30 años de la Ley General de Sanidad con la universalización y la coordinación aún pendientes

Facme y las sociedades de atención primaria destacan los logros de la Ley General de Sanidad, que cumple 30 años, pero piden reformas para evitar las inequidades autonómicas y conseguir la univesalización de la atención.

Laura G. Ibañes | 25/04/2016 12:25

El exministro de Sanidad asesinado por ETA, Ernest Lluch, promotor de la Ley General de Sanidad, en su jura del cargo. (Archivo)

La Ley General de Sanidad cumple hoy 30 años. La norma que configuró el actual sistema sanitario español, definiendo las competencias autonómicas y los niveles asistenciales, destacó por universalizar la sanidad, desligando el derecho de asistencia sanitaria de la cotización a la Seguridad Social al ligar la financiación del sistema sanitario a los impuestos y separarlo de las cotizaciones.

La ley, gestada por el exministro asesinado por ETA, Ernest Lluch, sentó las bases de la red de atención primaria y acabó con los más de 60 sistemas de asistencia sanitaria ligados a empresas, cooperativas, mutuas profesionales y entidades sin ánimo de lucro que sostenían la sanidad hasta 1986 y que, sin embargo, dejaban fuera del sistema sanitario a gran parte de la sociedad española.

La Ley General de Sanidad configuró el sistema de atención primaria y los niveles asistenciales

El gran reto de la universalización de la sanidad que se abordó hace ahora 30 años comenzó reconociendo en su preámbulo la dificultad de una reforma profunda de estas características: "De todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumancia frustrado como la reforma de la sanidad". No en vano, la ley precisó 11 borradores antes de llegar a las Cortes donde, pese al acuerdo en su aprobación, recibió más de un centenar de enmiendas.

Aunque el cambio que se abordó con la Ley General de Sanidad fue profundo, la universalización en realidad no fue completa, quedando todavía fuera del sistema sanitario algunos colectivos como los parados de larga duración o algunas profesionales liberales. No fue hasta 2012 cuando el controvertido decreto popular de reformas sanitarias RD 16/2012 reformó el sistema para conceder la universalización de la sanidad a todos los residentes españoles abriendo, sin embargo, una nueva brecha en la universalización del sistema al excluir a los inmigrantes sin papeles. La culminación del proceso de transferencias sanitarias a las autonomías en diciembre de 2001 y la necesidad de reforzar la coordinación del sistema sanitario tras los traspasos llegó de manos de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, que renovó en parte la Ley General de Sanidad y que fue, de nuevo, remendada a través del citado decreto ley de 2002.

Con todo, las voces en pro de una universalización total de la sanidad y la necesidad de luchar de forma más decidida para acabar con las inequidades entre autonomías hacen pensar, con motivo del 30 aniversario de la ley, en la necesidad de abordar algunos cambios.

La norma de 1986 desligó la financiación de la sanidad y el derecho de asistencia de la cotización a la Seguridad Social

Antonio Fernández Pro, presidente de SEMG, reconoce al respecto que "hay muchos aspectos sin cumplir de la norma de hace 30 años y por tanto que cambiar, pero sin duda, el título IV, el de la coordinación general sanitaria, es el que precisa una reforma más rápida y profunda, ya que es la ley de 1986 la que abre la puerta a la descentralización total de nuestro sistema, con competencias atribuidas por exclusión (todo lo que no es del Estado es de las autonomías) que sin duda disminuyen la eficiencia del sistema y originan que la atención entre autonomías esté tan fragmentada, con límites que rozan el absurdo (sinergias de proximidad ignoradas, hipertrofia de hospitales de alto nivel, infrapresupuestación de la AP...) que sea más fácil la atención siendo ciudadano europeo que español. La ausencia de un Consejo Interterritorial fuerte y gestor lastra nuestro sistema sanitario de forma grave, que se manifiesta especialmente en momentos de crisis".

A esta cuestión, Josep Basora, presidente de Semfyc, añade que "En el contenido de esta ley se contemplaba la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, se modificaba el régimen de la Seguridad Social sin hacer una derogación de la condición de asegurado para acceder al sistema sanitario. Esta situación genera una desventaja que ha fomentado la aprobación del Real Decreto 16/2012 en el que se reconsidera la condición de asegurado para acceder a la Seguridad Social, creando una gran confusión que, incluso, llegó a dejar fuera de la sanidad no solo a personas que no poseían la nacionalidad española, sino a quienes también eran ciudadanos españoles".

Desde Semergen, José Luis Llisterri, va un paso más allá y afirma que "la transferencia de los servicios sanitarios a las comunidades autónomas, con el tiempo, ha demostrado ser una fuente de desigualdad, ya que no se fijaron unos criterios uniformes para todo el sistema. Esto ha favorecido la actual inequidad entre autonomías en ciertos aspectos controvertidos, como el acceso a determinados tratamientos, y ha provocado que el país haya ido estructurando 17 sistemas sanitarios diferentes, con consecuencias negativas para los ciudadanos según la comunidad donde residan. Este tema, posiblemente espinoso, debería subsanarse con el objetivo de alcanzar una plena igualdad en la asistencia sanitaria resida donde resida la persona que necesita de los recursos médicos".

Finalmente, el presidente de Facme, Carlos Macaya, que comparte esta preocupación explica que "como aspectos de mejora, esta ley debería actualizarse, incorporando la Ley de Cohesión de 2003 (para que sea una única Ley) y hacer que sea de obligado cumplimiento en todas las autonomías".