Hay suficientes camas, pero la financiación no es la adecuada

El último informe de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) revela que España cuenta con suficientes camas residenciales para afrontar el reto del progresivo envejecimiento de la población.

l. g. i. Madrid | laura.gutierrez@diariomedico.com | 22/06/2015 00:00

De hecho, las cifras muestran que la oferta de plazas residenciales se ha incrementado un 29 por ciento desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia y alcanza ya las 255.000 plazas privadas y 94.200 públicas, tras estancarse este crecimiento en 2013.

Cataluña sería la comunidad más saturada, con un 89 por ciento de ocupación de sus camas, frente al 59 por ciento en Baleares

Aunque la distribución de estas camas es muy desigual entre autonomías (Castilla y León dispone por ejemplo de 7,2 camas residenciales por cada 100 mayores de 65 años, mientras que Murcia sólo cuenta con 2,2), ninguna comunidad ha llegado a niveles de ocupación que indiquen saturación del parque residencial.

Cataluña sería la comunidad autónoma más saturada, con un 89 por ciento de ocupación de sus camas, frente a sólo el 59 por ciento de ocupación que registra Baleares, a la cola. En conjunto, una de cada cinco camas para dependientes mayores está vacante.

Dinero o servicios
Tras esta realidad figura el polémico sistema de ayudas y financiación a las autonomías diseñado en la Ley de Dependencia que, pese a lo que reza la norma y señala una y otra vez el discurso político, premia en la práctica a las autonomías que conceden ayudas económicas directas para cuidados familiares por encima de la prestación de servicios (no sólo residenciales sino también servicios profesionales de atención al dependiente), ya que la financiación que recibe la autonomía cuando presta un servicio no cubre el coste real de dicho servicio.

A este problema se añade un dispar sistema de concertación con el sistema privado (en el que las autonomías combinan desde el cheque-residencia hasta la gestión privada de centros públicos pasando por los conciertos tradicionales), que da lugar a tarifas por cama residencial muy diferentes entre autonomías, desde los 77,3 euros de media por cama en País Vasco a los sólo 42,7 en Castilla-La Mancha.

El baile de IVA
La cuestión se complica aún más si se tiene en cuenta que estos servicios están sujetos a diferente IVA (superreducido del 4 por ciento si paga la Administración, reducido del 10 por ciento si paga el paciente y exento si paga una entidad sin ánimo de lucro), lo que inviable trazar un coste real y, por tanto, una financiación adecuada para el servicio prestado.

Según el informe de Aeste, el problema radica en buena medida en que en España "la parte social no cubre los costes reales de los servicios que se prestan y está alejada de las cantidades que aportan otros países, mientras que la parte sanitaria no participa en la financiación y el usuario copaga de manera desigual e insuficiente para cubrir los gastos de alojamiento y manutención, que en otros países se sufragan íntegramente".