El Gobierno central recurre la exención de copago de los pensionistas valencianos

El Gobierno central ha presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra los decretos de la autonomía que eliminaban la obligación de copago farmacéutico de pensionistas y personas con discapacidad, de modo que la autonomía asumiese en su nombre con fondos públicos el coste del copago al que estaban obligados por la ley nacional.

Europa Press | 05/04/2016 14:50

El Gobierno central ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra los decretos del actual Gobierno valenciano que conceden subvenciones a pensionistas y personas con discapacidad para eliminar los efectos del copago farmacéutico establecido por el Ejecutivo del PP en 2012.

Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha recibido el recurso interpuesto por el abogado del Estado contra el Decreto 240/2015 y el Decreto 39/2015, ambos de 29 de diciembre de 2015, que regulaban las bases de las ayudas para el colectivo de pensionistas y personas con diversidad funcional, según publica este martes el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV).

Estos decretos, con un coste estimado de 41 millones, permitían a los citados colectivos dejar de pagar a partir del 1 de enero el copago farmacéutico ya que este desembolso era asumido por la Generalitat.

En concreto, estos decretos beneficiaban a 910.000 pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con rentas inferiores a los 18.000 euros, que dejarán de pagar por los medicamentos recetados por los médicos del sistema público de salud.
Asimismo, concedían estas ayudas a unas 136.000 personas con diversidad funcional que presentan una discapacidad reconocida del 65 por ciento o más en el caso de mayores de edad y del 33 por ciento o más en el caso de los menores. En este caso, además de medicamentos, estas personas también puodían acceder sin pago suplementario a las ortoprótesis que necesiten, sujetas a financiación pública.

Tras la presentación de este recurso, se abre un plazo de 15 días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.