Cómo revitalizar la mayor conquista social

Ministerio y consejeros destacan la aportación de la norma a la creación del SNS, la universalidad del derecho a la atención, la red de primaria, la descentralización y la financiación vía impuestos. Los consejeros señalan la coordinación entre autonomías, la equidad en las prestaciones y la financiación suficiente como principales retos del sistema sanitario creado por la norma.

L. G. Ibañes, C. Díaz, E. Mezquita y M. Lagoa. Madrid | laura.gutierrez@diariomedico.com | 03/05/2016 00:00

"De todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumacia frustrado como la reforma de la sanidad". Con estas palabras comienza la Ley General de Sanidad de 1986, que acaba de cumplir 30 años y que, de forma unánime, los consejeros de Sanidad califican como uno de los mayores logros sociales de la democracia española.

No en vano, la ley promulgada por el ex ministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA, puso fin a un entramado de más de 60 mutuas, cooperativas y seguros sanitarios que funcionaban hasta entonces dando cobertura sanitaria a los trabajadores y a sus familias, pero que dejaban fuera a más de 8 millones de personas. La norma en la que se asienta el Sistema Nacional de Salud desvinculó la financiación de la sanidad de las cotizaciones a la Seguridad Social y la ligó a los impuestos, concediendo así el derecho a la asistencia sanitaria con carácter universal a toda la población (con algunos flecos todavía), que hasta entonces sólo tenía reconocida la asistencia en algunas patologías concretas (como la tuberculosis).

Con la vista puesta en el futuro, la ley estableció ya la descentralización de la sanidad hacia las autonomías (que no se culminaría hasta diciembre de 2001), creó la red de atención primaria y esbozó la idea de libre elección y autonomía del paciente, entre otras muchas cuestiones.

El secretario general de Sanidad, consejeros autonómicos y representantes del sector echan ahora la vista atrás en DM para repasar algunos de los logros que representó la ley hace 30 años y, sobre todo, para identificar los nuevos retos a los que se enfrenta el SNS y las reformas que son necesarias para que el espíritu de la ley pueda seguir vigente. Al margen de colores políticos, su diagnóstico es casi unánime: lo que queda por hacer es la mejora de la coordinación entre servicios de salud autonómicos que permita, junto a la financiación, una mayor equidad del sistema.

Los consejeros critican la refoma de 2012 que eliminó la universalidad del sistema creada por la ley, y reivindican mayor coordinación para evitar inequidades entre autonomías

El secretario general de Sanidad del Ministerio, Javier Castrodeza, explica al respecto que la ley fue "el eje vertebrador del modelo asistencial solidario, equitativo, cohesionado y de calidad del que ahora disfrutamos". Con todo reconoce que convendría "adaptar la legislación a las necesidades dinámicas con la creación de una nueva ley de bases o de un código sanitario que armonice y aúne lo establecido en la propia Ley 14/1986, la Ley de Cohesión de 2003 y la Ley de Salud Pública".

El nacimiento del SNS
Desde las autonomías, el consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, destaca también que la ley "fue un enorme avance y sus consecuencias positivas son incalculables. Tenemos una gran deuda con quienes impulsaron esta norma, especialmente con el malogrado ministro Ernest Lluch". Pero apunta que "lógicamente la ley debe estar viva. Creo que en la asistencia a los ciudadanos no debe haber fronteras autonómicas. Y una reforma de la Ley General de Sanidad en este sentido considero que sería un paso muy positivo, sobre todo si conseguimos una cultura definitiva para un verdadero Pacto de Estado por la Sanidad".

En muy positivo valora también la Consejería de Sanidad de Cantabria, dirigida por María Luisa del Real, la ley, que califica de "uno de los logros más importantes de la reciente historia democrática". Destaca que con ella "se pusieron las bases políticas y legales para construir un sistema de salud de cobertura universal, de gestión pública, de calidad y gratuito".

En línea parecida, el consejero de Sanidad de Asturias, Francisco del Busto, califica la ley de "una auténtica revolución" en el concepto de la protección integral de la salud y destaca que una de las bases de esta ley fue el establecimiento de políticas para superar desequilibrios territoriales y sociales, lo que la convirtió en "un instrumento de justicia social". Según Del Busto, "la ley cimentó la estructura para construir un sistema de salud de cobertura universal, público, de calidad y de acceso gratuito y coordinado"; pese a que, posteriormente, "el Gobierno de Mariano Rajoy puso fin a la sanidad universal".

Universalidad
Con esta misma crítica sobre el RDL 16/2012 en la mesa, el consejero de Andalucía, Aquilino Alonso, afirma que "la ley ha supuesto un hito. Representó un cambio en el sistema de financiación, pasando del modelo basado en el aseguramiento al modelo de financiación a través de impuestos. Fue una ley muy avanzada para su época". En su opinión, "una muestra de la fortaleza de esta ley es que ha sido útil para el desarrollo del SNS durante 30 años"; si bien, "es necesario avanzar en aspectos como la calidad asistencial y en una organización más acorde a los avances que se han ido produciendo en el sistema sanitario, tanto en el ámbito de la formación como de la innovación tecnológica".

El consejero de Navarra, Fernando Domínguez, coincide con ellos en la idea de que el "mayor hito fue la superación del régimen de Seguridad Social, la creación del SNS y el reconocimiento universal del derecho a la atención, logro que se frustró parcialmente con la publicación de la Ley de Cohesión y Calidad y de manera muy grave, con el RDL 16/2012".

Domínguez añade que la ley también "logró normalizar la salud mental, el reconocimiento de la prevención individual y colectiva como responsabilidad pública, la creación de áreas de salud y la definición de la estructura y funcionamiento básico de AP".

Sin embargo, Domínguez cree que "a día de hoy se hace necesario volver a recuperar la garantía de universalidad y la equidad y blindar el sistema sanitario público, asegurando que cuente con la financiación suficiente; impulsar y modernizar la salud pública y empoderar y orientar los servicios al usuario. Además, es esencial profesionalizar y modernizar la gestión. Hay que clarificar mejor el marco regulatorio, los beneficios y límites de la colaboración público privada, adecuar el sistema para afrontar retos que se derivan de las nuevas tecnologías sanitarias, terapias avanzadas y regular el ámbito sociosanitario y la e-salud".

Escollos y financiación
Desde Baleares, la consejera Patricia Gómez, relata que "se trató de una ley social y democrática que no gustó a la derecha, ya que alejaba la posibilidad de un sistema de salud privado, que es el que ellos defendían. Rechazada por colectivos profesionales concretos y denostada por los partidos políticos conservadores, la reforma sanitaria se abrió paso con ventajas incuestionables. En 1993 el PP aceptó el SNS y desaparecieron las discusiones sobre el modelo sanitario".

Según Gómez, "el objetivo de la ley fue sustituir la caridad por los derechos sociales,vinculando la protección sanitaria a la condición de ciudadano. De un sisma de Seguridad Social, dirigido a garantizar la salud de los trabajadores y sus familias, se pasó a garantizar la asistencia a todos los ciudadanos sin excepción. Fue además pionera en aspectos éticos: en ella se recogen por primera vez cuestiones tan importantes como el derecho del paciente a decidir".

Sin embargo, reconoce que "el problema más importante que tuvo fue el de la financiación. En la actualidad el problema sigue siendo el mismo, ya que la financiación [desde el Gobierno central] es insuficiente. El reto sigue siendo, también, la escasez de infraestructuras en asistencia primaria, lo que repercute en la masificación de las urgencias, la escasez de servicios sociosanitarios y la atención al crónico y al discapacitado", concluye.

Descentralización
El consejero de Aragón, Sebastián Celaya, manda sobre la ley un mensaje conciso y claro: "Su mejor aportación fue el reconocimiento del derecho universal a la sanidad y en lo que hay que trabajar ahora es en conseguir de verdad un sistema nacional de salud y no 17 sistemas diferentes".

Igual de rotundo, el consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, explica que "la mejor aportación de la ley fue generar la universalización de la sanidad y desligar la asistencia del aseguramiento. Ahora habría que renovar los decretos de hospitales y de atención primaria".

En la universalización se centra también la consejera valenciana, Carmen Montón, para quien la ley "supuso el impulso de la atención primaria, de las actividades de prevención, la descentralización y, lo más relevante, sentó las bases de la universalización de la atención sanitaria pública de calidad".

Con todo, Montón recomienda ahora, "reforzar las competencias del Consejo Interterritorial para que realmente sea un espacio de coordinación y participación de los sistemas sanitarios autonómicos en la toma de decisiones. También habría que asegurar la suficiencia financiera".

Desde Extremadura, el consejero José María Vergeles detalla que la universalidad de la asistencia sanitaria "supuso, sin lugar a dudas, mayores niveles de igualdad y justicia social y fue posible gracias a la fuente de financiación basada en impuestos frente a seguros sociales. Esta ley, desgraciadamente, hoy está parcialmente derogada por el RDL 16/2012".Vergeles insiste, con todo, en que "de la Ley General de Sanidad no hay que cambiar nada: los complementos normativos los establecieron ya leyes tan importantes como la de Cohesión, la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la de Autonomía del Paciente y la de Salud Pública. Con esto hubiéramos tenido un cuerpo normativo muy importante para el SNS. Lamentablemente, no hemos sido capaces de desarrollar plenamente la ley. Y desde 2012 es necesario derogar el RDL 16/2012, que tanto daño ha ocasionado", concluye.

Retos de futuro
La consejera riojana, María Martín, reivindica con todo que "la ley, que fue el punto de inflexión para cimentar en España el actual sistema de salud, no apareció de la nada: es heredera de una evolución. Viéndola con perspectiva, lo que más se agradece es el clima de acuerdo que, pese a las diferencias, precedió a su aprobación".

En su opinión, "si hace 30 años la ley ya nos hablaba de libertad de elección de médico, autonomía de gestión, derechos y deberes o control de calidad, ahora tenemos que introducir cambios para incluir cuestiones como cronicidad, promoción o corresponsabilidad y, por encima de todo, coordinación".

Al carácter pionero de la ley se aferra también el consejero vasco, Jon Darpón, que afirma que "fue una ley moderna que permitió transformar un sistema de Seguridad Social en un sistema de salud descentralizado y abriendo una vía de consideración de la salud como un derecho. Tras 30 años -continúa Darpón- hay que revisar determinados aspectos de salud pública y de armonización de los diferentes servicios de las autonomías, respetando sus competencias en la gestión".

El consejero gallego, Jesús Vázquez Almuiña, recuerda que la ley "poco a poco integró las diferentes redes asistenciales y descentralizó el sistema". Como principal reto de futuro, cita la necesidad de "mantener esa descentralización y, al mismo tiempo, la equidad en el acceso a las prestaciones". Para ello reivindica "el papel del Interterritorial en la armonización de las prestaciones básicas del SNS".

Además, en ese relanzamiento de la ley cree necesario que "las prestaciones vayan adaptándose en función de los avances. El sistema también precisa de la implicación de la ciudadanía, cuidar a los profesionales, reflexionar sobre qué servicio queremos, su coste y las medidas necesarias para avanzar en eficiencia, equidad y apuntalar su solvencia".

Desequilibrios
Finalmente, en Canarias, el consejero Jesús Morena, reivindica un relanzamiento de la ley para recuperar su espíritu de justicia social: "La ley puso las bases de un sistema de salud universal, público, de calidad, gratuito y coordinado, a la vez que establecía que la política de salud debería estar orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales, convirtiéndola, así, en una potente herramienta de justicia social. Es hora de sacarle lustre para su plena vigencia".