Dependencia: mala nota y continuas desigualdades

La Ley de Dependencia tiene como objetivo frenar su endémica infrafinanciación, los fallos de gestión y organización que lleva arrastrando desde el principio y las desigualdades entre autonomías. Pacientes, profesionales y gobiernos autonómicos están insatisfechos con su desarrollo.

José A. Plaza. Madrid | japlaza@unidadeditorial.es | 07/03/2016 00:00

La Ley de Dependencia nació en diciembre de 2006 y comenzó a desarrollarse en 2007. Casi diez años después, llega un fin de ciclo y toca evaluarla y reinventarla. El objetivo es frenar su endémica infrafinanciación, los fallos de gestión y organización que lleva arrastrando desde el principio y las desigualdades entre autonomías. Pacientes, profesionales y gobiernos autonómicos están insatisfechos con su desarrollo.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lleva desde 2008 publicando su Observatorio de la Dependencia, que analiza los factores que construyen la atención a dependientes y que, atendiendo a varios parámetros, pone nota a los servicios prestados por cada comunidad.

Castilla y León, la mejor
Las cifras no son buenas (ver cuadro). La nota media nacional en los últimos ocho años está entre el suspenso alto y el aprobado raspado. Sólo cuatro regiones (Castilla y León, Andalucía, País Vasco y La Rioja) han mantenido buena nota desde que nació la ley, con mención especial para la primera, que está instalada en el sobresaliente. Las otras tres regiones rondan el notable.

De las demás, siete (Galicia, Asturias, Extremadura, Cataluña, Cantabria, Murcia y Navarra) se han mantenido en simples aprobados, aspirando algún año al notable y coqueteando en otros con el suspenso. Otras cinco (Madrid, Murcia, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana) tienen un claro suspenso de media.

Haciendo una media con las calificaciones obtenidas en los últimos ocho años, aprueban diez comunidades (cinco por los pelos)

Los casos de Castilla-La Mancha y Aragón son particulares: aprobaban con solvencia e incluso buena nota hasta 2011; desde entonces, la primera apenas llega al 5, y la segunda nunca alcanza el 4.

El dictamen del Observatorio tiene en cuenta los siguientes indicadores: beneficiarios, solicitudes y dictámenes; personas con derecho pendientes de servicio; equilibrio entre servicio y prestación económica; integración en la red de servicios sociales; incremento interanual de personas atendidas; gasto público por habitante y año; incremento o pérdida interanual de expedientes grado III; innovación y buenas prácticas; sistemas de información, y modelo de seguimiento sistematizado.

La nota media, un 4.8
La inequidad salta a la vista. Como dato revelador (aunque las divergencias entre autonomías le restan cierto valor), calculando la nota media nacional de las 17 autonomías en los 8 últimos años, España obtiene sólo un 4,8 sobre 10 en atención a la dependencia.

Un vistazo al último Observatorio, publicado el mes pasado, deja claras las muchas desigualdades detectadas en 2015, extrapolables en la mayoría de casos a los año anteriores.

Diferencias extremas
Los ejemplos de desigualdad son casi incontables. En Canarias, el 53 por ciento de dependientes están en lista de espera, y en Castilla León sólo un 9 por ciento (la media nacional está en el 32 por ciento). El incremento anual de personas atendidas se sitúa en un 24 por ciento en el País Vasco, y en un pírrico 0,5 por ciento en Cataluña (la media nacional queda en un 8). El porcentaje de empleo anual generado asciende a un 46 por ciento en Castilla y León y a sólo un 19 en Baleares (de media, un 35). La ratio entre servicios de proximidad y prestaciones económicas se sitúa en un 2,3 en Madrid y en un 0,13 en Aragón (la media apenas supera el 1)... Y suma y sigue.

¿Cuánto dinero público gasta cada autonomía por dependiente?

Las desigualdades entre autonomías se reflejan también en la financiación de los servicios a dependientes por cada autonomía. Cabe recordar que la Ley de Dependencia contempla que Gobierno central y regiones financien la ley al 50 por ciento. Las comunidades llevan años lamentando que este equilibrio no se cumpla y que el Ejecutivo central aporte en torno a un tercio del total.

Tomando la aportación nacional como referencia (el gasto público promedio por dependiente atendido fue el año pasado de 6.956 euros), se observa de nuevo la heterogeneidad autonómica, el descenso en la financiación entre los años 2009 y 2013, y cierto repunte de fondos -con excepciones- en los últimos tres años.

La aportación del Ejecutivo central fue de 7.898 euros por dependiente atendido en 2009. Bajó progresivamente hasta los 6.137 euros en 2013, y repuntó en los dos últimos años hasta los 6.956 euros en 2015.

Caídas progresivas
El año pasado, once regiones dedicaron menos dinero por dependiente atendido que el Gobierno central. El cuadro muestra los vaivenes en la financiación según año y según autonomía. Sólo Cataluña, Murcia y Navarra han aumentado entre 2009 y 2015 la cantidad aportada. Las demás autonomías la han bajado, con caídas importantes en Madrid (más de la mitad), Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León.