lunes, 4 de mayo de 2015

Un juez penal considera delito de atentado la agresión a un celador - DiarioMedico.com

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NUEVA SENTENCIA

Un juez penal considera delito de atentado la agresión a un celador

El magistrado Penal razona que el acusado conocía que el trabajador tenía la condición de funcionario porque le amenazó en relación con el desarrollo de sus funciones
Diego Carrasco. Madrid |diego.carrasco@diariomedico.com   |  04/05/2015 00:00
 
 
El Juzgado de lo Penal número 8 de Alicante ha dictado una interesante y novedosa sentencia al calificar como delito de atentado la agresión sufrida por un celador en el ejercicio de sus funciones públicas. El fallo explica que el perjudicado, personal laboral auxiliar, trabajaba en un centro de salud integrado en la red sanitaria pública y prestaba sus servicios en una entidad pública, lo que implica que posee "la condición de funcionario".
El juzgado explica que desde un punto de vista penal "el sujeto del delito de atentado son las autoridades, sus agentes y los funcionarios públicos". Así, "se considerará funcionario a todo el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de la autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas".
Según los hechos declarados probados, el condenado, que estaba molesto por cómo un celador trataba a su hermano, se dirigió al trabajador amenazándole que "si le pasaba algo a su hermano lo mataría", llegando a forcejear con el celador al tiempo que le exhibía un objeto punzante que tenía la forma de una navaja.
El magistrado Penal razona que el acusado conocía que el trabajador tenía la condición de funcionario porque le amenazó en relación con el desarrollo de sus funciones. Y es que el celador le dijo que debía esperar en la consulta, pero el acusado hizo caso omiso y abrió varias veces la puerta del despacho médico. En este contexto fue cuando el condenado agredió al personal sanitario por impedir que interrumpiera las sesiones clínicas de otros pacientes en busca de una atención de urgencia.
Intereses públicos
Por tanto, el fallo comparte uno de los argumentos de Carlos Fornes, abogado del celador, al señalar que la conclusión "ineludible final" es que el autor material de los hechos amenazó de muerte al empleado público, de tal forma que "con su agresión verbal y su posterior forcejeo alcanzaba a intereses públicos".
El juzgado condena al agresor a una pena de 16 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

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