"Hay mucho interés por ver qué dice el TC sobre el RDL 16/2012"

Josefa Cantero, presidenta de Juristas de la Salud, critica la norma de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La inaplicación de algunas de sus medidas causa inseguridad jurídica.

Carmen Fernández. Barcelona | carmenfer@diariomedico.com | 09/06/2014 00:00

"Tenemos mucho interés por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones", explica la presidenta de la Asociación de Jurista de la Salud, Josefa Cantero, en el XXIII Congreso Derecho y Salud, celebrado la semana pasada en Barcelona.

El fallo sobre el polémico real decreto, recurrido por varias comunidades autónomas y otros organismos y entidades, es, a su juicio, difícil de prever: "Todo depende de lo que el TC quiera innovar. El derecho de protección de la salud es un derecho social que tiene el valor de los principios rectores de la política social y económica del país y que, por tanto, corresponde al legislador confirmarlo y establecer su contenido en cada momento concreto. En tiempos de crisis el legislador está legitimado para adoptar medidas, pero a lo mejor el TC nos sorprende porque en los autos en los que se ha ido pronunciando sobre la atención a inmigrantes ha dicho que el derecho a la salud está directamente relacionado con el derecho a la vida y a la dignidad humana y que eso tiene un valor esencial en nuestro ordenamiento jurídico, que es algo que no puede ser desconocido en aras del ahorro económico". Cantero recuerda también que el TC ya ha contribuido con sus sentencias a que el SNS sea "un modelo cerrado y uniforme en lo tocante a derechos y prestaciones". Por desgracia, la sentencia tardará años en dictarse, lamenta la abogada, que es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La asociación que preside cuenta con cerca de 400 socios que son letrados de servicios autonómicos y funcionarios con alta responsabilidad, abogados especializados y profesionales universitarios. A pesar de la heterogeneidad del colectivo, incluyendo su ideología, Cantero destaca que lograron ponerse de acuerdo para emitir un comunicado conjunto en contra del Real Decreto Ley 16/2012 porque "no nos parecía equitativa la exclusión de inmigrantes irregulares, y más cuando después hemos sabido que al mismo tiempo se incluía a rentistas con hasta 100.000 euros anuales; es decir, que se excluía a los más necesitados y se incluía a adinerados que viven de rentas, con la excusa de que todos pagamos impuestos. Eso nos lleva a un sistema injusto que no tiene en cuenta la justicia social y la solidaridad que inspiran nuestro modelo social".

Cantero también critica que, aunque el real decreto se dictó con carácter urgente, dos años después varias de sus medidas ni se han desarrollado ni se aplican o se aplican en unas comunidades sí y en otras no.
"La no aplicación favorece a la ciudadanía (copago en transporte no urgente, copago en farmacia hospitalaria) pero la situación es extraña para el operador jurídico y causa inseguridad jurídica", asegura.