Expertos dudan sobre la aplicación del suicidio asistido en Canadá

La decisión del Tribunal Supremo de Canadá de declarar inconstitucional la sanción penal que pesa sobre el auxilio al suicidio ha suscitado varias dudas de alcance sobre su aplicación práctica.

G.E. Madrid | dmredaccion@diariomedico.com | 16/02/2015 00:00

La decisión del Tribunal Supremo de Canadá de declarar inconstitucional la sanción penal que pesa sobre el auxilio al suicidio -que impide a los médicos recetar un fármaco letal al paciente que quiera acabar con su vida- ha suscitado varias dudas de alcance sobre su aplicación práctica.

En primer lugar, porque la resolución judicial se ha limitado a declarar nula esta prohibición en la medida en que, en su afán de proteger al vulnerable, limita capacidad de decisión al paciente capaz que quiere recabar ayuda para morir. En este sentido, concede al Parlamento un año para regular la materia, lo que abre un periodo de incertidumbre.

Uno de los problemas que la ley tendrá que afrontar es el derecho a la objeción de conciencia, en principio reconocida por el Supremo

En segundo término, porque, como explica Jodi Lazare, del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad McGill, en Montreal, el alto tribunal ha declarado que la regulación de la materia es compartida entre el Estado federal y las provincias. Dado que en caso de conflicto la primera prevalece sobre la segunda, es perfectamente posible, señala, que "el Parlamento federal mantenga el suicidio asistido en el Código Penal, aunque de forma más restringida, lo que chocaría con la legalización aprobada por Quebec" el pasado mes de junio. "De ocurrir esto, cualquier regulación provincial más amplia sería inoperante".

Buscar el equilibrio
Otro nudo que la ley tendrá que desatar es la objeción de conciencia, en principio reconocida por la sentencia del Tribunal Supremo. "Será difícil encontrar el equilibrio", comenta Hugh Scher, abogado especialista en Derechos Humanos que asesora a la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, "pues en estos casos se busca tanto que ningún profesional se vea obligado a realizar una práctica que considere inmoral como a garantizar el acceso en comunidades pequeñas y dispersas".

Este punto puede generar tensiones porque las encuestas revelan que menos de la mitad de los médicos apoya el suicidio asistido, solo un 27 por ciento lo llevaría a cabo y esta proporción se refiere a casos de enfermedad grave terminal.

Sin embargo, el Tribunal Supremo reconoce el derecho también en caso de "sufrimiento psíquico", un concepto indeterminado y no sujeto a la presencia de una enfermedad avanzada o grave. En estos casos, es probable que haya "menos médicos dispuestos", apunta Jeff Blackmer, director de Ética, Profesionalismo y Asuntos Internacionales de la Asociación Médica Canadiense.

Puerta de entrada
De hecho, otra de las cuestiones que preocupa a los expertos es el relativo a que el aval judicial al suicidio asistido en caso de "sufrimiento intolerable para la persona", no condicionado a enfermedad, sea la puerta de entrada a la aceptación, en el futuro, de la eutanasia en niños, tal y como ha ocurrido en Bélgica. Y ello por más que la resolución judicial imponga la adopción de "salvaguardas" que restrinjan este derecho a adultos capaces y no sometidos a coacción de ningún tipo.