Competencia pide mejorar la regulación de productos ortoprotésicos

Competencia considera justificado que Sanidad establezca un importe máximo nacional en la financiación de productos ortoprotésicos, pero dice que el proyecto de orden que regulará la cartera común necesita mejoras.

Redacción | 04/01/2016 12:03

También recomienda incorporar "criterios de coste-beneficio/efectividad y eficiencia en la determinación de precios"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado el Informe sobre el proyecto de Orden que regula la oferta de productos ortoprotésicos en el SNS, un texto que modifica el Anexo VI de la norma que establece la cartera de servicios sanitarios comunes.

Como contó DM y refleja el informe de Competencia, con esta nueva regulación los productos ortoprotésicos financiados deben estar incluidos en la oferta común y no superar un importe máximo de financiación establecido a escala nacional.

Competencia cree que esto "parece justificado desde la óptica de eficiencia en la gestión del gasto público y política sanitaria. Con ello se evitan desigualdades entre usuarios dependiendo del ámbito geográfico derivadas del mantenimiento por cada entidad gestora (autonomías, Ingesa o mutuas de funcionarios) de un catálogo propio de prestación ortoprotésica, cuyos contenidos e importes de financiación no resultaban homogéneos".

En todo caso, Competencia cita "aspectos cuya regulación sería mejorable". El primero que cita refiere al marco nomativo, que "resulta confuso y adolece de falta de coherencia e inseguridad jurídica, en perjuicio de los operadores y de los ciudadanos-usuarios". El informe cree prioritario "una revisión coherente y sistemática".

Flexibilizar la regulación de precios
En cuanto al régimen de intervención de precios previsto por el regulador en los productos ortoprotésicos, lo considera "cuestionable" y recomienda revisarlo, estudiando "otras opciones regulatorias de menor intensidad que propiciaran una mayor competencia en precio y/o en innovación".

Con respecto al importe máximo financiable, también cuestiona los criterios y metodología utilizados para su determinación: "El importe máximo financiable actúa en la práctica como un precio máximo: no se prevén incentivos para que los precios de oferta resulten inferiores a los referidos importes máximos y presentan un riesgo de alineamiento de precios de los operadores". Por ello, recomienda incorporar "criterios de coste-beneficio/efectividad y eficiencia en su determinación".

También habla de la fijación de un margen idéntico a todos los distribuidores y establecimientos dispensadores: "Resulta criticable al limitar las posibilidades de seguir estrategias de diferenciación de precios o calidad". Recomienda no aplicarlos de manera generalizada e incluye la posibilidad de efectuar descuentos.

Competencia dice que el marco regulatorio "conlleva inseguridad jurídica, resulta confuso y adolece de falta de coherencia

Subastas en concurrencia competitiva
Competencia propone "explorar la adquisición de productos por concursos y procedimientos de selección transparentes y objetivos", poniendo como ejemplo "subastas en régimen de concurrencia competitiva". Eso sí, matiza que éstas deben estar "cuidadosamente diseñadas en cuanto a requisitos de acceso, garantías de abastecimiento y dispensación", fomentando "una mayor eficiencia basada en precios inferiores, productos con mejores prestaciones y/o con un mayor componente innovador".

Revisar la regulación de acceso a la actividad, clarificar los requisitos de participación de empresas no radicadas en España y mejorar la relación con la reducción de los plazos de los procedimientos de inclusión de productos en la oferta, alteración y revisión de precios son sus últimas recomendaciones.