La crisis del Ébola y la dimisión de Ana Mato, acontecimientos sanitarios de 2014
Madrid (06-07/01/2015) - Jorge Sánchez Franco
La crisis sanitaria originada por el primer contagio de Ébola en España, la dimisión de la ministra Mato por su relación con el caso Gürtel, y la paralización definitiva del proceso de externalización de la Sanidad madrileña han sido los asuntos más candentes del sector en el año que acaba de terminar
La crisis sanitaria originada por el Ébola, la dimisión de la ministra de Ana Mato por su relación con el caso Gürtel y la paralización definitiva del proceso de externalización de la Sanidad madrileña han sido los asuntos más candentes del sector sanitario en 2014. También ha dado mucho que hablar la Troncalidad, aprobada definitivamente en julio, y el lento desarrollo del Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El nuevo sistema de precios de referencia, el lanzamiento del registro estatal de profesionales sanitarios o la polémica reforma de la Ley de Mutuas y de la gestión de la incapacidad temporal (IT) son otros temas relevantes del año que nos acaba de dejar.
El 6 de octubre, la auxiliar de enfermería Teresa Romero, de 44 años, llegaba en una ambulancia del SUMMA al Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, donde se ponía en marcha el protocolo médico fijado por la Unidad Médica Preventiva del centro sanitario. La sanitaria había formado parte del equipo que atendió a los dos misioneros infectados por el virus del Ébola y repatriados a España, que finalmente fallecieron: Miguel Pajares y Manuel García Viejo. Tras 16 horas de angustia tratando de salvar la vida de la sanitaria, a las 19:00 horas se confirmaban las peores sospechas: la auxiliar tiene ébola. Es trasladada entonces al Hospital Universitario Carlos III y comienza un tratamiento con anticuerpos de otros infectados.
La entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, y el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, crearon un comité para investigar qué había podido fallar. Tras numerosas críticas y desafortunadas declaraciones y divagaciones, el Consejo de Ministros del 10 de octubre decidía la creación de un comité interministerial para la gestión de la crisis, presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Posteriormente, el Consejo Interterritorial del SNS acordaba cambiar los protocolos de actuación para el seguimiento del personal sanitario que hubiera estado en contacto con enfermos de ébola.
Curación y alta de Teresa Romero
El 21 de octubre, los médicos que atendían a Teresa Romero en el Hospital Universitario Carlos III aseguraban que la auxiliar de Enfermería había superado la enfermedad. El último análisis realizado a la paciente daba negativo y, por lo tanto, los doctores afirmaban que se cumplían los criterios de curación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Seis días después, el marido de la afectada, Javier Limón, y otros 10 pacientes puestos en cuarentena por su contacto con Teresa recibían el alta hospitalaria tras 21 días de observación. La auxiliar de Enfermería dejaba el hospital el pasado 5 de noviembre y presentaba una demanda contra Javier Rodríguez por vulneración de derecho al honor.
Precisamente, el líder del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, destituía a Javier Rodríguez como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid a principios del mes de diciembre por asegurar ante un medio de comunicación que si él "lo hubiese hecho mal" Teresa Romero "no estaría hablando" -en clara alusión a la demanda presentada por la auxiliar de Enfermería-, a lo que añadía que "España seguiría luchando contra el ébola si su gestión frente a la crisis no hubiese sido la correcta". Le sustituía en el cargo el entonces viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Javier Maldonado. Este nombramiento traía consigo la dimisión de Belén Prado como viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras y el ascenso de Manuel Molina al puesto que había dejado vacante el nuevo consejero.
Javier Maldonado se convertía en el tercer consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en lo que va de legislatura, dado que sus dos antecesores habían dejado el cargo al principio y al final de 2014. El primero de ellos, Javier Fernández-Lasquetty, presentaba su dimisión en el mes de enero como consecuencia de la paralización del polémico proceso de externalización de la sanidad madrileña por parte del presidente del Ejecutivo autonómico y tras varios reveses judiciales. Era aquí donde el entonces portavoz de Sanidad del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Javier Rodríguez, hacía su aparición para hacerse cargo de la Consejería de Sanidad durante apenas diez meses.
No sería la gestión de la crisis del Ébola la que provocaría la dimisión "forzada" de la ministra Ana Mato a finales del mes de noviembre, sino su citación judicial en el caso Gürtel por parte del juez Ruz, quien le atribuía haberse beneficiado del dinero obtenido ilegalmente por su marido. Su sustituto en el cargo era el entonces portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso. Este nombramiento traía consigo las dimisiones de Pilar Farjas y Mercedes Vinuesa como secretaria general de Sanidad y directora general de Salud Pública respectivamente. Rubén Moreno se quedaba como "número dos" del nuevo ministro tras dejar la portavocía de Sanidad en el Congreso, Susana Camarero era confirmada como secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y Javier Castrodeza cambiaba la Dirección General de Ordenación Profesional por la de Salud Pública.
La Troncalidad llega a la formación médica especializada
El mismo Castrodeza se había encargado de dar el visto a la polémica Troncalidad seis meses antes y quizá por ello se le "premiaba" de esta manera. A pesar de la oposición del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) -con manifestación incluida- y de algunas sociedades científicas relevantes, el Consejo de Ministros aprobaba en julio el decreto que regula la troncalidad en la formación médica especializada, una trascendente medida prevista en la LOPS de 2003 que, por distintas causas, se había ido retrasando en los últimos años. La troncalidad incide en aspectos tales como la reespecialización o las áreas de capacitación específica (ACEs) y persigue una formación más global e integral para el médico. Sin duda alguna, era la noticia sanitaria del verano.
En el nuevo sistema de formación se creaban dos nuevas especialidades (Psiquiatría del Niño y Adolescente, y Genética Clínica); se modificaba la actual especialidad de Farmacia Hospitalaria, que añadía el apellido de Atención Primaria; se fusionaban los actuales títulos de especialista en Análisis Clínicos y en Bioquímica Clínica; y se creaban los ACEs de Enfermedades Infecciosas, Hepatología Avanzada, Neonatología, y Urgencias y Emergencias. A lo largo del segundo semestre de 2014, cuatro sociedades científicas (SEMES, Seimc, SEN y SEI) y dos sindicatos (CCOO y UGT) presentaban recursos judiciales contra la norma ante el Tribunal Supremo con el objetivo de revisar su legalidad y su conformidad con las normas del derecho comunitario europeo.
En el mismo Consejo de Ministros que aprobaba la Troncalidad se daba luz verde al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, también largamente esperado. Su objetivo no es otro que mejorar la planificación de los Recursos Humanos del SNS. Si bien este documento también cuenta con algunos detractores, el Ministerio de Sanidad asegura que existe un elevado consenso respecto al mismo y que se mantiene un contacto regular y fluido con las fuentes. Por el momento, ya se está trabajando en la plataforma digital que va a albergar este registro, y se prevé que el proceso culmine en 2016, en espera de lo que ocurra con el recurso presentado por Enfermería ante el Tribunal Supremo por invasión de competencias de los consejos generales. España tendría por fin un censo de todos los profesionales sanitarios que hay en el país y a él podrán acceder tanto los pacientes como las administraciones.
Los Pactos de La Moncloa, en entredicho
El gran acuerdo firmado en julio de 2013 entre el Ministerio de Sanidad, el Foro de la Profesión Médica (FPM) y el Consejo General de Enfermería (CGE) también iba a dar que hablar en 2014. En varias ocasiones, tanto médicos como enfermeros expresaron su malestar por el escaso desarrollo de dichos pactos. Las valoraciones del portavoz del FPM, Francisco Miralles, y del presidente del CGE, Máximo González Jurado, eran más bien negativas. Opinaban que ese desarrollo iba especialmente lento por no haberse establecido plazos concretos, aunque sí marcaba las líneas de lo que debía ser el SNS. Ambas entidades coincidían igualmente en reconocer que el pacto político era "la mayor dificultad".
Con la llegada de Alfonso Alonso a Sanidad llegaba el compromiso del Ministerio con el FPM y el CGE para cumplir el Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del SNS. "Los acuerdos están para ser cumplidos, por lo que es prioritario desarrollar su contenido de la mejor manera posible", afirmaba tras reunirse con los representantes de ambas organizaciones profesionales. Al hilo de estas declaraciones, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, expresaba su intención de hacer todo esto, o la mayor parte, en la presente legislatura, con apenas un año por delante. Es por ello que se comprometía a convocar una reunión de la comisión de seguimiento del Pacto tras las vacaciones navideñas.
En el marco de este gran acuerdo, el Ministerio de Sanidad de Ana Mato solo había avanzado en consensuar y validar un documento de gestión clínica elaborado por el FPM en base a las líneas generales establecidas por CESM y FACME -autonomía de gestión, voluntariedad, elección del líder a cargo de los profesionales, sin personalidad jurídica propia, sin cambios en la vinculación jurídica de los profesionales, incentivos ligados a la eficiencia y no al ahorro, etcétera- y para el que se pedía que tuviera rango de norma. También se había conseguido consensuar el reglamento de funcionamiento del Foro de las Profesiones Sanitarias, pero quedaba pendiente su activación para convertir a médicos y enfermeros en interlocutores directos con la Administración.
Nuevos precios de referencia
En el ámbito farmacéutico, el Ministerio de Sanidad daba luz verde al nuevo sistema de precios de referencia mediante la aprobación del Real Decreto 177/2014, del mes de marzo. Por primera vez se permitía la creación de nuevos conjuntos de medicamentos a financiar –con el mismo principio activo y vía de administración- cuando se cumplieran diez años de la autorización del fármaco en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, y siempre que existiera, al menos, uno financiado distinto del original y sus licencias. El 16 de julio entraba en vigor la primera orden de precios de referencia, que traería consigo la revisión del precio de 14.526 medicamentos. La norma preveía un ahorro superior a los 43 millones de euros.
Con todo esto, el gasto farmacéutico del SNS en junio se situaba en los 772 millones de euros, un 2,44 por ciento más que en el mismo mes de 2013. No obstante, el gasto descendía un 21,17 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2012 y el ahorro obtenido en farmacia en los dos años posteriores a la reforma sanitaria ascendía a 3.584,9 millones de euros. Por tercera vez en los dos últimos años se producía un aumento del gasto en el acumulado interanual, pasando de 8.898 millones de euros en 2013 a 9.270 millones en junio de 2014. Para el Observatorio del Medicamento, este dato reforzaba la idea de "un cambio de tendencia". El Consejo de Política Fiscal y Financiera aplazaba hasta 2015 la vinculación del gasto farmacéutico al PIB en el contexto de un acuerdo con los laboratorios.
Ya en el mes de mayo, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y representantes de Farmaindustria habían abordado la situación de la industria farmacéutica y el estado de la deuda de las comunidades autónomas por suministro de medicamentos a hospitales. En el transcurso de dicho encuentro, la patronal farmacéutica exponía el impacto que habían tenido sobre el sector los importantes ajustes que se habían venido realizando en el ámbito del gasto farmacéutico durante los últimos años y solicitaba a Montoro su apoyo para la creación de un marco estable y predecible para el sector en materia de precios y acceso a nuevos fármacos, vinculando el crecimiento del mercado farmacéutico público al ritmo de la economía.
Farmaindustria también publicaba en 2014 un informe sobre los efectos del nuevo régimen de copago farmacéutico puesto en marcha en 2012: la demanda de medicamentos dispensados a través de receta con cargo al SNS habría pasado de 1.000 millones de recetas en ese año a cerca de 850 en los últimos doce meses. Para la patronal española de la industria farmacéutica, esta medida habría tenido un "efecto estructural de contención del crecimiento de la demanda de recetas". Frente a la petición socialista de retirar esta polémica medida, el Ministerio de Sanidad establecía que los topes máximos para los pensionistas bajarían el 0,5 por ciento a partir del 1 de enero de 2015 en base al IPC de diciembre de 2013 a noviembre de 2014.
A pesar de todos estos datos, el vicepresidente de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, considera que España tiene margen para racionalizar el gasto sanitario porque los precios de los productos farmacéuticos son elevados y recurre poco a los medicamentos genéricos. No obstante, ha pedido que se evalúe el impacto de cualquier medida que se vaya a implementar, ya que las adoptadas hasta ahora están provocando un alargamiento de las listas de espera. El experto justificaba estas afirmaciones alegando que "se prevé que los gastos de la asistencia sanitaria en España aumenten 1,3 puntos porcentuales entre 2010 y 2060, desde el 6,5 por ciento del PIB en 2010".
Las farmacéuticas quieren liderar las inversiones en I+D
Paralelamente se daban a conocer los resultados de la Encuesta sobre Actividades de I+D que elabora cada año Farmaindustria entre sus asociados. Según ésta, la industria farmacéutica habría invertido un total de 928 millones de euros en I+D en el ejercicio de 2013. Este dato, si bien suponía un descenso del 4,6 por ciento con respecto al año anterior (972 millones se invirtieron entonces) –consecuencia de los fuertes ajustes sufridos por el mercado farmacéutico en el periodo de crisis-, ponía de manifiesto que los laboratorios siguen firmes en su propósito de liderar las inversiones en I+D industrial de nuestro país a pesar de la crisis, tal y como viene sucediendo en los últimos años.
A finales del mes de octubre, Antoni Esteve sucedía a Elvira Sanz en la presidencia de Farmaindustria con el siguiente mensaje: "Ha llegado el momento de dejar de ir de víctimas de la situación económica actual y pasar a ser protagonistas de la recuperación de nuestro país". En un seminario celebrado un mes después de su elección, el nuevo presidente de la patronal farmacéutica apuntaba como el principal desafío de su sector "que la sociedad empiece a ver a los laboratorios como una fábrica de conocimientos, innovación y talento, más que como una industria de productos. Nuestro principal objetivo es que los pacientes puedan acceder a los medicamentos más eficaces para seguir aumentando la esperanza de vida".
Bajo estas premisas, Sanidad y MSD firmaban a finales de julio el primer acuerdo de riesgo compartido para un fármaco en España. Se trataba de un medicamento para la hepatitis C –boceprevir- del que podrían beneficiarse todos los pacientes afectados por el virus (grados de fibrosis hepática F1, F2, F3 y F4). Este contrato se basaba en la definición del paciente "curado", de tal manera que el SNS solo asumiría el coste de las personas que lograsen la curación, y llegaba tras otro acuerdo de techo de gasto alcanzado con Janssen para su fármaco frente a la misma enfermedad –simeprevir-. Posteriormente también se negociaría con las farmacéuticas Gilead y BMS para incluir sofosbuvir y daclatasvir, respectivamente, en la financiación pública.
Nada de esto ponía fin a las quejas de pacientes y médicos sobre el acceso a los nuevos antivirales. Mientras que la Plataforma de Afectados por Hepatitis C denunciaba desigualdades entre comunidades autónomas a la hora de recibir una combinación de estos fármacos con una tasa de curación superior al 90%, la Asociación Española para el Estudio del Hígado echaba por tierra la estrategia sobre la enfermedad acordada por el Consejo Interterritorial del SNS y calificaba de "chapuzas" y "obsoletos" los informes de posicionamiento terapéutico publicados para simeprevir (Janssen) y sofosbuvir (Gilead). Detrás de la polémica estaba el elevado precio del tratamiento con ambos medicamentos: 50.000 euros por persona para tres meses.
Sanidad bloquea la vacuna de la varicela
El bloqueo de la vacuna de la varicela a mediados del mes de mayo por parte de la entonces secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, generaba otra polémica de gran calado en nuestro sistema sanitario. A pesar de haber sido autorizado por la Agencia Europea del Medicamento, el suero era retirado de las oficinas de farmacia de nuestro país por las restricciones que imponía el Ministerio de Sanidad. El Gobierno recordaba en diciembre que las personas a las que se prescribe la vacuna de la varicela tienen acceso gratis a la misma en el hospital. Lejos de controlarse o de ir en descenso, la enfermedad superaba todos los casos de 2013 dos meses antes de finalizar el año, siendo Aragón, Galicia y Castilla y León las autonomías donde más crecía.
En el mes de diciembre era finalmente aprobada en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Mutuas con el apoyo de PP, PNV y CiU. Entre otros aspectos, la normativa modificaba el régimen jurídico de estas entidades privadas, que pasaban a denominarse Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social. También se establecían una serie de limitaciones a sus altos cargos como consecuencia de los escándalos mediáticos generados por una gestión poco transparente y rodeada de una sombra de sospecha permanente. Quizás el más sonado de todos haya sido el de Mutua Universal, en el que se encuentran actualmente imputados 11 altos directivos por un presunto fraude cercano a los 200 millones de euros.
Lo más polémico de la nueva normativa era el hecho de que las mutuas pudieran intervenir en la baja laboral del trabajador desde el primer día de la misma –antes lo hacían desde el decimosexto-. Además, se obliga al inspector médico a responder en cinco días a las propuestas de alta que hagan estas entidades privadas –antes el plazo estaba en 15-; si no lo hace, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tendrá cuatro días para alcanzar una resolución, y el dictamen final será comunicado tanto a la empresa como al trabajador. El anteproyecto de ley de diciembre de 2013 contemplaba incluso la posibilidad de que un paciente fuera dado de alta de forma automática por silencio administrativo, pero esto era eliminado del proyecto en julio.
La nueva normativa también establece que los informes y resultados de las pruebas que se efectúen durante el proceso de incapacidad temporal (IT) pasarán a formar parte del historial clínico del paciente, al que podrán acceder las mutuas sólo en lo que tenga que ver con la baja laboral en curso, aunque no queda claro cómo se va a restringir dicho acceso de cara a mantener la confidencialidad del paciente. Asimismo, el texto obligaba a las mutuas a deshacerse de sus sociedades de prevención antes del 31 de diciembre de 2014 por no responder a la naturaleza de su actividad propiamente dicha y por acumular éstas una deuda de 40 millones de euros con la Seguridad Social. El Gobierno espera ahorrar con la reforma, al menos, 500 millones de euros.
Nueva norma para la gestión de la IT
Previamente, en el mes de julio, el BOE había dado luz verde al real decreto que regula la gestión y el control de los procesos por IT en el primer año de su duración. La nueva norma tenía como principales objetivos avanzar en la mejora de la gestión y el seguimiento de estos procesos, y simplificar los trámites asociados a los mismos. Para ello, se contemplaba la sustitución del actual sistema de expedición de partes médicos de confirmación –de periodicidad semanal- por otro basado en la diferenciación de cuatro grupos específicos. Con tal fin, se ponían a disposición de los médicos unas tablas con la duración media estimada que tienen las bajas en función de la patología, la edad del trabajador y la ocupación. Estos plazos se tendrían que incluir en los partes con un carácter puramente orientativo. Lo que se persigue con esta medida es reducir el absentismo laboral, cuya media se sitúa en 11 días al año por trabajador.
Una de las lacras de 2014 ha sido el grave problema del desempleo y la precariedad laboral, especialmente llamativo entre los médicos jóvenes. Con el objetivo de ayudar a este colectivo en la formación y búsqueda de empleo a nivel nacional e internacional, la Organización Médica Colegial (OMC) ponía en marcha en el mes de febrero la Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM). En apenas un año de funcionamiento se gestionaban más de 1.300 ofertas de trabajo a las que concurrían 235 facultativos. De todos ellos, solo 14 conseguirían un empleo y un futuro laboral en el extranjero en condiciones garantizadas por la OPEM. Más de 90 empresas mostraron su interés en la iniciativa.
En mayo, los doctores Vicente Matas, Mónica Terán, Manuel Carmona, Javier Font, Antonio Fernández-Pro y Josep Fumadó tomaban posesión oficial de sus cargos como nuevos vocales de las secciones nacionales de la OMC. El doctor Juan José Rodríguez Sendín les animaba a cumplir con las obligaciones del cargo, entre las que se incluye la defensa de los estatutos de la OMC, el Código de Deontología Médica y la Ley de Colegios Profesionales. Por su parte, los doctores Serafín Romero y Juan Manuel Garrote eran elegidos vicepresidente y secretario general de la OMC respectivamente en las elecciones celebradas el 5 julio. En estos comicios también resultaba reelegido el doctor José María Nieto como representante nacional de Medicina Privada por Cuenta Ajena.
Elecciones al Parlamento Europeo
El 25 de mayo tenían lugar las elecciones europeas, donde PP y PSOE eran fuertemente castigados por los electores. El auge de IU, de UPyD y, sobre todo, de Podemos empezaba a amenazar la hegemonía de los dos grandes partidos políticos de España. Otra consecuencia de estos comicios eran los nuevos rostros del Ejecutivo murciano tras la elección del nuevo presidente de la Región, Alberto Garre, en sustitución de Ramón Valcárcel, sexto en la lista europea del PP. En la cartera de Sanidad, Catalina Lorenzo sustituía en el cargo a María Ángeles Palacios.
Unos meses antes, el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto con el que se incorpora la Directiva 2011/24/UE, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. Según la nueva norma, los españoles podrán acudir a otro país de la UE para recibir asistencia sanitaría, adelantando el pago de los servicios que reciban y solicitando después el reembolso a España, bajo unas determinadas condiciones y, en el caso de algunos tratamientos, requiriéndose autorización previa.
Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminaba que el céntimo sanitario –impuesto sobre carburantes aplicado por algunas comunidades autónomas para financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria. Los jueces señalaban que "no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat catalana no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años". Se abría entonces una vía para que los afectados pudieran reclamar la devolución de los cerca de 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011. Antes de acabar el año se alcanzada un acuerdo mediante el cual Hacienda asumía el coste de dicha devolución.
El Parlamento Europeo también aprobaba un proyecto de ley que obliga a compañías farmacéuticas e investigadores a publicar los resultados de todos los ensayos clínicos que realicen en la Unión Europea. La norma facilitaba la cooperación transfronteriza para realizar estudios de mayor tamaño, más viables y fiables, que deberán centrar sus esfuerzos en desarrollar tratamientos especiales para, por ejemplo, las enfermedades raras.
El domingo 30 de marzo se llevaba a cabo una nueva prueba de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) en Madrid, Barcelona y Sevilla con el objetivo de certificar como especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria a cerca de 2.800 médicos que obtuvieron su titulación antes de 1995. Era la última oportunidad para que pudieran acreditarse aquellos profesionales que no tuvieran la especialidad reconocida legalmente. El doctor Benjamín Abarca, presidente de SEMG, admitía que la prueba había resultado "un poco más difícil de lo esperado por su planteamiento y su temática".
La ONT cumple 25 años
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) cumplió un cuarto de siglo en 2014 y lo celebró a lo grande en un acto conmemorativo al que acudió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien mostraba su "orgullo y admiración" hacia la entidad y destacada el hecho de que un andaluz pueda vivir con el corazón de un catalán porque "la fraternidad es patrimonio de todos los españoles". El director de la ONT, Rafael Matesanz, cifraba en 15.000 los profesionales formados en trasplantes y felicitaba al "ejército" de trabajadores de la sanidad, de la navegación aérea y de otros sectores que posibilitaron el récord de 16 donantes en un solo día cuyos órganos fueron trasplantados a 45 enfermos en 22 hospitales de once comunidades autónomas. La ONT se ponía dos objetivos para 2020 aumentar un 10 por ciento la tasa de donantes de órganos en España y hasta un 20 por ciento el número de trasplantes de órganos sólidos, lo que supondría llegar a los 40 donantes por millón de habitantes y 5.000 intervenciones anuales.
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