Inspectores sanitarios temen quedar sometidos a la censura de las mutuas en su gestión de la Incapacidad Temporal

Madrid (09/07/2014) - Jorge Sánchez Franco

• La Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS) augura el desentendimiento creciente de estos profesionales en lo que al control de las bajas se refiere

• El Ministerio de Empleo no ha querido consultar en ningún momento a FAISS, que ha hecho difusión de sus análisis y opiniones técnicas a través de los sindicatos y de los medios de comunicación

• Es muy probable que el proyecto de Ley de Mutuas sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros

Fuentes de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS) apuntan que el proyecto de Ley de Mutuas irá al próximo Consejo de Ministros. Por el momento no ha trascendido nada sobre el texto final de la normativa, salvo un comunicado conjunto de las tres sociedades científicas de Atención Primaria (AP) en el que celebran que hayan sido reconocidas las aspiraciones de los médicos de familia tras varios encuentros con el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, no hay que olvidar que quien manda en este asunto es el Ministerio de Empleo, por lo que habrá que esperar al viernes para corroborar los cambios que se han hecho finalmente con respecto al polémico anteproyecto presentado en el mes de diciembre.

La reforma, tal y como está planteada en dicho anteproyecto de ley, "afectaría especialmente a Cataluña y Andalucía, donde existen unidades monográficas dedicadas al control de la incapacidad temporal (IT)", señala José María Morán, vicepresidente de FAISS. El papel de los inspectores sanitarios que forman parte de ellas, al igual que el de los médicos de AP, "quedaría sometido a la censura de los trabajadores de las mutuas, como si los asesores fiscales controlaran a los inspectores de Hacienda", explica. En el resto de autonomías estos profesionales y los mismos gestores de los servicios regionales salud "tenderían a desentenderse del control de las bajas, dedicando sus esfuerzos a otras funciones en las que sí se consideren protagonistas", como las meramente evaluadoras en el caso de la Inspección Sanitaria.

El Ministerio de Empleo "no ha querido consultar en ningún momento a FAISS, que ha hecho difusión de sus análisis y opiniones técnicas a través de los sindicatos y de los medios de comunicación", señala Morán. "Lamentablemente, Sanidad ha sido en exceso tolerante y consentidora, aceptando que agentes externos conculquen, en base a argumentos meramente económicos, la soberanía de los médicos del SNS para dirigir la curación de las enfermedades de los trabajadores con un criterio exclusivamente sanitario", afirma. Según datos aportados por FAISS, la gestión de prestaciones de IT por parte de las mutuas ha pasado del 0 por ciento en 1995 a más del 80 por ciento en 2014 como consecuencia de la "ineptitud y la incapacidad reformadora" de los diferentes ejecutivos centrales.

La principal alegación de FAISS al anteproyecto de ley se refiere a la polémica medida que otorga a las mutuas el poder de dar por finalizada la baja médica de un trabajador si la sanidad pública no responde a su propuesta de alta en un plazo de cinco días, aunque todo apunta a su eliminación en el texto final. "Creemos perverso e inadmisible este procedimiento y consideramos que es exigible un alta médica explícita y formal, no presunta, para una denegación de derechos a los ciudadanos", apunta el experto. Además, los inspectores médicos se muestran contrarios al acceso de las mutuas a la totalidad de la historia clínica de todos los trabajadores de la Seguridad Social, hayan estado o no de baja en alguna ocasión, y a la suscripción de convenios entre dichas entidades y los servicios regionales de salud. Esto último "podría suponer la priorización de la asistencia de los trabajadores frente al resto con cargo a los fondos públicos, lo que rompe el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Según el vicepresidente de FAISS, "desde el primer momento se nos ha querido hacer ver que la reforma iba a suponer una simplificación burocrática de la emisión de partes de baja para los médicos de AP, cuando la verdadera intención era ceder la gestión de la IT a los empresarios". Además, los posibles conciertos que se puedan suscribir en el marco de la nueva normativa "descapitalizarán los propios servicios del SNS en tanto en cuanto las mutuas ocuparán su exceso de oferta a costa de la sanidad pública", señala. A esto se une el hecho de que "ninguna autoridad estatal o autonómica controla de forma sistematizada la actividad asistencial sanitaria que llevan a cabo estas entidades privadas con cargo a los fondos públicos, al contrario de lo que sí ocurre con cualquier centro de salud u hospital del SNS".