sábado, 20 de junio de 2015

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Expertos proponen modificaciones en la Ley de Patentes



Madrid (20-22/06/2015) - Silvia C. Carpallo

Negociar con la Industria, exigir una mayor transparencia tanto en los costes como en la fijación de precios o la inclusión de una licencia obligatoria son algunas de las medidas que se plantean tras el caso de la hepatitis C de cara a la nueva Ley de Patentes

Actualmente la Ley de Patentes continúa tramitándose en el Senado, y algunos expertos han aprovechado este momento para abrir de nuevo el debate sobre la misma, y que puedan incorporarse en la misma nuevas modificaciones, que permitan poner restricciones a la Industria del sector Farmacéutico para evitar lo que consideran precios abusivos, como los que se han vivido recientemente en el caso de la hepatitis C. De hecho ha sido este caso el que ha motivado la creación del informe "Acceso a los nuevos medicamentos: El ejemplo de la hepatitis C. Costes, precios y patentes", realizado por expertos del sector de la talla de Fernando Lamata, Ramón Gálvez, Pedro Pita Barrios y Javier Sánchez Caro.
En opinión de Ramón Gálvez, experto en gestión sanitaria, "las lecciones que hemos aprendido de la hepatitis C nos pueden valer para los fármacos que vienen", y esta lección no es otra que aclarar que "la barrera de acceso a los nuevos medicamentos no es su coste, sino el precio que le ponen los fabricantes, y que no se corresponde a la suma de costes con un beneficio razonable, sino que parece más bien que se trate de un cálculo especulativo". Así, analizando el caso concreto de Sofosbuvir en España, y haciendo una estimación del coste de producción, de investigación y desarrollo y marketing de cada tratamiento, estos expertos señalan que se produciría un beneficio abusivo.
El primer problema es que todas estas cifras son solo estimaciones porque realmente no existe una verdadera transparencia en el sector, ni por parte de la Industria ni por parte de la Administración, sobre cuáles son los costes y los precios reales, según afirman. "Si las patentes existen para proteger la I+D, la Administración que concede esa patente debería saber cuál es ese coste, pero esto no ocurre", matizaba Fermando Lamata, ex consejero de Sanidad de Castilla La Mancha.
Propuestas de reforma
Es por ello que Lamata presentaba una serie de propuestas con las que concluía este informe, entre las cuales destacaba en primer lugar la necesaria negociación con la Industria, para buscar un equilibrio entre el interés social y el interés, lícito, del beneficio empresarial, que pase por un precio que incluya costes de fabricación e investigación y un beneficio "prudente". También señalaba que este coste en I+D es calculable, y debería haber más transparencia en los mismos, para poder negociar a la hora de fijar un precio. Otra opción, que de hecho el experto aseguraba que se ha planteado desde la Unión Europea, aunque tiene muchas más dificultades prácticas a la hora de su posible implantación, es el "poder separar la financiación de la I+D del precio de los medicamentos, creando un fondo mundial de investigación, y a partir de ahí que el laboratorio sólo financiase los costes de fabricación". Por último, Lamata planteaba incluir entre las modificaciones de la Ley de Patentes la licencia obligatoria, es decir, que en el caso de un mal uso de la patente, como es un abuso en los precios, crear una licencia obligatoria para que pueda fabricar ese medicamento otra empresa a modo de genérico.
Un resquebrajamiento del sistema
Javier Sánchez Caro, jurista y experto en derecho sanitario, afirmaba que tomando el ejemplo de la hepatitis C. si se continúa con esta dinámica de precios en los fármacos innovadores que están por venir, "bastaría un número de medicamentos no muy alto para que la estructura de los sistemas sanitarios se resquebrajara". Sin embargo el experto dejaba claro que es urgente tomar medidas porque lo que no puede ocurrir es que estos fármacos no entren en el mercado ya que "por razones económicas se podrá dejar sin algunos bienes a los pacientes, pero nunca los vitales, la prioridad siempre debe ser el derecho a la vida". Finalmente los expertos reconocían que si la incorporación de todas estas medidas quizás sea difícil en el corto plazo, lo que sí es necesario es abrir debates en torno a esta cuestión para ir sumando esfuerzos y llegar a acuerdos en la propia Unión Europea.

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