Hepatitis C: un juzgado investiga al Sergas por posible homicidio de seis pacientes

Un juzgado de Galicia ha decidido abrir diligencias previas contra dos altos cargos del Sergicio Gallego de Salud (Sergas) por posible homicidio por imprudencia y prevaricación en la muerte de seis pacientes de hepatitis C.

María R. Lagoa | Vigo | 18/04/2016 11:29

La Fiscalía de Santiago de Compostela considera que en la investigación sobre la muerte entre los años 2013 y 2015 de varios pacientes de Hepatitis C que no recibieron a tiempo los nuevos tratamientos, aparecen elementos que pueden significar la existencia de posibles delitos de homicidios por imprudencia grave profesional y prevaricación. Acusa formalmente de ellos al que fue director de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial Bernández (actualmente gerente de la estructura organizativa de gestión integrada de Vigo) y a la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo.

Ambos deberán declarar como investigados (la figura legal que se corresponde con la antigua de imputados) el próximo 28 de abril después de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago de Compostela haya decidido abrir diligencias previas ante la denuncia del ministerio público.

En su escrito, el fiscal sostiene que el retraso en la tramitación de peticiones de tratamiento que solicitaron los especialistas médicos y en su suministro "obedecieron a razones de tipo presupuestario del Servicio Gallego de Salud (Sergas) y no de contenido médico o clínico, posponiendo la toma de decisiones".

Señala que los investigados eran los responsables de los organismos encargados dentro del Sergas (como la Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica, órgano asesor de la Consejería de Sanidad) de la autorización de medicamentos como uso compasivo y de la utilización de medicamentos en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica, conforme a las instrucciones de los programas aprobados por la Xunta de Galicia.

El fiscal asegura que la tramitación se produjo con un retraso injustificado, "dilatando la toma de decisiones, y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación de la compra de dicha medicación, eludiendo las peticiones formuladas por los facultativos en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica". A su juicio, esta actuación infringió los compromisos establecidos en las instrucciones por ellos elaboradas, "hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes, con resultado de muerte en alguno de los supuestos".

La investigación del ministerio público es consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación Batas Blancas, formada por profesionales sanitarios mayoritariamente pertenecientes a la red pública del Sergas, pero mientras esta asociación hacía referencia a tres casos, el fiscal eleva su número a ocho, en su mayoría de pacientes que fallecieron porque recibieron el tratamiento tarde.