Listas de espera en 'espera'

Sanidad anunció hace casi un año un decreto de priorización de pacientes del que aún no se sabe nada. La demora quirúrgica bajó de 100 a 98 días en 2013, pero la de consultas subió de 59 a 67 días.

Laura G. Ibañes. Madrid | laura.gutierrez@diariomedico.com | 16/06/2014 00:00

El Ministerio de Sanidad publicó el viernes los datos de las listas de espera en el SNS en 2013, que muestran una leve mejoría, con una reducción de dos días de la demora media respecto a 2012, año en el que habían batido récord histórico, con una espera media de 100 días, frente a los 76 del año 2011. Por el contrario, la lista de espera de primera consulta con el especialista parece haberse disparado en 2013: ha pasado de 59 a 67 días.

Con la supresión de peonadas, la paralización de planes de choque y la prohibición de sustituciones por las estrecheces presupuestarias en boca de cuantos se animaron a explicar en su día el porqué del incremento de las demoras en 2012, la ministra de Sanidad, Ana Mato, se apresuró entonces a anunciar una nueva norma para reformar la gestión de las listas de espera. Lo hizo en un Consejo Interterritorial de Salud informal en Barcelona, al que varias autonomías optaron por no acudir precisamente por considerar que la temática precisaba, cuanto menos, una reunión formal.

Casi un año después de aquel anuncio y pese a la reciente publicación de las listas de espera de 2013, aún no han trascendido las bases sobre las que se asentaría la futura norma de priorización de pacientes ni si ésta se basará sólo en cuestiones clínicas o si entrarán en juego también factores socioeconómicos. A falta de la nueva norma nacional, algunas autonomías, como Castilla y León o Galicia, se han lanzado a establecer un sistema de priorización propio en función de gravedad, mientras que otras, como Cataluña, han anunciado lo contrario, que renuncian a elaborar su propia norma a la espera de la nacional.

Una norma sobre la que el Ministerio aclara poco: "Estará orientada a que los tiempos de espera se establezcan en función de la prioridad de la intervención. En estos momentos, las comunidades autónomas están colaborando y haciendo aportaciones, con las que esperamos tener próximamente un borrador".

Ley de priorización
Al respecto, la consejería de Madrid explica ya que en su opinión "la prioridad la deben establecer los clínicos. No obstante, si una norma nacional aprobada por el Consejo Interterritorial establece criterios de priorización, se acatarán como no puede ser de otro modo. Estos criterios deberían ser claros y ampliamente consensuados con participación de los clínicos.

De momento, no sólo no se conoce el borrador de esa futura norma, sino que las sociedades científicas dicen no haber sido aún consultadas pese a tener, en su opinión, mucho que decir al respecto. Todas las consultadas por DM coinciden en que urge el cambio normativo para acabar con la legislación actual de plazos máximos, pero también en que hace falta un consenso con los clínicos para fijar las nuevas prioridades.

Luis Javier Álvarez, presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, opina al respecto que "merece mucho la pena hacer el esfuerzo de definir claramente por criterios clínicos la prioridad en las intervenciones. En casos como el nuestro, donde tenemos una gran patología semiurgente como un aneurisma, no terminamos de entender que los quirófanos puedan estar ocupados con pacientes clínicamente no prioritarios como una prótesis, por el mero hecho de que llevan esperando su intervención más de lo que dice la ley. Una ley de plazos como la actual provoca que los gestores no nos permitan a los clínicos organizarnos como deberíamos".

El responsable de la sociedad insiste en que "los clínicos nos pondríamos de acuerdo si los gestores y políticos nos dejaran y no estuviéramos encorsetados por leyes de plazos máximos. Las leyes de plazos sólo sirven para eximir de responsabilidad al político y trasladársela al clínico que carga con la responsabilidad de intervenir a tiempo pero no con la capacidad de priorizar a los pacientes que debe".

Recursos utilizados
Pero, en su opinión, la resolución de las listas de espera precisa no sólo de una ley de priorización de pacientes: "Es inconcebible que los quirófanos sigan parados por las tardes. Y más aún que se hable de derivar a la privada cuando se tienen recursos parados en la pública. Da igual si se hace a través de peonadas o de contratación de personal sólo de tardes o fines de semana, eso no importa: lo que importa es que los quirófanos funcionen a pleno rendimiento todo el día".

En línea muy semejante se expresa Javier Rodríguez Recio, de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram), el otro escollo en las listas de espera, las de pruebas diagnósticas. "Ni el Ministerio ni nadie nos ha consultado cómo resolver las listas de espera y aunque tradicionalmente lo que más preocupa es la demora quirúrgica, creo que es crucial actuar sobre la lista de espera de pruebas diagnósticas, que condiciona el resto". Recio opina que "en primer lugar creo que hay que actuar sobre la inadecuación actual de las pruebas diagnósticas. No hay un estudio claro, pero se calcula que entre el 30 y el 40 por ciento de las que se realizan serían inadecuadas. Y por eso es preciso un consenso entre los profesionales sanitarios sobre cuándo deben solicitarse, pero para ello es imprescindible previamente que se implante en todas las autonomías la petición electrónica y la historia clínica electrónica porque si no disponemos de petición electrónica no podemos resolver en el momento con el clínico que la ha solicitado la necesidad o no de la prueba, y si no disponemos de historia electrónica se seguirán repitiendo pruebas innecesarias. Sólo con estos dos sistemas se reducirían entre un 10 y un 15 por ciento las que se solicitan y con ello las listas de espera".

Junto a esa reducción de pruebas innecesarias, Recio insiste también en la necesidad de que "los equipos de los que disponemos se utilicen por completo. Se insiste en externalizar, cuando disponemos de equipos y sólo falta el personal para utilizarlos o los incentivos para que el personal actual trabaje más horas. En cualquier centro sanitario público pueden hacerse las pruebas más baratas que si se tienen que externalizar".

Junto a estas dos medidas opina que "sí sería muy buena una regulación sobre cómo priorizar pacientes. La lógica nos dice, por ejemplo, que hay que priorizar al paciente de baja laboral, pero no nos ampara para ello ninguna norma. Está claro que ya se usan criterios clínicos para decidir la prioridad, los oncológicos y los ingresados, pero para el resto de pacientes no existen aún".

Consenso social
Samuel Antuña, de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, se suma a estas mismas ideas y recuerda que "las listas de espera existen en todos los sitios y no son malas en sí, el problema es no poder garantizar que quien espera es quien puede hacerlo. Por eso creo que sería una magnífica idea una legislación que pudiera aclarar qué pacientes tienen prioridad sobre otros, siempre y cuando se hiciera en colaboración con los profesionales sanitarios; pero a nosotros por lo menos todavía no se nos ha consultado nada".

Con algo más de cautela, José María Morán, vicepresidente de la Federación de Inspectores Sanitarios (Faiss), explica que la nueva norma debe surgir de "un consenso profesional, ético y social que permita priorizar a los pacientes no sólo en función de criterios clínicos porque, a igual gravedad, hace falta algún criterio de desempate que puede tener que ver con factores socioeconómicos pero que precisa del consenso de la sociedad y la profesión".

¿Prioridad para quien esté de baja?

El borrador de la Ley de Mutuas prevé el uso de los recursos de las mutuas para liberar de presión a los servicios públicos, lo que abre la opción de que los pacientes de baja laboral se salten las listas de espera y puedan ser atendidos más rápidamente con recursos de las mutuas, pero con cargo al sistema público. Al respecto, José María Morán, vicepresidente de Faiss, explica que "a igual gravedad, en una hernia de disco, por ejemplo, cabe plantearse que se intervenga antes al paciente de baja, que genera costes para el sistema y corre riesgo de perder su trabajo, que al pensionista con el mismo problema y el mismo dolor, pero ante una sospecha de un cáncer, por ejemplo, no parece que tenga sentido priorizar un paciente de baja sobre el otro. Por eso es imprescindible no sólo fijar criterios de prioridad, sino consensuarlos. La solución simplista del orden cronológico no es la más justa".