La farmacia rural reclama una redistribución de recursos para evitar cierres

Madrid (20/04/2016) - Eva Fariña

Sefar y partidos políticos defienden el modelo español, pero divergen a la hora de definir soluciones

La Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) ha organizado el 'I Foro Sefar, conversaciones sobre botica', con la intervención de representantes de los principales partidos políticos, para analizar la situación del sector y buscar soluciones. Entre otras propuestas, la Sefar ha reclamado la redistribución de los recursos aportados por el Estado, ya que las farmacias rurales "constituyen el 4,53 por ciento de la red y solo consumen el 1 por ciento de los recursos", según ha dicho Francisco Javier Guerrero, presidente de Sefar, quien ha reclamado una subida de medio punto (1,5) para desarrollar una cartera de servicios completa adaptada al entorno rural, sin poner en riesgo la sostenibilidad. "Este incremento no supondría un quebranto a los que están mejor situados, pero evitaría números rojos cada mes y se salvaría un modelo de atención que beneficia al paciente. Debe garantizarse cubrir los gastos mínimos imprescindibles y obtener unos ingresos netos equivalentes a los de una farmacia de Atención Primaria".

En el encuentro se han analizado las conclusiones del estudio de impacto en la oficina de farmacia del RD 09/2011, que ha realizado la sociedad científica. Además, la Sefar ha expuesto los resultados del análisis de los gastos fijos en una oficina de farmacia, "algo vital para conocer su viabilidad", según ha dicho Guerrero, quien ha expuesto la "situación extrema" de las farmacias con viabilidad económica comprometida (VEC). "Ninguna oficina de farmacia debería cerrar por causas económicas, y menos en el entorno rural", ha comentado ante los representantes políticos.

Una farmacia VEC tiene cada mes unos gastos fijos de 1.231 euros, mientras que una farmacia no VEC gasta 4.431 euros, de los que el 56 por ciento se destina a gastos de personal. "Cuando se aplican medidas de recorte, pedimos que se evalúen las consecuencias, especialmente las que afectan a la parte más débil del sistema", ha puntualizado Guerrero.

Defensa del modelo, pero con redistribución de recursos

En líneas generales, los políticos han coincidido en tres aspectos del sector farmacéutico rural: defensa del modelo de farmacia, necesidad de la redistribución de los recursos disponibles y promoción de la función de la farmacia. Una idea que ha sido aprobada por los ponentes ha sido la posibilidad de pasar de un sistema de pago por receta a otro capitativo, aunque es complicado definir los criterios. En líneas generales, no se trata de aumentar el gasto, sino de redistribuirlo.

Como representante del Partido Popular, José Ignacio Echániz, ex consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, ha recalcado "la importancia de la defensa del modelo de farmacia español". "Nuestra comunidad, que fue la primera en desarrollar el RD 09/2011, se caracteriza por la dispersión de la población y el envejecimiento. Además, la normativa de genéricos ha aumentado las dificultades económicas para las farmacias rurales, aparte del retraso en los pagos". "Debemos replantearnos el modelo de financiación. Las farmacias pequeñas están en riesgo de desaparición, y cada vez son más necesarias debido al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónicas".

También José Martínez Olmos, senador del Partido Socialista, ha reclamado una estrategia especial para el mundo rural (escuelas, farmacias, etc.), ya que el futuro es complicado. "Tendríamos que diseñar un nuevo modelo retributivo, es imprescindible, sea cual sea ese futuro". Esos cambios, según el ex secretario de Sanidad, pueden basarse en "profundizar" en el RD 09/2011, pero con medidas realistas que no creen falsas expectativas.

Por su parte, Fernando Navarro, representante de Ciudadanos y ex gerente del Hospital de Inca (Mallorca), ha expuesto la necesidad de modificar la estructura de beneficios, para que no dependa solo del medicamento con receta. En este apartado han estado de acuerdo todos los ponentes, ya que apenas un 10 por ciento de los ingresos de las farmacias rurales depende del medicamento libre.

José Andrés Llamas, de Izquierda Unida, ha criticado "la política de recortes sobre el gasto farmacéutico, que se ha limitado a la reducción del precio por unidad, por receta, lo que ha agravado el problema de sostenibilidad de las farmacias". "Si aplicamos las medidas adecuadas, evitaremos consecuencias indeseadas. El sistema intenta garantizar la sostenibilidad y la equidad, y desde IU consideramos que hay una incongruencia porque PP, PSOE y Ciudadanos defienden el modelo español de farmacia y, a la vez, en secreto, están negociando el tratado de libre comercio con EE.UU". Ante esta afirmación, Echániz y Martínez Olmos acusaron a Llamas de "desconocimiento" de la situación de la farmacia en España.

Como portavoz de Podemos, la psiquiatra Ana Castaño también ha reclamado diseñar "un nuevo modelo distributivo" y definir la cartera de servicios. "Para nosotros, la farmacia rural es el lugar idóneo para empezar a poner en marcha la nueva redistribución, ya que estas entidades funcionan como agentes de salud". Otro tema que ha puesto encima de la mesa ha sido el cambio de titularidad de las farmacias, y ha planteado distintas posibilidades: compraventa, oposición... Su propuesta no ha sido respaldada por ningún político más.

Ana Castaño también ha reivindicado la ley de transparencia: "Queremos saber cuánto paga la Administración Pública por un determinado fármaco y también queremos conocer bien cómo es el gasto hospitalario". "No podemos legislar de espaldas a la ciudadanía, y las multinacionales pueden exigir que se cumplan los acuerdos secretos en perjuicio del gasto público. Estamos en un momento de emergencia social", ha recalcado la representante de Podemos.