Por un espacio sociosanitario público

Trabajadores sociales y sanitarios se unen frente a las amenazas privatizadoras

Alta médica, baja social

JAIME PRATS / AGENCIAS Valencia / Madrid 7 MAR 2014 - 17:43 CET

Por la defensa de un sistema sociosanitario “público y de calidad”. Bajo esta premisa, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) han firmado este viernes una alianza de colaboración destinada a hacer frente de forma conjunta a las iniciativas privatizadoras que amenazan a las dos parcelas asistenciales.

“Creemos en un modelo de atención público, coordinado desde ambos sistemas -social y sanitario- y con el único objetivo de ofrecer a las personas en situación de dependencia una atención digna, sostenible y eficaz”, han expresado ambos organismos.

El presidente de la asociación de trabajadores sociales, José Manuel Ramírez, ha explicado en una rueda de prensa que el espacio sociosanitario sobre el que trabaja el Gobierno se trata de un "engaño" y una "estrategia para satisfacer el deseo de oportunidad de negocio" de los "lobbies" de "las empresas privadas y los centros de poder".

Ramírez ha calificado la política de recortes del Gobierno de "atentado a los derechos humanos de las personas más vulnerables", y ha añadido que si el Estado renuncia a atender a estas personas "va a generar mucho sufrimiento" a los siete millones de usuarios de los servicios sociales en España.

Por su parte, el portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, ha indicado que la política de recortes puede acabar provocando un problema de cohesión social en España, dejando a millones de ciudadanos "al borde del abismo de la pobreza y la exclusión social".

Esto, ha dicho, se observa en las diferencias entre comunidades autónomas, de manera que aquellas en las que peor funcionan las políticas sociales -la Comunidad Valenciana y Canarias-, es donde hay mayor desigualdad.

Los dos dirigentes han reconocido la necesidad de mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y los de asuntos sociales, pero apuntan que esto debe hacerse siempre "desde los sistemas públicos", para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y en especial de los más vulnerables, como los pacientes crónicos, los enfermos mentales o los dependientes.