha registrado y analizado en estos cuatro años un total de 109 sentencias. De éstas, 39 han sido consideradas delitos contra la autoridad pública y 91 faltas (algunas de ellas han sido considerada concurrente en más de una falta) Destaca la variabilidad en la tipificación de lesiones y amenazas que, en unos casos han sido consideradas delito y, en otros, falta.
Este año representantes del Observatorio de Agresiones han presentado al Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, el estudio de los datos registrados y en la reunión acordaron formalizar las quejas ante la falta de unificación de criterios por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones y las diferentes maneras de abordar una agresión a sanitarios, dependiendo de si los actos de violencia se producen en centros sanitarios públicos o en centros privados.
Esta reunión, celebrada el día 19 de marzo, continúa la línea marcada por el Observatorio de concienciación sobre este problema de violencia a las administraciones públicas que se inició con los portavoces de Sanidad del PP en el Congreso y Senado, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón; el entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y las consejerías de las diferentes CCAA
El Observatorio Nacional de Agresiones está formado por: Serafín Romero, secretario general de la OMC y responsable del Observatorio ante la Asamblea General; José Alberto Becerra, secretario del CM de Badajoz y coordinador del Observatorio; Manuel Muñoz García de la Pastora, vicepresidente COM Ávila, y los secretarios de los colegios de Ourense, José Manuel Bendaña; Córdoba, Rosa Mª Montero; Cádiz, Gaspar Garrote; Ciudad Real, Luis M. Casero; y Murcia, José Miguel Bueno.
Encuentro con Soledad Becerril
Con Motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril ha recibido al grupo del Observatorio Nacional de Agresiones.
En la reunión, han participado Francisco Fernández Marugán, adjunto primero a la Defensora, y, por parte de la OMC, los doctores Juan José Rodriguez Sendín, Serafin Romero, Alberto Becerra, Manuel Muñoz García de la Pastora, Gaspar Garrote, Luis M. Casero y Rosa Marín.
El presidente de la OMC y los miembros del Observatorio han explicado a Soledad Becerril los objetivos de este Observatorio, y han informado de los datos de agresiones a médicos registrados en 2013, trasladando su queja ante la falta de unificación de criterios por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones.
Asimismo, le trasladaron su queja ante las diferentes maneras de abordar una agresión a sanitarios, dependiendo de si los actos de violencia se producen en centros sanitarios públicos o en centros privados. La corporación formalizará ambas quejas en los próximos días para que el Defensor del Pueblo las incluya en su Informe Anual.
Soledad Becerril mostró a los representantes de la OMC su sensibilidad ante este problema de violencia en el ámbito sanitario y aceptó lucir el lazo dorado con el que se simbolizan las acciones que está llevando a cabo el Observatorio de Agresiones.
El Observatorio de Agresiones de la OMC ha acudido al Defensor del Pueblo siguiendo la línea marcada de concienciación sobre este problema de violencia a las Administraciones públicas que inició con la ministra de Sanidad, Ana Mato; el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón; el entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, así como con los responsables sanitarios de las diferentes comunidades autónomas.
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