Posted: 09 Mar 2016 08:26 AM PST
Veinticinco organizaciones solicitaron una audiencia para tratar el tema de la falta de acceso a los medicamentos en la Región y enfatizaron que si en los países en desarrollo existiera un acceso del 100% a los medicamentos genéricos se podrían salvar 10,5 millones de vidas al año.
Veinticinco organizaciones de América Latina y el Caribe solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para tratar el tema de la falta de acceso a los medicamentos en la región, y enfatizaron que si en los países en desarrollo existiera un acceso del 100 por ciento a los medicamentos genéricos se podrían salvar 10.5 millones de vidas al año.
"Queremos exponer el drama de la falta de acceso a medicamentos, que afecta a cerca de 2.000 millones de personas en el mundo y ocasiona la muerte de más de 10 millones cada año, de las cuales 700.000 pertenecen a Latinoamérica y el Caribe", afirmaron desde el colectivo, que cuenta con apoyo específico de las fundaciones Misión Salud de Colombia y Grupo Efecto Positivo de Argentina, entre otras.
"La magnitud del problema hizo que por primera vez una coalición de organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia católica se movilicen en busca de apoyo para defender el derecho a la vida, a la salud y a los medicamentos ante las prácticas ilegales e ilegítimas de las compañías farmacéuticas multinacionales para bloquear la oferta de genéricos con precios asequibles, únicos a los que tienen acceso los sistemas de salud sin poner en riesgo su sostenibilidad financiera", enfatizó el grupo en el pedido.
Con respecto a la situación en la Argentina, desde el colectivo explicaron que la principal barrera para acceder a medicamentos esenciales son también "los abusos que las multinacionales farmacéuticas hacen del sistema de patentes".
"Mediante la obtención y extensión ilegítima de monopolios sobre los medicamentos, las compañías fijan precios exorbitantes que obran como barrera en el cumplimiento de la obligación del Estado de proveer tratamientos para todos, desfinanciando los programas públicos de provisión de medicamentos", afirmaron.
En enfermedades crónicas como el VIH o la hepatitis C, el Estado argentino garantiza la provisión pública de medicamentos a través de programas nacionales, aunque "su alto precio amenaza la sustentabilidad de esos programas", señalaron.
"Hemos solicitado la audiencia frente a la CIDH para alertar sobre las terribles consecuencias que esto tiene sobre la salud pública y plantear la incongruencia que existe entre el sistema de patentes y los derechos humanos en nuestro país y la región", insistieron, y subrayaron que "si en los países en desarrollo existiera un acceso del 100 por ciento a los medicamentos genéricos se podrían salvar 10.5 millones de vidas al año".
Por otro lado, algunos de los mecanismos de defensa de la salud pública, como las nuevas guías para el examen de solicitudes de patentes farmacéuticas, que resguardan la adecuada administración del sistema de patentes y aseguran la sustentabilidad económica de, como por ejemplo el Programa Nacional de Provisión Gratuita de Medicamentos Antirretrovirales, son objeto de acciones legales de las compañías farmacéuticas contra el Estado: "Nosotros sostenemos que si ganan las patentes, pierde la salud de todos y todas", alertó el colectivo.
La Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), organización argentina co-peticionaria de la audiencia ante la CIDH, trabajó en conjunto con la anterior gestión del Ministerio de Salud argentino logrando "avances significativos" en materia de acceso a medicamentos, según explicó.
De esta forma se refirió al impulso que el ex ministro Daniel Gollán le imprimió a la problemática y que concluyó con un comité de Salud compuesto por todos los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para negociar la compra conjunta de medicamentos costosos con los laboratorios, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
"Gracias al trabajo conjunto se logró la reciente adquisición a un laboratorio nacional de una partida de la versión genérica de sofosbuvir -tratamiento contra la hepatitis C- para personas en situación de urgencia y la inclusión de una meta agregada de 90 por ciento de tratamientos a precios asequibles en la adopción nacional de la 'Estrategia 90-90-90' de Naciones Unidas en la respuesta contra el VIH/sida", detallaron a Télam.
Desde la FGEP precisaron que en la Argentina viven 126.000 personas con VIH y más de 69.000 reciben tratamiento antirretroviral, mientras que siete de cada diez se atienden en el sistema público. Además, se estima que cerca de 800.000 viven con hepatitis C, caso que constituye un "claro ejemplo del abuso de las compañías farmacéuticas multinacionales".
"En el caso de la hepatitis C, el mencionado sofosbuvir tiene un precio (para el tratamiento entero) de 84.000 dólares en Estados Unidos. Si se otorga la patente a Gilead, la compañía que la solicita en nuestro país, en Argentina ese tratamiento de tres meses podría costar alrededor de 7.500 dólares, sin embargo el Estado adquirió recientemente una partida de la versión genérica de sofosbuvir para personas en situación de urgencia a un laboratorio nacional a 15 dólares la unidad", graficaron.
Y concluyeron: "La producción nacional, la oferta de genéricos y la ausencia de monopolios favorecen la sustentabilidad de los programas públicos de salud y el acceso a los medicamentos para las personas que más los necesitan".
Fuente: Télam
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