El sindicato médico acusa a las CCAA de planes enfocados al ahorro

Según CESM, los planes de recursos humanos se enfocarían, principalmente, hacia el ahorro.

Redacción. Madrid | dmredaccion@diariomedico.com | 03/05/2016 00:00

Los planes de las comunidades de Madrid, Castilla y León, Canarias, Galicia, Asturias y Cataluña están plenamente vigentes, sin perspectivas de cambio. En Madrid, la Consejería de Sanidad destaca su "dinamismo" para adaptarse a futuras necesidades y que ha permitido rejuvenecer la plantilla. La crisis habría impedido el desarrollo de la carrera profesional. Julián Ezquerra, secretario de Amyts, recuerda que todos los sindicatos recurrieron ante los tribunales el plan, sin éxito: "Se hizo en plena privatización y por ello se contemplan traslados forzosos, jubilaciones, etc. No es un verdadero plan y no se hace un análisis serio sobre las plantillas". En Castilla y León, Sanidad también defiende que el plan que regula la jubilación a los 65 años garantiza la atención sanitaria "buscando un equilibrio entre la generación de empleo y la renovación de las plantillas". En cambio, Mauro Rodríguez, secretario CESM en la autonomía, opina que "para los profesionales ha supuesto una falta de posibilidades de promoción profesional y una disminución de retribuciones".

En Canarias, el secretario general de CESM, Levy Cabrera, recuerda que el plan sólo regula el retiro forzoso y las causas de prolongación de servicio, "que nunca se han concedido. Cuando se aprobó en 2013, se jubiló a 200 médicos de golpe". En Asturias, el Simpa critica que no haya "un verdadero plan de recursos humanos"; es "una foto-fija, sin previsiones", diseña la provisión de jefaturas por libre designación y la jubilación forzosa habría generado falta de especialistas. En Galicia, CESM critica que "el documento está diseñado para dar cobertura a temas polémicos", como la jubilación forzosa -que va a ser reconsiderada por Sanidad- o las unidades de gestión clínica. Médicos de Cataluña, en cambio, valora positivamente el plan del ICS, aprobado en marzo, al incluir medidas como la evaluación de directivos, aunque la central teme que a corto plazo haya déficit de profesionales.