El 12,61% de las bajas temporales se mantiene por estar incluido el trabajador en alguna lista de espera médica

Madrid (24-26/05/2014) - Redacción/E.P.

Así lo explica al Gobierno en respuesta al diputado socialista Pedro José Muñoz; el PSOE critica el coste que esta situación provoca a la Seguridad Social

El 12,61 por ciento de las incapacidades temporales se mantienen por estar el trabajador incluido en una lista de espera médica para pruebas, cirugía o rehabilitación, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de mediados de marzo de este año, lo que supone algo más de un punto por encima del porcentaje que se registraba en 2008.

Así lo explica al Gobierno en respuesta al diputado socialista Pedro José Muñoz, quien en una pregunta parlamentaria criticaba que el coste de los subsidios de la incapacidad temporal por baja médica que asumen las arcas públicas se vea incrementado a resultas del aumento de las listas de espera médicas.

"Conforme se van deteriorando las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud va aumentando el número de procesos de IT cuya duración está condicionada no sólo por el estado de salud del trabajador, sino cada vez más por el retraso en solucionarlo por la demora de las listas de espera", dice el diputado.

De hecho, en su pregunta incluía datos -sin precisar la fuente- según los cuales entre 2008 y 2009 el 90 por ciento de las decisiones de continuar de baja que adoptaban los inspectores del INSS estaban fundamentadas en el criterio médico, y únicamente entre el seis y el diez por ciento venían impuestas por estar pendiente de alguna prueba o tratamiento.

Sin embargo, Muñoz sostenía que "en los últimos años" el porcentaje de decisiones médicas ha caído al 63 por ciento, y el de otras razones se ha incrementado al entorno del 23 o el 27 por ciento.

Por contra, el Ejecutivo rechaza esas cifras en su respuesta escrita y asegura que "a nivel nacional los porcentajes son estables y no se observan variaciones significativas en la secuencia de años 2008-2014".

De hecho, precisa que teniendo en cuenta los controles médicos realizados por inspectores del INSS a nivel estatal salvo Cataluña a trabajadores cubiertos por contingencias comunes, el porcentaje de bajas temporales que se prolongaron por estar el trabajador en lista de espera médica era del 12,61 por ciento a mediados de marzo de 2014.

Un dato medio punto superior al 12,1 por ciento del pasado año, y más de dos puntos porcentuales por encima del 10,3 por ciento de 2012. En la anterior legislatura el porcentaje era del 11,77 por ciento en 2008; del 12,45 por ciento en 2009; del 12,14 por ciento en 2010; y del 10,77 por ciento en 2011.

Los inspectores ya saben de toxicología

Por otra parte, el diputado de la Izquierda Plural por Asturias, Gaspar Llamazares, se queja en otra pregunta parlamentaria de que los equipos de inspectores del INSS que reconocen y valoran las incapacidades no incluyan a un toxicólogo, al menos para casos de intoxicación industrial como la ocurrida por mercurio en la empresa asturiana AZSA.

Sin embargo, el Ejecutivo le recuerda que los equipos de valoración de incapacidades están compuestos por un presidente y cuatro vocales, entre los cuales hay un médico propuesto por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o por el órgano competente de la comunidad autónoma, un médico perteneciente al personal del INSS, un inspector de Trabajo y un funcionario titular de la Dirección Provincial del INSS.

"El médico inspector de la Seguridad Social tiene formación suficiente en toxicología para realizar la evaluación médica correspondiente, auxiliado por los informes médicos y pruebas complementarias necesarios del propio Servicio Público de Salud, existentes ya en la documentación clínica del trabajador en el momento de la valoración, o bien solicitados por el propio médico inspector", añade.

Llamazares también se preocupa en su pregunta por las consecuencias que tiene una mala valoración de la enfermedad de los trabajadores, ya que puede conllevar recaídas en la IT que, desde el punto de vista de las prestaciones por desempleo, puede suponer una merma importante de los ingresos del trabajador.

Y es que si un trabajador está de baja temporal y, al poco de reincorporarse al trabajo, acaba en el paro y luego tiene una recaída, su prestación de incapacidad tomará como base reguladora la percepción del paro y no el sueldo que tenía cuando se causó la enfermedad. Por eso, el diputado asturiano pide al Gobierno que modifique este aspecto de la normativa para mantener la misma base reguladora en los dos periodos de baja.

Sin embargo, el Gobierno apela al criterio "reiteradamente manifestado" por la Seguridad Social -y corroborado por el Tribunal Supremo- de que "cuando se produce una nueva situación de IT, ya sea por un proceso nuevo o una recaída de un proceso anterior, ha de procederse al cálculo de la base reguladora conforme a la situación laboral y salarial en que se encuentre el beneficiario en dicho momento".

De hecho, el Ejecutivo sostiene que cambiar la legislación en el sentido que propone Llamazares podría "producir efectos ambiguos y no deseados" ya que pueden darse casos en que mantener la base reguladora de la primera baja signifique percibir menos prestación por incapacidad, si entre un proceso y otro el trabajador ha mejorado su remuneración salarial.

Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Por otra parte, el PP defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que quiere instar al Ejecutivo a aprobar e impulsar la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2014-20, un documento para cuya elaboración el Gobierno ya creó una comisión de trabajo el pasado mes de marzo.

El texto de los 'populares' hace hincapié en que once años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha "llegado el momento de reflexionar y hacer balance, ahondar en los aciertos y corregir errores" con el objetivo de "adoptar medidas eficaces a partir de un enfoque renovado a fin de conseguir objetivos cuantificables y ciertos de reducción de la siniestralidad laboral".

No obstante, también reconoce que la Estrategia 2007-12, acordada con los agentes sociales y las CCAA, ha permitido a España reducir su índice de accidentalidad de trabajo con bajas en un 50,5 por ciento y las enfermedades profesionales en un 34,5 por ciento en ese periodo.

Pese a todo, el PP reconoce que "siguen existiendo aspectos que no se han podido abordar en su totalidad y otros que, al ser de reciente aplicación, no se pueden valorar", y que en el año 2013 se registraron 397.051 accidentes laborales, de los que 432 fueron mortales.

Es por ello que los 'populares' quieren instar al Gobierno a "aprobar e impulsar la entrada en vigor de la nueva Estrategia "con el objetivo de "concienciar a la sociedad sobre la importancia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de la consolidación de la cultura preventiva".

El objetivo final debe ser, insisten, "proteger al trabajador de sufrir accidentes laborales o enfermedades profesionales que cumpliendo la normativa vigente pudieran ser evitables", un fin con el que el Gobierno está "muy sensibilizado" y por el que "sigue trabajando".

Una estrategia que, como es habitual, se basa en las líneas comunes de prevención que fija la UE con la participación de los estados miembros, y que tiene como principales objetivos mejorar la efectividad de las actuaciones de la Administración en materia de prevención de riesgos, impulsar la coordinación entre administraciones, potenciar el análisis, investigación, promoción, apoyo y control, formación y asesoramiento en prevención a las empresas, potenciar las actuaciones respecto de determinados colectivos, sectores o riesgos, y fortalecer el papel de los interlocutores sociales en esta materia.

Menores y Ley de Dependencia

Además, el Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado al Gobierno que "adopte, en coordinación con las comunidades autónomas, las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de los menores en situación de dependencia y a recibir una atención adecuada por parte de los poderes públicos".

Rosa Aguilar, portavoz socialista de Servicios Sociales y ponente de la iniciativa, ha denunciado que el Gobierno del PP ha recortado derechos, eliminado recursos y desmantelado la Ley de Dependencia, dejando fuera del sistema y desatendidas a las personas en situación de dependencia. Además, ha denunciado "el ataque sistemático del Gobierno del PP a los cuidadores familiares a los que les está despojando de todos los derechos que tenían reconocidos por ley".

Una desatención que, como ha destacado, deja a las familias con algún miembro en situación de dependencia en una "situación dramática" y mucho más si se trata de un menor porque las necesidades se multiplican y, en muchas ocasiones, requiere unos cuidados que precisan la dedicación completa de al menos uno de sus padres.

Aguilar ha recordado que, según datos de la Confederación Española de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), el coste económico medio de una familia con un hijo con discapacidad es de 31.878 euros al año, "algo que muchas no pueden permitirse".

Por ello, la Proposición no de Ley reclama que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales "no tenga carácter excepcional para los menores en situación de dependencia". Además, pide que se mejore la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, situándola, al menos, en las mismas condiciones que tenía antes de la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012.