Un juez impone a un cirujano una fianza de tres millones para asegurar su RC

La decisión judicial responde al aumento de las cuantías por daños y secuelas que se fijan en el nuevo baremo de tráfico. La norma supone un reto para el forense que la utiliza en sus informes.

Diego Carrasco. Madrid | diego.carrasco@diariomedico.com | 04/04/2016 00:00

El nuevo baremo de indemnizaciones por accidente de tráfico, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que los jueces y tribunales aplican de modo orientativo en el ámbito sanitario, prevé unaumento sustancial de las cuantías por los daños ocasionados por mala praxis. Tanto es así que entre las compañías aseguradoras se ha creado cierta incertidumbre acerca de la conveniencia de garantizar la cobertura que tienen suscrita los servicios de salud y profesionales sanitarios.

Un ejemplo de las consecuencias en la aplicación del nuevo baremo de tráfico es el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 17 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo contra un cirujano por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave, pues a una paciente menor de edad se le tuvo que amputar la pierna derecha.

La principal novedad de esta decisión judicial es que impone al médico una fianza de 3.056.562,60 euros para asegurar la responsabilidad civil (RC) en que pudiera incurrir si finalmente resultara condenado por mala praxis sanitaria.

Según la querella presentada por Alfonso Iglesias, abogado de la Asociación de Errores Médicos, el 26 de febrero de 2015 una joven de 16 años, deportista de élite de gimnasia acrobática, sufrió un accidente durante un entrenamiento al caer sobre su pierna derecha. Seprodujo una hiperextensión forzada de la rodilla.

En el servicio de Urgencias de una clínica se le diagnosticó fractura de tibia y peroné. Fue trasladada a otro centro privado. El médico de guardia prescribió reposo y analgésicos y decidió avisar por teléfono al cirujano acusado quien declinó visitar a la paciente. Al día siguiente, el facultativo ordenó una RM que reveló "síndrome compartimental del miembro inferior derecho y una fasciotomía del compartimento externo de la pierna". Pasaban las horas y la enferma continuaba quejándose de impotencia funcional para dorsiflexión del pie, falta de sensibilidad de la pierna, frialdad en el pie e imposibilidad de mover los dedos del pie derecho.

Dos días más tarde los síntomas se iban agravando con severos trastornos neurológicos y el cirujano se limitó, según la acusación, a prescribir más y más analgésicos. Fue el 1 de marzo cuando se ordenó una angioTC urgente para confirmar o descartar una obstrucción arterial aguda. Dicha prueba reveló que la arteria poplitea estaba obstruida. El acusado no consultó el resultado con ningún cirujano vascular y decidió al día siguiente el traslado al servicio de Cirugía Vascular de un hospital privado. La paciente llegó con una isquemia aguda postraumática de más de 80 horas de evolución. Ante esta situación, se procedió a la amputación del miembro inferior derecho.

Petición de prisión
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, representada por el abogado Iglesias, han solicitado penas de dos y tres años de prisión respectivamente y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión. Ambas partes también solicitaron una fianza de tres millones de euros basada en los daños y secuelas valoradas con el nuevo baremo de tráfico. El juicio, que todavía no tiene fecha fijada, se celebrará en los próximos meses en la ciudad de Vigo.